Cuando aún quedan en la lista de espera los dos debates pendientes en el Congreso, ambos a instancia del Grupo Popular, este miércoles se ha celebrado el correspondiente a la moción presentada en el Senado por Pío García Escudero, bien podría decirse que en su doble condición de portavoz de su grupo y de aficionado.
El debate ha discurrido como era de esperar, entre otras cosas porque salvo excepciones muy contadas –y generalmente ajenas al fondo del asunto- la actual y monótona mecánica parlamentaria marca de antemano el resultado de las votaciones.
La defensa de la moción fue la adecuada. Y en algunos pasajes, brillante. Más ha sorprendido la respuesta socialista, realizada por un hombre inteligente y asiduo de la Plaza de toros de Bilbao. Acodar la negativa en el argumento del reparto competencial entre la Administración del Estado y las Autonomías es poco convincente y, en este caso, no responde a la realidad.
Que los grupos nacionalistas acudan a este argumento entra dentro de las reglas de su lógica. Pero en un partido de ámbito nacional y responsabilidades de Gobierno, sólo se entiende como eso que taurinamente se denomina “una faena de aliño”. Hubiera sido mucho más adecuado decir pura y simplemente la realidad: cuando el 28 de noviembre los catalanes van a las urnas, al PSC no conviene que sus correligionarios en Madrid adopten una actitud disonante con la que ya tomó el Parlamento catalán.
Ese sí que es un argumento que comprendemos todos, porque entra dentro de la dinámica política actual, por más que la misma sea manifiestamente mejorable a la hora de reequilibrar lo que son intereses generales de la sociedad y lo que son los intereses particulares de un grupo político; ambos son legítimos, pero de distinto orden de prelación a la hora de tomar decisiones.
Pero es que, además, Roberto Lertxundi, el portavoz socialista en este caso, sabe porque tiene experiencia política que la cuestión concreta a debate no afectaba a las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas. Lo que se discutía era que el Gobierno de la nación, en el uso de sus actuales competencias, promoviera una determinada conceptuación de la Fiesta. Que consideren que no es momento de hacerlo es una cosa; que no puedan actuar por carecer de competencias es otra totalmente distinta. Pero competencias tienen.
El problema es que para los aficionados y para muchos sectores sociales la importancia del debate no se centraba en si del mismo se deducen beneficios –electorales, claro— para éste o para aquel partido. Lo que nos preocupaba y nos preocupa es que con esta dinámica quien paga los platos rotos es la Fiesta. Y eso nos parece mucho más relevante en este momento que los demás argumentos, por legítimos que sean.
Nota marginal
Por enésima vez portavoces de grupos abolicionistas o próximos a ellos, han sacado a relucir como precedente el argumento de la prohibición de los toros en Canarias. En la sesión del Senado lo hizo en esta ocasión el portavoz de CiU. Como las repetidas declaraciones de quienes entonces gobernaban en el archipiélago no han servido de mucho, sería muy conveniente realizar unas fotocopias de las actas de las sesiones del Parlamento autonómico y de la propia ley, pues a lo mejor los documentos oficiales resultan más eficaces para que superen su desinformación al respecto.
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