El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión del pasado viernes la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, mediante el cual se regula de forma expresa esta materia y se dota a la Administración General del Estado de mecanismos para proteger las manifestaciones que integran el Patrimonio Cultural Inmaterial.
La sorpresa, la grave sorpresa, llegó cuando el ministro Wert anunció que la Tauromaquia estaba excluida del ámbito de esta ley, en una explicación insostenible que realizó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo. Una afirmación que es tanto como afirmar que la Tauromaquia no forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Con este proyecto legislativo se daba cumplimiento a la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, ratificada por España en 2006, y se sitúa a nuestro país a la cabeza de aquellos que dotan a la Administración General del Estado de mecanismos para proteger estos bienes culturales.
Pero precisamente en el texto aprobado en esa Convención el Patrimonio Cultural Inmaterial se define en los siguientes términos: "los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y, en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural".
Se trata de una definición que puede aplicarse en su propia literalidad a la Tauromaquia, pero que el Gobierno no ha querido o no se ha atrevido a incluirla entre el patrimonio inmaterial a proteger.
Mejor no dar tales explicaciones
Ha dicho el ministro Wert como toda explicación que “no está incluida la Tauromaquia porque la Tauromaquia es objeto de un tratamiento singular en la Ley aprobada en noviembre del año 2013 y por tanto, tiene su régimen propio”. Sin embargo estas afirmaciones son insostenibles, precisamente porque suponen una contradicción con lo dispuesto por la propia ley que se aduce. Y así, hay que recordar que en la Ley 18/2013, en cuyo artículo 5, parágrafo 2, se dice:
2. Para lograr los fines a que se refiere el apartado anterior, el Gobierno desarrollará las siguientes medidas:
b) El impulso de los trámites necesarios para la solicitud de la inclusión de la Tauromaquia en la lista representativa del Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad a que se refiere el artículo 16 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial aprobada el 17 de octubre de 2003 en París por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
A todas luces carece de todo sentido que lo que no se reconoce para España, como es la inclusión de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial, pueda luego tratarse de elevarlo a la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Pero también se desmorona la dudosa explicación de que el Gobierno actúa así en razón de ser la Tauromaquia algo propio de varias naciones, en la que por ello España no puede actuar unilateralmente. Si volvemos a referirnos a la Ley 18/2013, en su preámbulo podemos leer: “Lo que sí podemos afirmar es que la Tauromaquia conforma un incuestionable patrimonio cultural inmaterial español, que no ostentamos en exclusiva, sino que compartimos con otros lugares como Portugal, Iberoamérica y el sur de Francia”.
Y la demostración evidente de la banalidad de reiterar ahora este argumento para justificar la omisión, la tenemos en Francia, donde a propuesta de su Gobierno los toros fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial en el año 2011, acogiéndose precisamente a los criterios definidos por la Convención de Paris.
Pero, además, las razones que ahora se aducen no se compadecen con lo que fue la “doctrina” del Gobierno en el pasado año. Y así, cuando el subsecretario del ministerio de Educación compareció el 24 de octubre del pasado año ante la Comisión de Cultura del Senado, afirmó textualmente: “objetivo de esta política de asuntos taurinos es el engarzar la tauromaquia como patrimonio inmaterial con el marco de la regulación, fomento y protección de salvaguarda del patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad que establece la Unesco a partir del convenio sobre esta materia, del que España forma parte desde el año 2006. No es esta una cuestión fácil ni pacífica, ni que vaya a ocurrir a corto plazo. En todo caso, si conseguimos que todos entendamos que estamos hablando de un patrimonio cultural que debe ser protegido y estar al margen del debate político, sí es planteable que en un medio o largo plazo se pudiera elevar esta consideración al plano internacional y engarzar la tauromaquia con el Tratado internacional de salvaguarda del patrimonio inmaterial establecido por la Unesco”.
