En el mundo del toro, pero en general en toda actividad empresarial, cuando se propone un cambio en el modelo de gestión normalmente se justifica por los malos resultados que se han venido obteniendo, o lo que es lo mismo: por pasar de beneficios a pérdidas. Y fuera de los casos de reconversiones sectoriales, también de forma habitual se lleva a cabo por dos vías principales: cambiando al equipo gestor y/o modificando la composición accionarial de la propiedad, que con posterioridad también cambian a los gestores Son muy poco usuales los cambios manteniendo el mismo estatus quo que llevó a las pérdidas.
Pero en lo taurino, con una mayoría de plazas en manos de instituciones públicas, los grandes cambios en el modelo de gestión los propician generalmente los concursos de adjudicación, cuya convocatoria viene tasada por sus propias normativas y por las estipulaciones que se recogen en las condiciones del pliego de convocatoria.
Un cambio copernicano se ha dado en los pasados meses en la Plaza de Las Ventas, con la irrupción de la UTE que encabeza Simón Casas. La propiedad, en este caso la Comunidad de Madrid, modificó los criterios de adjudicación que regían en concursos anteriores y dio paso un proceso que podríamos llamar rupturista con toda la trayectoria anterior.
Sin embargo, hay cambios que no dan resultados. Es lo que viene ocurriendo en Sevilla, donde la Empresa Pagés no acaba de encontrar la aguja de marear para salir del pozo en el que andan metidos. Espantaron a los abonados y no aciertan con la fórmula para volver a recuperarlos. Ni incorporando en los carteles a todas las figuras.
Ahora estamos en puertas de un cambio de modelo en Bilbao, como se ha comprometido el alcalde de la capital vizcaína para la temporada de 2018: “plantearemos una nueva forma de gestión que nada tenga que ver con el actual contrato que está en vigor”. La noticia ha levantado una importante expectación, porque se trata de una plaza de primer orden, con mucho peso histórico en la Tauromaquia, que de antemano se sabe que contará con varios aspirantes. Bilbao es mucho Bilbao, hasta en pérdidas.
Junto a lo que es propiamente el modelo de negocio, una de las fórmulas que se baraja es abrir la utilización de Vista Alegre a otras actividades. Nada nuevo: en Bilbao siempre tuvieron una gran tradición. Si se repasan los libros, hubo temporadas con cinco funciones de teatro, una semana completa de un espectáculo de patinaje sobre hielo, sesiones de lucha libre, demostraciones deportivas, festivales folklóricos… Pero en la historia también tuvo su importancia una acertada gestión del subarriendo del coso para novilladas y festejos menores, que llegó a su momento cumbre en la década de los años 70, en la etapa comandada por el recordado Joselito Cruz, luego nunca igualada.
A la actual decisión drástica del cambio de modelo se llega por los riegos de entrar en perdidas en la gestión de Vista Alegre. Si los número rojos no pueden ser asumibles por una entidad municipal, con mayor sentido quedan vedados a una institución privada de carácter benéfico. Para una entidad de beneficencia, que soporta sus cuenta en las subvenciones públicas y en las aportaciones privadas, resulta impensable que parte de sus fondos acaben destinados a sufragar una actividad mercantil en pérdidas, como es el caso.
De hecho, ya hay antecedentes acerca de cómo la primitiva Junta Administrativa abandonó la gestión privada a partir de 1949. En aquella temporada. la primera después de la muerte de “Manolete” en Linares, las Corridas Generales produjeron un déficit de 130.000 pesetas[1] . Fue la señal de alarma para que ya al año siguiente de la organización del abono se encargara la empresa Martínez Elizondo. De una forma tan sencilla y directa se puso fin a un modelo.
Ahora, de nuevo impulsados por las pérdidas, nos situamos en puertas de otro cambio en el modelo de gestión, que al final hunde sus raices en el de 1949 y se consolida a partir el 17 de noviembre de 1957, para dar paso con ligeras variantes formales a lo que llega hasta nuestros días. En aquella ultima concesión –que es de lo que se trataba, eludiendo oportunamente el concepto adjudicación— la Junta Administrativa optó por seleccionar, ordenadas por su importe económico, a la 4ª de las 12 ofertas que se presentaron y que iba firmada por la empresa de los hermanos Martínez Elizondo. Desde aquel mes de noviembre de hace 60 años, las sucesivas generaciones de los Chopera han estado ininterrumpidamente de una u otra forma al frente de la plaza.
