La empresa All Sports Media ha dado a conocer, dentro de sus actividades en el capítulo de “Cultura”, que “disponemos de los derechos audiovisuales de toreros, entre los que destacan: Julián López “El Juli”, José María Manzanares, Miguel Ángel Perera, Cayetano Rivera, Alejandro Talavante, David Fandila “El Fandi”, Manuel Jesús “El Cid”, Morante de la Puebla y Enrique Ponce. Poseemos los derechos audiovisuales en exclusiva tanto a nivel nacional como internacional”. La comunicación está fechada genéricamente en el mes de octubre.
De forma no oficial, han informado que ya ha comenzado su tarea en esta materia, iniciando las conversaciones con Digital Plus, de cara a sus próximas retrasmisiones taurinas en la temporada de 2012.
Aunque la empresa no ha informado nada al respecto, el semanario “Aplausos” ha confirmado que al menos una veintena más de toreros se han unido a esta iniciativa del G-10 y han firmado también un contrato de cesión de derechos a favor de ASM.
All Sports Media 66 S.L., con sede en Madrid, en la calle Padre Damián, se define así misma como “formada por profesionales con más de 15 años de experiencia en la gestión de derechos deportivos, patrocinio, eventos, marketing deportivo, publicidad, comunicación, redes sociales y desarrollo de negocio con las principales entidades deportivas y empresas multinacionales”. Pero en su página web no informa acerca de quienes son los integrantes de la empresa, aunque otras informaciones personalizan en Javier Folque la responsabilidad de la gestión, en el caso de los toreros.
El fallido acuerdo de la Asamblea
Conviene recordar, a este propósito, que ASM es la misma empresa que, en la Asamblea celebrada el pasado 27 de octubre por la Unión de Toreros, informó a los reunidos acerca de las opciones posibles en la defensa de sus derechos de imagen, en especial en el caso de los espectáculos televisados.
Según informó entonces un portavoz de los reunidos la gestión de los derechos de imagen "es una opción que está estudiándose, de hecho un representante de una empresa estuvo presente en la reunión, pero nadie ha firmado nada al respecto y, en estos momentos, los derechos de imagen de los toreros no se han transferido a nadie".
Pero como se había producido cierta confusión en torno a la auténtica dimensión de esta comparecencia, la Unión emitió un comunicado oficial en cuyo segundo punto se decía:
“En cuestión referente a derechos de imagen, no es cierto que los toreros hayan cedido sus derechos de imagen a la Unión, ni que por ésta se haya contratado en tal sentido por empresa alguna. Sí es cierto que se ha recibido a una empresa especializada en el sector audiovisual, de marketing y publicidad, pero en modo alguno se han suscrito los acuerdos a que hacen referencia las informaciones publicadas".
Dentro del grupo denominado G-10, en esta Asamblea participaron José María Manzanares –presidente de la Unión de Toreros–, El Juli, El Cid y Miguel A. Perera.
¿Antes o después de la Asamblea?
Para entender lo que está ocurriendo, resultaría muy conveniente precisar cuál fue la fecha exacta en la que los toreros del G-10 firmaron la cesión de los derechos de imagen a favor de ASM. ¿Fue antes o después del 27 de octubre?
Desde luego las fechas tuvieron que ser muy próximas, dado que ASM cuelga en su pagina web la comunicación en el mismo mes de octubre: o se dieron mucha prisa en difundirlo, o es que ya estaba suscrito de antes de la reunión de la Unión.
En cualquiera de los casos, cabe deducir que el G-10 ya iba al menos con un preacuerdo con ASM para la gestión de sus derechos. O lo que es lo mismo: era una cuestión resuelta antes de llevarlo a la Asamblea, en la que los participantes no llegaron a aprobar este punto.
De forma que todo lleva a pensar que el G-10 estaba decidido a seguir adelante con su proyecto pasara lo que pasara en la Asamblea. Trataron de que fuera compartida su decisión, pero en cualquier caso iban a resolver el tema por su cuenta.
De acuerdo con la normativa que regula esta materia, la cesión de la explotación de estos derechos de imagen debe ser realizada personalmente por el interesado; esto es: no es materia para realizar una cesión corporativa, sino que cada uno debe realizar la decisión de sus derechos propios.
