El Consejo Constitucional francés ha vuelto a respaldar la legitimidad de las corridas de toros en Francia. Al hilo de una consulta sobre una posible desigualdad entre el tratamiento de las corridas de toros y el de las peleas de gallos, dos tradiciones con tratamiento especial en Francia, la alta institución ha señalado que el legislador quería promover el desarrollo de la Tauromaquia en las regiones establecidas, al contrario de lo que ocurre con las peleas de gallo. Así lo explica el Observatorio Nacional de las Corridas de Toros, que preside André Viard.
Según explican en su comunicado, "en Francia, el Código Penal castiga con multas el maltrato animal, pero esta ley no se aplica cuando se trata de dos tradiciones muy ancladas en dos regiones distintas del país: los toros en el Sur y las peleas de gallos en el Norte y la isla de la Reunión. El texto del código penal distingue sin embargo entre las dos tradiciones, autorizando las corridas en las regiones de tradición, y las peleas de gallos sólo en las localidades de tradición”.
A tenor de la propia literalidad de este texto, “desde la aprobación de esta ley en 1964, varias plazas de toros se han podido construir en ciudades donde no las había, pero que pertenecían a las regiones consideradas de tradición taurina, es decir las cuatro comunidades del Sur. Al revés, se ha prohibido siempre la apertura de gallódromos en localidades que no eran tradicionales, y hasta se ha prohibido construír nuevos gallódromos en localidades que sí lo eran, puesto que la justicia consideraba que las peleas sólo estaban autorizadas en los lugares existentes”, explica el Observatorio galo.
Dos organizadores de peleas de gallos en la isla de la Reunión, a los que la justicia quiere multar con 30.000 euros por haber organizado peleas en un sitio que no era tradicional, han consultado a través de su abogado al Consejo Constitucional si era normal que las peleas de gallos y las corridas no tengan los mismos derechos. A este respecto, el Observatorio matiza que “esperaban, obviamente, que el Consejo Constitucional iba a equiparar el ámbito de ambas tradiciones, pero, al revés, éste ha confirmado que la ley no crea ninguna ilegalidad [sic] entre las dos culturas, puesto que al redactarla, el legislador había tenido en cuenta su arraigo distinto. Dicho de forma más sencilla, el Consejo Constitucional ha explicado que si sólo se autorizaban las peleas de gallos en los lugares ya existentes, es porque el legislador querría acompañar a esta tradición hasta su desaparición, sin prohibirla”.
En consecuencia con estas observaciones legales, se concluye que "se trata de dos prácticas distintas por naturaleza; se ve en los trabajos preparatorios de la ley del 8 de julio 1964 que el legislador quiso controlar de forma más estricta la exclusión de responsabilidad penal para las peleas de gallos, para acompañar y favorecer la desaparición de estas prácticas. Al revés, considerando el profundo arraigo de la cultura taurina en una población mucho más amplia, el legislador quiso favorecer su desarrollo dentro de su zona de predilección”.
Con su decisión el Consejo Constitucional vuelve a reforzar la cultura taurina en Francia, después de haber confirmado hace dos años que la excepción cultural que existe en la ley a favor de las corridas es perfectamente constitucional".
Lo que podría haber sido una segunda embestida contra las corridas de toros se ha resuelto, pues, de forma rotundamente positiva. Y es que la normativa francesa no deja lugar a dudas ni éste ni en otros temas conexos.
Como se recordará, el pasado mes de junio los antitaurinos franceses adujeron una sentencia de la Corte de Apelación de París, que en la versión que ofrecían de la misma presuponía que había sido derogada la inclusión de la Tauromaquia en el inventario del patrimonio inmaterial de Francia.
La sentencia era consecuencia de una actuación, entre otros, de la conocida Fundación Franz Weber, que como se sabe viene financiando campañas antitaurinas en distintos países, entre ellos España. Como se recordará de este colectivo forma parte el conocido activista argentino Leonardo Anselmi, principal impulsor de la iniciativa que concluyó con la prohibición de los toros en Cataluña y que durante el último año ha promovido campañas similares en distintos países iberoamericanos.
Sin embargo, considerar que la sentencia de la Corte de Apelación de Paris suponía anular la inscripción de la Tauromaquia como patrimonio inmaterial de Francia no era sino una extrapolación interesada del propósito y de la decisión del Tribunal.
En realidad la Corte francesa se refería a aspectos estrictamente de orden administrativo, que en nada afectaban al fondo de la cuestión, aspectos que, además, el propio ministerio de Cultura subsanó en su momento. Tan es así que las organización taurinas francesas no tuvieron ni que entrar a desmentir el contenido de las notas que distintas organizaciones antitaurinas distribuyeron al unísono como una gran victoria.
Pero desmontado este hipotético mal entendido, como es habitual dichas organizaciones no rectificaron sus declaraciones, sino que las continuaron difundiendo. Como la suma de medias verdades nunca supone que lo dicho sea cierto, al final ha sido el Consejo Constitucional de París el que ha vuelto a poner las cosas en su sitio, volviendo a remarcar la constitucionalidad de la Fiesta de los toros y su régimen singular en la legislación francesa.
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