En una primera etapa, como empresa arrendataria, sin necesidad de concurso; más tarde, con el inicio de la transición y la crisis que se produce en la Fiesta a comienzos de la década de los años 80, Manolo Chopera declina el arrendamiento por no ser rentable y pasa a ser asesor externo pero implicado directamente en la gerencia de la plaza. De hecho, la plaza de Bilbao siempre figuró oficiosamente –hoy todavía ocurre en su web choperatoros.com— en la relación de plazas que gestionan, aunque en realidad quien asume la responsabilidad mercantil, las pérdidas o las ganancias, es la Junta Administrativa.
Como ocurre en los últimos tiempos, aquella primera crisis de Vista Alegre tenía su origen en la caída del núemero de espectadores. De hecho, a partir de 1945 la asistencia a las Corridas Generales comienza a decaer, llegando a su punto mínimo en 1949, cuando las malas cuentas fuerzan acudir a la empresa Martínez Elizondo para organizar los festejos.
No deja de llamar la atención la dimensión del retroceso y la forma en la que se produce la posterior recuperación de en esta década los años 50. La vieja Vista Alegre contaba con un aforo total de 12.374 localidades, 2.351 menos que la actual. Pues bien, en la temporada de 1945, la última en la que se anunció a Manolete en agosto, el índice de ocupación fue del 89,8%; en 1949 ese porcentaje bajó a menos de la mitad, hasta el 40,2%. Fue a raíz del cambio que supuso la gestión del Grupo Club Cocherito cuando la taquilla comienza a recuperarse, situándose en 1952 en el 88,8% y en tasas similares en lo que resta de la década.
En el caso de Bilbao el cambio de modelo produjo unos efectos positivos, entre otras razones porque las sucesivas empresas tuvieron la sensibilidad de aportar novedades: cambiar dos corridas de toros por sendas novilladas cuando la novedad en el toreo era la pareja de Aparicio y Litri, en 1950; traer a la Semana Grande la revolución que montó “Chamaco”, en 1956; o el cartel oportunísimo que reunía a Luis Miguel y Antonio Ordóñez con toros de Palha en el “verano sangriento” de 1959.
Si lo comparamos con lo ocurrido en la última década, comprobamos que, con una capacidad para 14.725 personas, en las Corridas Generales de 2015 se contabilizó una asistencia total de 70.990, lo que supuso una media diaria de 7.888 asistentes, esto es: el 48% del aforo, uno de los índices más bajos de la historia bilbaína, sólo superado por el ya citado año 1949. Pero si miramos hacia atrás, en el año 2007 la media diaria fue de 11.666 espectadores –un 79,9% del total– y en 2008 la ocupación bajó al 72,4%. Había comenzando así una cuesta abajo, que en 2011 marca una asistencia total fue de 87.000 aficionados, una media diaria de 9.667 espectadores y un índice de ocupación del 59%. Y a partir de esa fecha, todo ha sido retroceder, sin que por ello se tomaran medidas adecuada.
Anotemos marginalmente que no fue aquella de 1949 la única ocasión en que las pérdidas obligaron a cambiar de modelo en Vista Alegre. Dentro de las “corridas patrióticas” propias de la postguerra, en Bilbao se organizaba una con carácter benéfico el 19 de junio, fecha de la entrada de las tropas franquistas en la villa. Cuando ese festejo entró en numero rojos, la Junta Administrativa trasladó al Gobernador Civil la necesidad de que, ante la imposibilidad de asumir las pérdidas, en adelante se hiciera cargo de su organización, como así ocurrió a partir de 1950l[2] .
Si miramos hacia las experiencias pasadas, saltan a la vista dos circunstancias que marcan un contexto absolutamente diferente al actual. En 1957, cuando se formaliza definitivamente el inicio de la etapa Chopera, la Junta Administrativa de Vista Alegre era una institución de carácter privado, que gestionaba los intereses del Hospital Civil y de la Casa de Misericordia, que eran los titulares de la propiedad. Al ser precisamente un entidad privada, no venía obligada a seguir procedimientos como los que administrativamente rigen en las contrataciones públicas.
