En respuesta parlamentaria a una pregunta del PP, el conseller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, señala que los "efectos económicos se trasladarían al presupuesto de 2013, o a lo que determinará el expediente indemnizatorio" que se tiene que elaborar en el primer semestre de 2012, cuando entre en vigor la prohibición.
La ley antitaurina aprobada por el Parlamento, y que entró en vigor en agosto de 2010, subraya que el Ejecutivo de Cataluña es el encargado de determinar el importe de la compensación económica a los titulares de derechos subjetivos afectados por la prohibición, "con audiencia a los interesados".
Dicha ley ya incorporaba en su disposición adicional segunda que el pago de las indemnizaciones se trasladaría al presupuesto del ejercicio siguiente o “a lo que se derive del expediente”.
En medios políticos consideran que no es fruto de la casualidad que la respuesta parlamentaria se haya hecho pública, precisamente, coincidiendo con la fecha en la arranca la campaña electoral para los comicios del 20 de noviembre y a los pocos días de que el PP, con quien se disputa una franja de su electorado, se comprometiera a trabajar por el fomento de la Tauromaquia como parte integrante de la cultura española.
Por otro lado, el traslado del expediente de indemnizaciones puede ser un elemento más a tener en cuenta, en la hipótesis de que el tribunal Constitucional dictara sentencia anulatoria de la ley, en el recurso de inconstitucionalidad que tiene en tramitación. En la hipótesis de que la ley quedara anulada, las arcas autonómicas tendrían que hacer frente a las indemnizaciones correspondientes a los daños y perjuicios causados por la aplicación de la ley.
Como se recordará, varios estudios patrocinados por entidades taurinas ha fijado la compensación entre 300 y 500 millones de euros, teniendo en cuenta en daño emergente y el lucro cesante, y tomando como base las 111.000 entradas vendidas en 2007 a una media de 40 euros cada una.
A pesar de ello, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha señalado en repetidas ocasiones que las indemnizaciones no serán millonarias, puesto que entiende que la afición taurina ha descendido en los últimos años, y ha reiterado la intención del ejecutivo catalán de aprobar la prohibición sin ninguna moratoria.
Incluso, en el pasado mes de julio, el portavoz de CiU en el Parlamento, Jordi Turull, redujo a miles de euros las indemnizaciones que deben percibir los afectados: "Mientras algunos hablan de millones, habría que hablar de miles de euros. Dicen cifras que me parecen una auténtica barbaridad".
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