Mientras anda en unas conversaciones, por ahora sin resultados concretos, con el mundo de los toros, José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, ha hecho unas declaraciones a la Cadena SER, que constituyen un aviso para navegantes: “No se trata de ayudar o no ayudar: la tauromaquia desde el año 2010 forma parte del Ministerio de Cultura en el ámbito de las Bellas Artes; hay leyes que la reconocen como patrimonio inmaterial, como patrimonio cultural, y esa es una realidad que un ministro, yo o cualquier otro, no puede soslayar. Otra cosa es que haya cambios en la ley, pero mientras no los haya, la ley hay que aplicarla y cumplirla”.
Con reiteración, el ministro Rodríguez Uribe remarca en todas sus declaraciones que él ante todo es jurista; por eso su obligación radica en el respeto y cumplimiento de la ley. Pero precisamente por esa condición de jurista, que cuando está dando explicaciones sobre sus actuaciones en torno a la Tauromaquia saque a pasear ese “otra cosa es que haya cambios en la ley”, no cabe entenderlo como un casualidad. ¿O también esto será un “lapsus”, que es como califica el Gobierno cuando tiene que desmentir una metedura de pata?
Desde luego, su advertencia jurídica acerca de actuar por "imperativo legal", no aporta tranquilidad a la situación actual. Avisados estábamos, que lo del Vicepresidente Iglesias en el Senado fue muy claro. Pero que ahora el ministro del ramo salga con estos condicionales mucho bueno no augura. Como llama la atención que todo eso no lo haya explicado en sede parlamentaria –en la que compareció hace unos días– y en la que habló de estos temas; a lo mejor ha preferido hacerlo en unas declaraciones periodísticas, que siempre comprometen menos.
Sea como fuere, lo cierto es que el camino lo tienen libre desde que el Tribunal Constitucional, tanto en la sentencia catalana como en la balear, no quiso, no pudo, o no acertó a hacerlo, sino que ciñó sus respectivas sentencias en cuestiones competenciales, sin entrar al fondo de la cuestión, esto es: la imbricación de la Tauromaquia dentro del articulo 46 de la Constitución, como expresamente se pedía en el recurso presentado contra la ley catalana.
En su día, el profesor Hurtado González, de la Universidad de Sevilla, ya encendió la luz de alarma de lo que esto suponía. En un artículo publicado en “Diario de Sevilla” escribía: “La primera y apresurada lectura del extracto publicado de la sentencia, confirmó mi recelo y transformó la satisfacción en preocupación. Porque la ley catalana es declarada inconstitucional, sí, pero el fallo no se fundamenta en una lesión de derechos y libertades constitucionales alguna (cuestión en la que el TC no llega a entrar, por lo que se ignora si, para él, hay o no tal lesión), sino que lo funda en razones de índole competencial".
Y es que esta doctrina del TC, digamos que evasiva acerca del núcleo central de la cuestión, se volvió a repetir en el caso de Baleares. Allí la defensa de la integridad y de la naturaleza propia de la denominada "corrida moderna" constituyó la base doctrinal sobre la que se asentaba el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra aquella ley antitaurina. Tal como estaba planteado, quedan pocas dudas acerca cuál era para los recurrentes su verdadero núcleo: la naturaleza de los contenidos de la Tauromaquia. Y eso es lo que pasó: el alto Tribunal se ciñó a los contenidos, tal como vienen definidos en la legislación ordinaria taurina: la ley de potestades administrativas en materia taurina y la ley que declara a la Tauromaquia patrimonio cultural. La consecuencia de todo ello fue que, al igual que en el caso de Cataluña, el TC no entró en su entronque directo con el artículo 46 de la Constitución.
Como es sabido la habilitación general que otorga el artículo 46 –también el 44, el 149.1, reglas 1a y 28a, y 149.2– de la Constitución, para que se asuma el fomento y la protección de la cultura y la garantía del derecho de acceso a la misma por parte de todos los ciudadanos, es eso: genérica, por lo que precisa de unas concrecciones posteriores, que es precisamente con lo que no cuenta la Tauromaquia y lo que dejó sin aclarar el TC.
Por eso, en un magnífico ensayo publicado en la Revista de Estudios Taurinos, el profesor Hurtado ya nos advertía que todo el panorama “cambiaría si el legislador estatal se desdijera y derogase (o modificase a la contra) esas Leyes, cuyo compromiso con el «patrimonio cultural» no es, pues, irreversible: la competencia que permite declararlo, permite abjurar de la declaración. Pero, en esta hipótesis, mejor no pensar. De momento”. Pues las palabras de Rodríguez Uribe lleva a pensar que ese momento no anda tan lejos.
¿Habrá una nueva ILP en marcha?
Hay que poner un punto de distancia con todo lo que se lee en las redes sociales, en muchísimos casos de autores anónimos y sin matices que lo expliquen. Pero hay que resistirse a pensar que es una pura casualidad que hayan aparecido ya varios mensajes que vienen a promover a una nueva ILP, naturalmente en sentido contrario a aquella otra ILP que permitió la elaboración de la ley 18/2013, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural.
Desde el punto de vista de los prohibicionistas, esa nueva ILP tendría sentido. Serviría para ponerle en bandeja al Gobierno –a su sector sector antitaurino, por acción o por dejadez– una futura ley que desnaturalizaría la Tauromaquia hasta dejarla irreconocible. “Es lo que pide el pueblo”, argumentarían, con lo que les allanaría el camino: al Gobierno porque le quitan un “marrón” y, además, porque el objetivo final se saca adelante “por iniciativa de la gente”. Lo que viene detrás ya es conocido: la aplicación a la Tauromaquia de sus criterios sobre la protección animal que son públicos y conocidos, porque no es la primera vez que los tratan de sacar adelante, como los de Podemos hicieron sin éxito en el Parlamento andaluz, o en el de Baleares, por ejemplo.
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