El Plan Nacional de la Tauromaquia, la mejor oportunidad que ha tenido la Fiesta en muchas décadas

por | 15 Jun 2013 | Informes

 

 

 

Acostumbrados como estamos a que el actual Gobierno tenga la mala costumbre de anunciar reiteradas veces sus futuras acciones, que luego tardan un mundo en llegar, también en lo referido a la Tauromaquia conviene tomarse las cosas con una cierta calma.

Quizás a eso pueda deberse el escepticismo que se palpa en algunos sectores taurinos con respecto a las futuras medidas, que no son precisamente marginales, prometidas por la autoridad competente, el ministro Wert, que estará controvertido en otras materias, pero que en lo que se refiere a la Fiesta ha querido dar un paso al frente. Y así, como el que no quiere la cosa, tiene dos compromisos firmes: que en octubre tenga ya carácter de ley la Iniciativa Legislativa Popular, que lleva meses y meses en el limbo del invernadero, y que antes del 31 de diciembre esté aprobado el Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia. Menos formal en cuanto a fechas, no hay que olvidar tampoco el compromiso de elaborar una especie de nueva Ley General sobre la Tauromaquia.

El papel de la Consultiva

Para comenzar ese carrera de promesas, al margen de lo que corresponde propiamente a la tarea legislativa, lo que se entiende como trabajo gubernamental se fundamenta en gran medida en la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, reformada en este mes de junio, aunque quizás no en toda la dimensión necesaria.  De hecho, persisten en la tesis que, siendo básicamente un órgano consultivo de la Administración, entre sus componentes sea muy superior el número de miembros del sector público que el privado; en el fondo, puede decirse que los teóricamente aconsejados constituyen una importante mayoría absoluta frente a los llamados a aconsejar. Toda una paradoja.

Y si en su día se comprometieron a que la Comisión Ejecutiva creada en el seno de la Consultiva, para agilizar sus trabajos y aumentar su operatividad, iban a formarla un máximo de 10 miembros; en realidad han pasado a ser 13 más el Secretario, de los cuales 8 (9 si se cuenta al Secretario) representan al sector público.

Por otro lado, quizás con el pie forzado de la normativa anterior, se han ceñido en exceso a lo ya previsto, cuando la realidad taurina ha cambiado. Sin embargo han tenido olvidos poco comprensibles, como el relativo a la Asociación de Presidente de Plaza de Toros; pero también el de un segmento importante: la Asociación Taurina de Parlamentarios, una organización con probada capacidad de crear opinión. En cambio, se han hecho juegos malabares para que entre la representación de los aficionados tengan entrada otras organizaciones hasta ahora ausentes y que no son las más representativas, aunque por lo visto si tienen capacidad de influencia.

Ahora, una vez reformada la Consultiva, salvo que se haya hecho de forma privada, ni la Comisión Ejecutiva ha tomado posesión, ni en consecuencia ha comenzado a ejercer como tal, siendo como es la clave de su operatividad. De hecho, ni siquiera la representación de los sectores profesionales ha sido oficialmente elegida por las organizaciones correspondientes.

 [Entre paréntesis: administrativa y jurídicamente hablando, la reunión celebrada el pasado 10 de mayo en el ministerio de Educación no pasó de ser una reunión informal, dado que para ese fecha ni  la Ejecutiva había sido creado en el BOE, ni los asistentes eran representantes elegidos por quienes debían hacerlo, como normativamente resulta obligatorio].

Pues bien, con independencia de lo relativo a esta Ejecutiva, se han comenzado a convocar los previstos Grupos de trabajo, que deben aportar las ideas para el futuro Plan Nacional de la Tauromaquia. De entrada, hay que reconocer que quienes hayan elegido las áreas de trabajo lo han hecho con buen tino. Se trata de aportar ideas sobre cinco temas vertebrales: la reforma de la normativa taurina, el análisis económico de la fiesta,  el código de recomendaciones sobre la redacción de pliegos de contratación y la ejecución de los mismos, el estudio de una nueva regulación de las escuelas taurinas y comunicación en materia taurina.

Ahora toca dar el margen de tiempo necesario para comprobar cuál es la entidad de cada una de las recomendaciones que estos grupos proponen y la efectividad que las mismas tienen de cara al referido Plan nacional de Tauromaquia.

Los taurinos también son responsables

Sin embargo, si en todo este proceso se han dado lo que podría denominarse al  menos como importantes desajustes más que formales por parte de la Administración, no toda la responsabilidad debe recaer en ella. No se trata de que achacar esa responsabilidad sea  un juicio justo o injusto; es que ante todo no refleja la realidad.

De entrada porque desde antes de iniciarse la andadura oficial de todas estas tareas, ya se ha instalado en no pocos un clima de manifiesto desapego respecto al interés real que tienen estos trabajos, cuando ni siquiera conocen por donde se encaminan.

