Como antiguamente pasaba a los estudiantes en sus Colegios. El Constitucional ha dejado para septiembre la sentencia sobre el recurso de inconstitucional contra la ley prohibicionista de Cataluña. Al menos, ya lo van a hacer. Pero suena fatal que los magistrados se hayan sentido en la necesidad de puntualizar que su decisión se tomó “días antes de la muerte del torero Víctor Barrio”. Parece como si estuvieran provocando que se les aplicara la literalidad del adagio latino: Excusatio non petita, accusatio manifesta.
El dictamen sobre el recurso, elaborado por la magistrada Encarnación Roca, lleva muchísimo tiempo guardado en un cajón; tanto que ya estaba elaborado al menos en su primera versión en la época que el Constitucional estaba presidido por Pascual Sala, que ocupó el cargo entre 2011 y 2013; en uno de los últimos plenarios que presidió el dictamen sobre este recurso estuvo a punto de figurar en el orden del día y la final se dejó para mejor ocasión. Como se sabe, el recurso fue admitido a trámite en el año 2010.
Pero eso de preanunciar –como ahora se sienten en la obligación de hacer– cuando lo van a tratar en el plenario, es algo completamente inusual en la trayectoria del TC. Muy urgidos se han debido sentir con la actual marea social como para cambiar de criterio. Pero coincide, además, con la campaña de reclamaciones –muy impecablemente redactadas, por cierto– promovida desde la Fundación del Toro y que viene teniendo mucho éxito.
Como oportunamente advierten Nati Villanueva y Rosario Pérez, a quienes pertenece la exclusiva informativa publicada en las páginas de ABC, el dictamen se pone sobre la mesa cuando en buena medida ya ha pasado el bloque fundamental de recursos en materia tan sensible como los planteados por las decisiones del independentismo catalán. Una vez declaradas inconstitucionales una tras otras sus propuestas, puede resultar más cómodo abordar un tema tan puntual como la prohibición taurina, cuando de manera directa –la indirecta es otra cosa– no afecta al proyecto de secesión, sino que nace formalmente de una legislación sobre protección de los animales.
Sin embargo, en la sentencia que ahora se dicte, el Constitucional deberá ser conscientes de los daños colaterales que ha provocado su inexplicable retraso. De hecho, la ausencia de su pronunciamiento ha generado una especie de “barra libre” para que un conjunto de instituciones públicas, sin competencia alguna que las habilite para ello, vienen manteniendo un verdadero acoso contra la Tauromaquia.
En el fondo, se ha producido una situación de clara indefensión, con consecuencias incluso en el orden económico; por ejemplo, nada pequeño es el daño causado a empresarios y profesionales que no han podido ejercer su legítima actividad, como de alguna modo se debe un resarcimiento por la creación de ambiente hostil para quienes participan o presencian un espectáculo plenamente protegido por la ley. Y todo eso son bienes ptrotegibles por la ley y por los Tribunales.
Cuando se ha estado esperando seis años pasados –en el campo bravo, ese toro estaría ya fuera de su tiempo, no se podría lidiar–, es de esperar que ahora los garantes de la Constitución dicten su resolución sin complejos de ninguna clase, velando exclusivamente por la defensa de la legalidad.
►►La exclusiva publicada por el diario ABC en su edición de este 16 de julio puede consultarse en la edición impresa del periódico y en la dirección electrónica:
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