Fernando Benzo: «El espíritu y el objetivo de la ILP no se ha visto alterado en absoluto»

Madrileño de nacimiento, padre de familia numerosa, licenciado en Derecho como título académico, miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y con una amplia experiencia en la gestión de los asuntos públicos. Se trata de Fernando Benzo Sainz, subsecretario de Educación, Cultura y Deportes desde diciembre de 2011. Hay que reconocer que al mundo taurino llegó como por sorpresa, cuando una mañana se levantó y en el BOE estaba la orden ministerial ECD/841/2012, por la que pasaba a ser responsable de las competencias taurinas, que hasta entonces se ubicaban en la Secretaría de Estado de Cultura.
 

Y llegó sin formar ruido. No puede decirse, con la frase popular, que lo hiciera “como quien oye llover”; pero desde luego sí lo hizo sin hacer ruido. Luego poco a poco, con paciencia y dispuesto a escuchar a todo el mundo, se fue haciendo con las riendas del asunto, hasta convertirse en un interlocutor aceptado por todas las partes. Basta hablar con él para advertir que se ha enterado de la copla más de lo que alguno se cree, porque en la cabeza tiene un retrato atinado de ese variopinto quién es quién de este planeta.
 

Así, en un escaso año se ha convertido en uno de los impulsores de la nueva Ley sobre la Tauromaquia que ya ha visto la luz. Como se espera de un buen Subsecretario, lo suyo ha sido más que nada el silencio de la cocina en la que se prepara todo, aunque luego no sea tan partidario de convertirse en el protagonista. Hay que reconocer que ha cocinado con buen tino el texto de la nueva ley, haciendo todos los encajes de bolillos necesarios, los mismos que ahora deberá realizar para terminar de dar forma a un Plan Nacional de Tauromaquia, que nace con vocación de ser compartido, en su gestación y en su puesta en práctica.
 

Y todo ello con un detalle nada marginal: no ha necesitado pasearse de burladero en burladero por las plazas de toros. Lo suyo vive entre las cuatro paredes de un despacho, luminoso pero nada ostentoso, por el que ha pasado medio mundo del toreo. Y en ese marco vino al mundo esta entrevista.
 

–Yo creo que ha sido un hito en un doble sentido. En primer lugar, porque es la primera vez en la historia de la democracia que prospera una iniciativa legislativa popular en el ámbito cultural. Y, en segundo lugar, porque se ha conseguido un respaldo parlamentario a la Tauromaquia sin precedentes. Por todo ello, hay que felicitar muy sinceramente a los promotores de la iniciativa y a todos cuantos la han hecho posible con su apoyo.
 

–No ha habido tales cambios sustanciales. Fundamentalmente, se ha tratado más de llevar a cabo una serie de ajustes jurídicos que garantizasen la constitucionalidad de la norma y su encaje en el reparto constitucional de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Pero también ha habido algunos cambios de fondo que han querido, precisamente, potenciar su contenido, como concretar la obligación para el Gobierno de elaborar un Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia o reforzar la naturaleza de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, otorgándole un mayor contenido decisorio y ejecutivo. En todo caso, el espíritu y el objetivo de la iniciativa no se ha visto alterado en absoluto sino todo lo contrario.

–En este momento, la prioridad inmediata es cerrar los trabajos del Plan Nacional, que queremos presentar antes de final de año. Dentro del mismo, se contemplarán medidas de carácter normativo, que desarrollaremos en la medida en que las competencias autonómicas y estatales nos lo permitan.
 

–Eso sería, precisamente, lo deseable. No se trata de que haya legislación estatal y autonómica que vayan cada una en direcciones diferentes sino de avanzar en una misma dirección. Hay muchas cuestiones que, en beneficio de los profesionales y del sector en su conjunto, deberíamos tratar de armonizar. Todo lo que sea cooperación entre Estado y Comunidades Autónomas y simplificación normativa redundará siempre en beneficio del sector. Y creo que, para ello, existe una magnífica predisposición por parte tanto de la Administración General del Estado como de muchas Comunidades Autónomas con las que estamos trabajando mano a mano en el proceso de elaboración del Plan.
 

–Si entendemos que la Tauromaquia es Cultura y que el Estado tiene la competencia concurrente con las Comunidades Autónomas para adoptar medidas en defensa del derecho de acceso de los ciudadanos a la cultura y en materia de promoción y protección de la misma, hay un campo competencial perfectamente reconocible al Estado en la protección de ese patrimonio cultural común a todos los españoles, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.

En todo caso, para entender los diferentes niveles competenciales, es necesario distinguir tres grandes tipos de materias: en primer lugar, aquellas sobre las que en la futura normativa taurina estatal podrían y deberían regularse en principio como normativa básica del Estado (incluyendo las medidas de fomento y protección del núcleo esencial de lo que se puede denominar como “lex artis” o reglas tradicionales de cómo se desarrolla la corrida, que es lo que hace que sea identificable como el patrimonio cultural y la tradición que es, y no otra cosa); en segundo lugar, las materias que son de mera regulación de aquella parte de la tauromaquia que constituye el espectáculo en sí (pero no el núcleo esencial del que acabo de hablar), es decir, las normas comunes sobre espectáculos públicos (aplicables por igual a la organización de una corrida de toros, de un concierto o de un evento deportivo) cuyas competencias y regulación, salvo en el caso de Ceuta y Melilla, corresponden a las Comunidades Autónomas y no al Estado, y en tercer y último lugar, el resto de preceptos distintos a los anteriores, que en este caso son de aplicación directa en Ceuta y Melilla y también en aquellas comunidades autónomas que no hayan entrado en su regulación y se remitan a la normativa estatal.  

