Las ferias venideras, con la excepción de Bilbao, bajan en número de espectáculos y en el nivel de sus carteles. Véanse, a titulo de ejemplo, los carteles que se anuncian para Almería o Valladolid, o para el mes de agosto en Las Ventas madrileña. Hemos entrado a tumba abierta en la era de la restricción de costos y la disminución de riesgos. Podría decirse que los organizadores taurinos han optado por la prudencia frente a los golpes que atiza la crisis económica.
Si sólo fuera eso, estaríamos ante un movimiento lleno de lógica: frente a la caída de los ingresos, hay que adecuar la partida de los gastos. Es lo que hace todo empresario que no quiere ir directamente a la quiebra. Aunque no siempre ocurre así: hay quienes prefieren apostar, basados en la calidad de su producto, por aplicarse sobre todo a su política comercial, preparando ofertas tentadoras para los posibles clientes, que les aporten ingresos mayores.
La realidad demuestra que éste último no es precisamente el caso de los empresarios taurinos, ni se sabe muy bien si será porque no confían en el producto que ofertan, o porque han auscultado que el mercado no da para más, se haga lo que se haga.
Hasta este punto todo está dentro de la pura lógica de las actividades mercantiles. La duda que asalta, no por simple ocurrencia, si es tan sólo esta estrategia lo que anda detrás del retroceso en número y en calidad.
Y es que en el horizonte se atisba una movida de mucho mayor calado. Como en otras ocasiones, ha roto filas Simón Casas, anunciando con antelación que no se acogerá a la cláusula de renovación del contrato que le liga con la plaza de Valencia. Como el productor francés no se anda por las ramas ha reconocido directamente que con el actual pliego de condiciones necesariamente hay que renunciar, para que así la Diputación valenciana modifique las condiciones del arrendamiento.
En su día, los Chopera renunciaron a Málaga, una vez que su solicitud de cambiar las condiciones del pliego era jurídicamente imposible de aceptar: las condiciones de un concurso público no pueden modificarse a mitad de camino; en todo caso, hay que volver a convocar uno nuevo. Por eso, aunque la entidad propietaria de la Malagueta vino a reconocer prácticamente todos los cambios que los hermanos Chopera habían sugerido, no tuvo otro remedio que convocar un nuevo concurso, que es el que se adjudicaron el binomio Casas-Cutiño.
En los corrillos aún siguen vivas las palabras de José Antonio Martínez Uranga en aquella desgarrada declaración de que a la Fiesta le queda muy poco tiempo y que su hijo será la última generación que pueda vivir del toro, unas palabras que no las mejora en rotundidad y pesimismo ni el experto que ERC maneja para hacerle las cuentas taurinas. Por lo pronto, Taurodelta se ha apuntado a una bajada de los índices de calidad que ya resulta alarmante, como para decir que el vigente pliego –que ya rebajó el canon del orden de tres millones de euros– lo que da es para eso, no para otra cosa con mayores vuelos.
A todos estos movimientos mayores se unen otros menos llamativos, pero igualmente significativos, como es el caso de las dificultades con las que tropiezan algunas plazas de orden menor para encontrar quien se haga cargo de ellas.
Organizadamente o por pura coincidencia, que a estos efectos resulta indiferente, lo que subyace bajo todo este clima de opinión no es otra cosa que un movimiento para cambiar las reglas del juego de las adjudicaciones de las plazas de titularidad pública. No puede decirse que siempre y en todos los casos estén carentes de razones, incluso de razones bien fundadas. Lo que ocurre es que no puede menos que llamar la atención que ya en plena temporada se comiencen a mover piezas de cara a 2014.
Resulta obvio que están en su derecho de tratar de mejorar a su favor las condiciones de los arrendamientos. Eso no se les puede discutir. Sin embargo, si cabe platearles al menos dos observaciones, para que el puzle esté un poco más completo de cómo ellos lo pintan.
La primera y principal radica en que hay que reconocer que la dinámica de los arrendamientos alocados no la trajeron las Administraciones Públicas: fue responsabilidad única y exclusivamente de la clase empresarial, que con tal de hacerse con una plaza o de quitársela a un competidor, fuero mucho más allá de lo que los propios pliegos concursales pedían y las circunstancias taurinas aconsejaban. Se caía así en una contradicción insostenible: los mismos que se lamentaban de las exigencias de los pliegos, luego corrían a presentar ofertas que los superaban con creces.
La segunda y no menos importante: a la hora de deshacer los entuertos anteriores, resulta que las Administraciones Públicas tienen que seguir una normas legales estrictas, no pueden ir improvisando cada mañana. De forma que los tiempos que necesitan para realizar cambios son siempre superiores a los tiempos que quisieran los beneficiarios de sus decisiones. Esta falta de coincidencia en los tiempos, en los toros como en toda actividad que requiere de normativas y concesiones públicas, dificulta necesariamente las soluciones exprés.
En base a estas observaciones, una de las cosas que habrá que dilucidar es cómo y de que forma se modifica el régimen de los arrendamientos. Da toda la impresión que la Administración Pública es consciente de ello, aunque sus movimientos sean demasiado lentos. Pero también parece razonable que al empresariado se le exijan también algunos cambios, unos cambios que tienen que ir mucho más allá que meros parches anticrisis económica.
Y así, por ejemplo, habría que plantearse si no ha llegado el momento en el que a un empresario que renuncie a una plaza que se le ha adjudicado alegando la imposibilidad de cumplir el pliego que firmó, no se le permita volver a pujar por esa misma plaza al menos por un determinado número de años. Sería una fórmula entre otras posibles para acabar con las ofertas incumplibles que, sin llegar a poder ser definidas técnicamente como “temerarias”, no respondan a la realidad y a las características de cada plaza y de cada empresa.
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