Y por si faltaban argumentos, uno más y de mucha autoridad: cuando la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en noviembre del pasado año explicó la aprobación del anteproyecto de esta ley, anunció que incluía la protección de la Tauromaquia, pues “indudablemente es una normativa de carácter general que afecta a todo el patrimonio inmaterial”, dijo. Siguiendo esta razonamiento, desde el Gobierno se argumentó, por ejemplo, que lo que entonces era un anteproyecto de Ley estaba en relación directa con el cumplimiento de una de las obligaciones que se contemplan la ley taurina, en el referido y ya citado artículo 5. Más: se explicó en aquella ocasión que en la vigente ley de la Tauromaquia no se había podido incorporar el término “inmaterial”, precisamente a la espera de esta nueva ley de protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, por la que se crea el catálogo de Bienes Culturales Inmateriales; justamente el catálogo del que se ha excluido ahora a la Tauromaquia.
Cumple todos los requisitos
Las contradicciones no paran ahí. Se podría hacer una relación muy exhaustiva. Pero es que frente todas estas tesis oficiales, la realidad es que la Tauromaquia se ajusta exactamente a las propias previsiones de este proyecto de Ley. En este sentido, en el texto legal ahora aprobado, se señalan cinco casos determinados como requisitos para formar parte del catálogo de los P.C.I:
1.Cuando el bien supere el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y no exista un instrumento jurídico de cooperación entre Comunidades Autónomas para su protección integral.
2.Cuando lo solicite la Comunidad Autónoma donde tenga lugar la manifestación, previa petición a la misma de la Comunidad portadora del bien.
3.Cuando para la comprensión del bien se requiera una consideración unitaria de esa tradición compartida, más allá de la que pueda recibir en una o varias Comunidades Autónomas.
4.Cuando tenga por objeto aquellas manifestaciones culturales inmateriales que en su caso puedan aparecer vinculadas a los servicios públicos de titularidad estatal o a los bienes adscritos al Patrimonio Nacional.
5.Cuando el bien posea una especial relevancia y trascendencia internacional para la comunicación cultural, al ser expresión de la historia compartida con otros países.
Pues bien, de ellos cuatro resultan ser de aplicación literal a la Tauromaquia. Y el último, referido a la trascendencia internacional, anula además por completo las razones simplistas de no poder actuar al compartir la Tauromaquia con otros países.
No hay que engañarse: mejor no tocar la Tauromaquia
En suma, esta inentendible exclusión viene a dejar en entredicho las esperanzas que se habían puesto en la actual política taurina a la hora de ofrecer un tratamiento adecuado a la Tauromaquia. Pusieron todo su empeño en sacar adelante la Ley nacida de la ILP, pero a partir de ahí se va de desengaño en desengaño.
Ya un día nos desayunamos con la lapidaria declaración del ministro Wert: ”Ni un euro” para la Tauromaquia y su Plan de Promoción; sorprendente afirmación cuando el propio ministro firma al año cifras muy importantes para otras actividades culturales, que generan mucha menos riqueza para el país.
Luego, cuando el Gobierno decide su reforma fiscal, excluye a la Tauromaquia de todas las medidas fiscales y de las subvenciones directas que dicta para muchos espectáculos públicos, la mayoría de los cuales recaudan menos IVA que los toros y tienen una menor presencia social.
Ahora, cuando aquella ley 18/2013 podía contar con su complemento perfecto con esta normativa sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial, para así consolidar su posición en el entramado jurídico del Estado y en el ámbito internacional, el Gobierno se vuelve a encoger de hombros.
Cuando se ha visto trabajar con verdadero empeño a tantos responsables del área ministerial responsable de los asuntos taurinos, tanta decepción al final sólo se explica por un agudo complejo en el Gobierno, en virtual del cual hay que huir a toda costa de lo que sea la Tauromaquia, no vaya a ser que quite votos, o que cree incomodidades con alguna Comunidad Autónoma, mantras ambos que por lo visto causan verdadero pavor. Aplican a la Tauromaquia algo así como aquellos viejos carteles de la pared recién pintada: “No tocar, mancha”.
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