Por tanto, entiendo que desde un punto de vista jurídico hay claridad de ideas, voluntad de respeto al ámbito competencial de las distintas Administraciones y una disposición clara a cooperar.
 

–La Comisión Consultiva ha estado demasiados años sin reunirse. Y ello, al margen del desinterés de algunos políticos por reunirla, se debe también a dos razones fundamentales: su compleja composición, con un número excesivo de miembros, y ese carácter meramente consultivo que le resta efectividad como instrumento de impulso y diseño de políticas taurinas. Nosotros queremos simplificar su composición y otorgarle mayores funciones decisorias y ejecutivas. Queremos que sea el instrumento esencial donde los representantes del sector y las Administraciones tomemos conjuntamente decisiones sobre cómo y hacia dónde queremos que vaya la Tauromaquia. Ya hemos creado una Comisión Ejecutiva de la Comisión Consultiva que nos permite ser más ágiles en la toma de algunas decisiones. Pero eso no es más que un paso previo a la reforma de la propia Comisión, que estará concluída el próximo año.
 

–Estamos estudiando opciones en el marco de los grupos de trabajo que están elaborando el Plan Nacional. Aún es pronto para presentarlas. Pero, en todo caso, como digo, el objetivo es involucrar más y dar más protagonismo y capacidad de decisión a los representantes del sector. Si queremos que todo lo que estamos poniendo en marcha se transforme en realidades positivas, va a ser necesario el compromiso y la involucración de todos. Lo que no cabe es pensar que la Administración, ya sea estatal o autonómica, puede por sí sola solucionar todas las cuestiones que rodean al mundo del toro. Para ello, es necesario también que se involucren todos aquellos que forman parte de él.
 

–La Comisión seguirá estando presidida por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte. Y el Subsecretario es quien preside la Comisión Ejecutiva.
 

–Como digo, en Diciembre presentaremos el Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia a la Comisión Nacional. Es un paso, a nuestro juicio, trascendental. Nunca antes ha existido una iniciativa semejante por parte de la Administración. Y, a partir de ahí, iniciaremos el impulso de todas las medidas contenidas en el mismo.
 

–Hemos trabajado en cinco líneas fundamentales: modificaciones normativas, regulación de Escuelas Taurinas, comunicación, economía de la Tauromaquia y recomendaciones de mejora de pliegos contractuales para la gestión de plazas públicas. De cada uno de estos pilares han surgido una serie de medidas concretas. En algunos casos, son medidas que deberá llevar a cabo la Administración. En otros, será del propio sector de quien dependerá que se conviertan o no en una realidad. Básicamente, el objetivo que inspira todo es modernizar y actualizar la legislación y ofrecer instrumentos que garanticen el futuro de la Tauromaquia. Nos gustaría que el Plan fuese el principio del futuro de la Tauromaquia.
 

–Mire, el Plan se ha hecho, como digo, estructurando los trabajos en cinco grupos. Y en ellos ha estado presente todo el sector: matadores, subalternos, ganaderos, empresarios, periodistas, presidentes de Plazas… en fin, todos y cada uno de los actores del sector. Ése es su mayor valor: que es un trabajo de todos, no un Plan diseñado sólo por las Administraciones. Y lo mismo hará falta para transformar en realidad las medidas que en él propongamos. Si no se involucra por igual lo público y lo privado, no lograremos los frutos esperados. Hay que superar la inercia de creer que uno sólo tiene que sentarse y esperar que los responsables políticos arreglen las cosas. Lo que se necesita es una suma de esfuerzos y una involucración por igual de lo público y lo privado.
 

–Como ya digo, el Plan incluye medidas normativas, económicas, de comunicación… Pero prefiero no anticipar sus conclusiones por respeto a la Comisión Consultiva, que es donde nos corresponde presentarlo en primer lugar.
 

–El Plan, como tal, no es una norma y, por tanto, no requiere un instrumento normativo. En principio, quedaría asumido por la Administración una vez se presente en la Comisión Nacional. Pero estamos valorando la posibilidad de convertirlo en un Acuerdo del Consejo de Ministros, para reforzar formalmente nuestro compromiso.
 

–El espíritu de colaboración de buena parte de las Comunidades Autónomas es total. En la Comisión Ejecutiva están presentes Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valencia y Madrid, además de la Federación Española de Municipios y Provincias. Todos ellos son tan protagonistas de lo que estamos haciendo como la Administración del Estado. Aquí no queremos protagonistas de primera y de segunda. Al revés. Lo que queremos es sumar esfuerzos.
 

–Le digo lo mismo. Todo el sector forma parte de nuestros trabajos. Hay ganas de hacer cosas y eso es lo más importante. Pero el trabajo y el compromiso de todos no termina sino que empieza con la presentación del Plan.
 

–La Comisión Angulo hizo un trabajo excelente. Por supuesto, hemos tomado en consideración sus trabajos. Quizás, la única diferencia sea que, una vez traducidas algunas reflexiones en medidas, a nosotros nos toca ser más pragmáticos y posibilistas. Queremos fijarnos objetivos que tengamos la posibilidad de cumplir. Eso no significa no ser ambiciosos sino combinar ambición y realismo.
 

–Las diferentes medidas del Plan tienen diferentes plazos de ejecución. Cada medida incluida en el Plan tendrá fijado un plazo y el principal responsable de su ejecución, ya sea una Administración pública o responsables privados. Todo ello estará expresamente fijado.