Al margen que la Administración se equivocara, que lo hizo, al decidir por sí y para sí, sin siquiera esperar a la Orden Ministerial del 4 de junio, a quienes convocaba en esa especie de informal Comisión Ejecutiva reunida el 10 de mayo –a la que para guardar las formas se le vino en denominar Comisión de seguimiento, que es la denominación concreta de la que se habló en el plenario de la Consultiva del pasado mes de febrero–, los sectores profesionales no estuvieron a la altura que era deseable.

Primero, porque con tal de sentarse a esa mesa no advirtieron que allí no representaban a nadie, porque no habían sido elegidos como es preceptivo y que por tanto aquello no pasaba de ser “una reunión de amigos” sin ningún otro valor. Segundo, porque incluso antes de que nadie se sentaran, comenzaron en distintos sectores las “guerras de guerrillas” de unos y otros por alcanzar esa representación, llevando estas disputas fuera de su ámbito natural, que si en algún sitio no está es en lo político. Algo de eso se vuelve a repetir ahora a la hora de constituir los Grupos de Trabajo, por lo que se va conociendo en las cocinas taurinas.

Dejando siempre al margen las formalidades del caso –aunque lo formal nunca es baladí en asuntos con trasfondo jurídico–, si ahora cuando se abre la etapa de trabajar y aportar propuestas se hace caso a algunos taurinos, el panorama resulta un tanto desalentador. Si todo lo que cuentan es cierto, que habrá que verlo, bien parece que lo único que les importa es “lo mío” y, en último caso, “frenar a lo del otro”, cuando en realidad de lo que se trata es de arreglar la casa común, no de otra cosa. Tiempo habrá para que cada sector ponga en orden sus asuntos, pero primero hay que remodelar el edificio. Lo contrario no deja de ser un sinsentido.

Y remodelar el edifico pasa, en primer término, por hacer operativa a la propia Consultiva, no convertirla en una jaula de grillos que al final sea una magnifica ocasión perdida. Pero, además, remodelar el edificio resulta ser condición necesaria para que la Administración acierte a la hora de elaborar el Plan Nacional de Promoción y Protección de la Tauromaquia, que debe ser mucho más que una mera declaración de buenas intenciones.

El Plan es necesario, aunque resulte difícil

Cierto que ese futuro Plan Nacional vendrá condicionado, sobre todo en su efectividad práctica en el plazo corto,  por dos elementos externos: la naturaleza y trascendencia que finalmente tenga la Ley nacida de la ILP y la sentencia que dicte en su día el Tribunal Constitucional sobre la ley prohibicionista de  Cataluña. Pero antes de que lleguen esos días, resulta indispensable que los deberes estén hechos. No sirven como excusa para retrasar los trabajos hasta el día después.

Aunque a algunos les puede haber parecido una equivocación, ha sido extremadamente realista y oportuno el Subsecretario de Educación al bajar el listón de la trascendencia práctica a futuro de la ILP. Pero es que, tenga más o menos trascendencia en el lamentable caso catalán –que eso depende exclusivamente de la Generalitat–, el contenido mejorado de la ILP es ya de por sí muy importante para todos. Con toros en Cataluña y sin ellos.

Otro tanto ocurre con la sentencia pendiente del Constitucional. Por ahora hay hipótesis contrapuestas: en algún periódico catalán se ha podido leer que su fallo iba a ser favorable al recurso; en otro de Madrid se ha marcado el sentido contrario. Pues bien, sea cual fuere el fallo, todo queda ceñido al caso catalán, no a la Fiesta en sí misma y a su proyección a futuro. Que pueda ser una adversidad no quiere decir que invalide todo el proceso en marcha. Por el contrario, lo debiera reforzar.

Por eso, aún poniéndonos en la hipótesis más pesimista de las posibles –esto es: que la ILP no sea Ley y que el Constitucional dé su aprobación a la ley catalana–, no por eso pierde sentido el Plan Nacional de la Tauromaquia. Por el contrario, gana enteros en importancia, en la medida que tiene  trabajar por el futuro en un contexto más adverso.

En consecuencia, no trabajar a favor de ese Plan, no hacerlo con la suficiente altura de miras de preocuparse por lo común y principal, en lugar de tratar de defender intereses parciales, constituiría hoy un error importante. Y sobre todo, invalidaría a quienes defienden a la Fiesta para solicitar en el futuro unas ayudas y apoyos, que cuando se brindaron fueron desaprovechados por razones siempre menores.

¿Qué acertar en la elaboración de dicho Plan no es empeño fácil? Eso se sabe antes de empezar: nada en la vida que tenga importancia se resuelve sin esfuerzo. Pero hay dos certezas que se imponen a la dificultad: que es completamente necesario y que es posible si todos los arropan. El resto, depende de la voluntad de trabajo que se ponga.

 

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Taurología

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Portal de actualidad, análisis y documentación sobre el Arte del Toreo. Premio de Comunicación 2011 por la Asociación Taurina Parlamentaria; el Primer Premio Blogosur 2014, al mejor portal sobre fiestas en Sevilla, y en 2016 con el VII Premio "Juan Ramón Ibarretxe. Bilbao y los Toros".

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