El Tribunal de la ciudad francesa de Pau ha condenado, en segunda instancia, a Christopher Lepètre, presidente del grupo antitaurino “Animalvie”, por injurias a la alcaldesa de Mont de Marsan, que a su vez es la presidenta de la UCTF, la Unión de Ciudades Taurinas de Francia.
Esta sentencia condenatoria se fundamenta en los delitos tipificados en el Código Penal francés en materia de trato vejatorio a las personas, insultos, amenazas y otras actividades contrarias a un espectáculo público como es la Fiesta, que como tal espectáculo público está perfectamente legalizado, tiene todos los pronunciamientos favorables para su celebración y al que hay plena libertad para ir o no tras abonar la preceptiva entrada.
En concreto, el animalista Christopher Lapèptre llamó “asesinos, maltratadores y sádicos” tanto a la alcaldesa de Mont de Marsan como a las personas que acudían a un festejo. En el Código Penal francés se tipifican “las injurias públicas” y en virtud de esta normativa, ningún ciudadano tiene por qué aguantar insultos o injurias por acudir a un espectáculo público y legal.
Esta sentencia tiene una particular actualidad e interés en España, ahora que se ha abierto una vía parecida por el diestro José Antonio Morante, a través del bufete de abogados Moeckel, contra el antitaurino Peter Janssen, que ha adquirido notoriedad por las números veces que en señal de protesta ha interrumpido el normal desarrollo de un festejo taurino, lanzándose al ruedo. En una de esas ocasiones, injurió gravemente, además de cometer un intento de agresión, contra Morante. Ambos han sido citados a declarar el próximo 13 de octubre en en el Juzgado correspondiente Don Benito (Badajoz), tras la demanda presentada por el torero por insultos e injurias, y por lo que se le piden una indemnización de 100.000 euros.
Según leemos em ABC, para Joaquín Moeckel, la sentencia de un tribunal europeo constituye “un precedente muy importante. Nosotros estamos llevando acciones legales de una sola persona, pero a partir de ahora se pueden interponer demandas a nivel colectivo. La primera manifestación anti que haya en la que los individuos insulten e injurien, puede ser objeto de una querella criminal”.
A este respecto, ha recordado que el artículo 510 del nuevo Código Penal español, establece penas de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses por “delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución”.
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