Mucho habrá que correr. Pero es posible. El Gobierno se ha comprometido a que la ILP sobre la Fiesta como Bien de Interés Cultural se convierte en Ley vigente durante el próximo mes de octubre. Un interesante compromiso porque desbloque la situación actual. Pero la realidad de la vida parlamentaria es la que al final marcará las pautas.
Aunque aún no se ha aprobado el calendario del periodo de sesiones que va de julio a diciembre, usualmente han sido meses inhábiles parlamentariamente los de julio y agosto. El año pasado, sin embargo, durante el mes de julio e celebraron algunas reuniones y dos plenos. Pendiente de que la Cámara lo decida, para este año la idea más general es que tan sólo agosto sería inhábil.
Aunque nos pongamos en la hipótesis más favorable la ILP –esto es: que julio sea un mes de normal actividad parlamentaria–, ya se hace urgente que se abra el periodo de enmiendas al proyecto de ley, para que luego la ponencia correspondiente las estudie y se pueda convocar a la Comisión de Cultura para el mes de septiembre.
Como se trata de un proyecto suficientemente breve, el mes de septiembre puede ser suficiente para que el proyecto quede dictaminado y se cumplan los trámites correspondientes para que se someta a la aprobación del pleno en alguna se las sesiones a celebrar durante el mes de octubre.
Sin embargo, para que este calendario se cumpla de debe dar una condición necesaria: que el Gobierno establezca los definitivos criterios que en la enmienda de este proyecto de ley va a defender su grupo parlamentario. Es en este punto donde lleva encallado el tema desde hace meses.
Como se le ha vuelto a insistir en las esferas oficiales a los promotores de la ILP, la preocupación mayor se centra en definir aquellos puntos de la futura ley que puedan chocar con las competencias y legislaciones autonómicas.
Paralelamente está la cuestión si se aprovecha este proyecto de Ley para ampliar su espectro de contenidos y conectar a la Fiesta directamente con la legislación propia del Patrimonio histórico español. Como se sabe, se trata de un asunto en el que no se da una unidad de criterio. Así como hay expertos que considerar que la Fiesta cabe en el artículo 46 de la Ley de Patrimonio, en cuerpos jurídicos del Estado se abrigan dudas al respecto.
Si se mira bajo el punto de vista de los intereses de la Fiesta, parece evidente que el mayor grado de seguridad jurídica para la defensa de sus intereses viene de su inclusión en las competencias propia de la Ley de Patrimonio. Paro para ellos, el Gobierno y los legisladores deben encontrar la fórmula más adecuada para su encaje.
Mientras todo este proceso se cumple, la Comisión de Cultura quiere celebrar entre los días finales de junio y los primeros de julio una serie de comparecencias en relación con la ILP. Puede ser una buena ocasión para contrastar las posiciones de unos y otros y para que todos los parlamentarios de la Comisión conozcan puntos de vista diferentes.
0 comentarios