No resulta precisamente ninguna novedad que en cuanto guarda relación con la Tauromaquia vivimos unos tiempos nuevos. Las circunstancias del país y del propio mundo del toro, han cambiado de una forma apreciable. Sin embargo, resulta poco efectivo debatir si son tiempos mejores o peores que los pasados. Son los que nos tocan y a ellos hay que adaptarse, fuera de añoranzas inútiles. Por eso, constituye una obviedad afirmar que a tiempos nuevos le corresponden estrategias y decisiones nuevas. Lo contrario no pasaría de ser un inútil anacronismo.
Ha cambiado por completo el entorno político, ha cambiado el escenario de la Fiesta con los grandes movimientos empresariales, nos ha cambiado, en fin, las raíces mismas del toreo como actividad social y económica. De poco vale remontarnos con añoranza a la revolución de gallistas y belmontistas, o a la que trajeron Manolete o “El Cordobés”. Un siglo después parece evidente que todos los cambios que han producido en nuestra sociedad nos obliga a mirar hacia el futuro de una forma diferente.
Entre la crisis económica, que para muchas familias aun colea, y los precios a los que se han puesto las entradas, todo ello adobado en un clima socialmente enrarecido por algunos ante la pasividad de una mayoría, las cosas no pueden permanecer iguales por mucho tiempo, a poca responsabilidad que tengan los taurinos y las propias instituciones.
Llevamos ya tres meses largos con un nuevo Gobierno y aún no sabemos siquiera cómo piensan taurinamente los nuevos responsables en la materia. Ni en las redes sociales se localiza un pequeño rastro que sirva de orientación. Un confuso mensaje en Twitter de un ministro, o la decisión de mantener el Congreso Internacional de Murcia –organizado por el Gobierno anterior–, no constituyen medida suficiente para conocer con que brújula se mueven. Desde luego, entusiasmo no se les ve por ninguna parte.
Sin embargo, los que han llegado al Ejecutivo no pueden olvidar que cuentan con instrumentos importantes, sobre la base de la vigente Ley taurina 18/2013, con la que la Tauromaquia entró por la puerta grande entre las disciplinas de la Cultura y del patrimonio de España. Si se tiene voluntad política de hacerlo, este basamento institucional, del que en ocasiones parece que no hemos tomado cuenta suficientemente, abre puertas hasta ahora inéditas, siquiera sea porque nunca hasta ahora el poder civil se había comprometido a tanto en la defensa de la Fiesta.
Tiene toda lógica que con la inestabilidad política de los dos últimos años, no se hayan adoptado grandes decisiones. De hecho, tan sólo se recuerda una: el importante y documentado informe sobre la Tauromaquia y los menores, que el entonces Secretario de Estado de Cultura presentó el pasado mes de abril en la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos. ¿No ha llegado el momento de dar nuevos pasos y adoptar nuevas decisiones?
En este contexto, los nuevos responsables institucionales de los asuntos taurinos aún no se han pronunciado con hechos, ni para mal, ni para bien. Sin embargo, hay un amplísimo capítulo de decisiones pendientes de materializarse. Se trata de ese amplio número de proyectos en curso, sobre los que se estuvo trabajando en el pasado: el estudio acerca de las directrices para la adjudicación de las plazas, el futuro de las Escuelas Taurinas dentro del campo de la Formación Profesional, las líneas maestras para una reforma del vigente Reglamento, el desarrollo del PENTAURO, que sigue siendo la mejor herramienta con la que ahora se cuenta para que el Estado cumpla la obligación adquirida por ley de trabajar por la preservación y la defensa de la Tauromaquia. Trabajos pendiente pra inmcluir en la agenda los hay en abundancia, sin necesidad de ninguna ocurrencia: la hoja de ruta esta escrita, pero sigue pendiente.
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