Lo que nada impide la normativa es que un colectivo se ponga de acuerdo para que cada uno de sus miembros realice esta cesión a unos mismos representantes. Por eso, a lo máximo que podía llegar el acuerdo de la Unión de Toreros era a consensuar que todos sus miembros cedieran tales derechos a una única empresa. Pero finalmente la Asamblea dejó sobre la mesa el tema, sin tomar ninguna resolución.
Resulta evidente que al realizar esa cesión de derechos, fuera antes o después de la fallida Asamblea, los miembros del G-10 actuaron con toda legalidad. No hicieron otra cosa que ejercer un derecho que la ley les reconoce. Cosa bien diferente es si esta forma de actuar, situándose al margen del colectivo profesional, no va consolidar una vez más la tradicional desunión que existe entre los profesionales, a la hora de abordar problemáticas que les afectan a todos.
Lo anterior cobra especial relevancia en la medida que, como es absolutamente lógico, al amparo del tirón que puedan tener las primeras figuras, el resto del escalafón tiene más facilitado su camino. De hecho, como se comprobó en el despliegue de sus actuaciones con los políticos en pasados meses, resultó fundamental que fuera el G-10 el protagonista: consiguió que se les abrieran todas las puertas y que hoy sea una realidad, por ejemplo, el traspaso de las competencias taurinas al ministerio de Cultura. Otro tanto ocurre con la gestión de los derechos de imagen: actuando cada cuál por su cuenta, quienes no estén situados en lugares del privilegio dentro del escalafón van a carecer de la fuerza necesaria para alcanzar sus objetivos.
Y ahora, las televisiones
Por otro lado, el paso dado por el G-10 abre un nuevo horizonte en cuanto se refiere a las relaciones con las distintas televisiones que realizan retrasmisiones taurinas. Se acabó eso de la contratación en bloque de las ferias entre empresarios taurinos y gestores de televisión; ahora hay un grupo apreciable de toreros, muchos de ellos indispensables en las ferias, que han decidido intervenir directamente en ese proceso.
Si como ha dicho bien claro Ramón Valencia, gerente de la Maestranza sevillana, hoy por hoy ferias como Madrid o Sevilla resultan inviables sin la televisión, ahora se encuentran con un palillo más que tocar en este asunto de por sí tan complejo.
Pero Valencia añadió un dato que hoy recobra especial interés: para la temporada de 2012 ya estaba firmado el contrato con Digital Plus para ofrecer la feria de abril y la de San Miguel. Muy probablemente no es el único de los grandes empresarios que tiene contratos plurianuales en esta materia. ¿Qué se hace ahora con esos contratos? Por lo pronto, sin permiso de los toreros del G-10 no pueden ejecutarse en las condiciones que hayan acordado empresa-TV; una de las partes o las dos, tendrán que sentarse con los actuales depositarios de los derechos de imagen para renegociar el tema.
Por eso, si ya venía forzados los empresarios a realizar verdaderos encajes de bolillo para salvar en sus carteles el “no” de José Tomás a ser televisado, buscándole acomodo en tardes que quedaran fuera de los acuerdos firmados con las televisiones, ahora esa tarea se amplía y complica.
En primera instancia, en cuanto a calendario se refiere, el tema afectará a la oferta que este lunes deberá presentar el triparto para la adjudicación de Las Ventas. De una forma o de otra, la decisión de los toreros afecta a las previsiones de ingresos que hayan hecho para realizar una oferta con base fundada. Como poco, tienen una incertidumbre más para cuadrar la cuenta de resultados.
Por otro lado, la cesión de la gestión de estos derechos a terceros afecta también a las relaciones toreros-apoderados. Si hasta ahora eran los mentores lo que gestionaban este asunto, ahora el tema queda fuera de sus competencias. Será curioso comprobar como esta realidad se materializa en el caso de los toreros apoderados por los grandes grupos empresariales.
Pero, además, una vez que los matadores ejercitan sus derechos de forma individual, se abre una brecha más al quedar pendiente de resolución la cuestión de la retribución correspondiente por este concepto de las cuadrillas, los ganaderos, etc.
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