Por tanto, la concesión se regía exclusivamente por las cláusulas que establecía la Junta, que en previsión de conflictos ya escribía en su pliego que la institución era soberana para tomar su decisión de acuerdo a sus propios criterios. El caso del concurso que se falló en noviembre de 1957 no deja de ser un ejemplo de lo que hoy ya no cabe. Por eso, aunque se produjera una polémica bastante fundada y nada pequeña[3], en 1957 resultó perfectamente legítimo que la Junta no adjudicara la Plaza a la oferta más alta, sino que eligió como ganadora a la que era 4ª en valor económico. Tenía competencias para hacerlo.
En 2018 con una singularidad de este tipo ya no se podrá contar en la toma de decisiones. Desde los comienzos de los años 80 la plaza tiene el régimen de copropiedad público-privada: 50% el Ayuntamiento de la villa y 50% la Casa de Misericordia. En realidad, a éste si que habria llamarle con toda propiedad un cambio de modelo, en la medida que rompió con una fórmula que regía prácticamente desde finales del siglo XIX, cuando se construyo de manera bastante altruista por las aportaciones del pueblo llano de Bilbao aquella vieja Vista Alegre.
Por tanto, en la hipótesis de que el cambio de modelo de gestión que se pretende ahora pase por la adjudicación –en cualquiera de las fórmulas posibles– a terceros de la explotación de este servicio, habrá que ajustarse a las normas administrativas correspondientes, convocando el preceptivo concurso público, en el que se garantice el régimen de igualdad para los ofertantes y en el que se establezcan cuatro elementos esenciales: la duración del contrato, el canon y/o las condiciones económicas de salida, las singularidades particulares que deban caracterizar al servicio y los criterios –la baremación de las cláusulas– que se seguirán para su adjudicación.
Parece claro que, además, la toma decisiones –incluida la convocatoria del propio concurso público– deberá ser acorde con la ley en cuanto se refiere a las competencias y normas que rigen el funcionamiento del órgano de administración de una entidad mixta participada al 50% por capital público y capital privado. Se trata de una circunstancia que de forma habitual ya queda establecida en los propios estatutos sociales que rigen a esas instituciones mixtas.
Pero si nos atenemos a la literalidad del compromiso del alcalde, que al final se concreta por ahora en la disolución del contrato actual de la Junta con la Casa Chopera, no de modo necesario hay que concluir que lo que propone no es de por sí la adjudicación de la explotación mediante concurso público.
Si va por el camino de la adjudicación, no todas son iguales. Hace más de 60 años, en realidad lo que la Junta externalizaba era la organización de las Corridas Generales, no el resto del año. Si aceptamos los números oficiales, esa actividad específica no genera hoy pérdidas significativas, sino que los números rojos provienen de los gastos generales y de gestión, que no pueden asumirse sólo con lo que se ingresa en agosto. En números redondos, viene siendo en torno a medio millón de euros. Todo lo que se consiga por encima de esa cifra pasará al capítulo de beneficios para la propiedad. A partir de ahí es cuestion de estudiar que es lo que más les conviene hoy: si hacerse cargo de las actividades extrataurinas y las ajenas al mes de agosto, o si éstas hay que añadirse a la adjudicación.
Puede parecer que la fórmula del concurso es la más lógica, pero también caben otras soluciones. Todo depende del grado de cambio que se quiera llevar a cabo. Sin embargo, esos otros cambios también exigirían una modificación profunda de las actuales normas, competencias y personas que internamente rigen la gestión de la plaza a través de la Junta Administrativa. Y eso tan sólo puede hacerse de forma consensuada por los dos 50% que componen la propiedad.
Aunque no sea más que un modo de decir eso de que la historia tiende a repetirse, si nos fijamos en lo ocurrido en la década de los años 50, se comprueba que los cambios en el modelo de gestión sí pueden ofrecer –entonces lo hicieron– resultados positivos.
Desde luego, eran otras circunstancias sociales muy distintas y cuando el propio mundo del toreo se regía por otros criterios. Pero es lo cierto que los aficionados de entonces reaccionaron ante nuevos estímulos. Basta comprobar, por ejemplo, el efecto que hace más de 60 años tuvo en la taquilla la ya citada novedad de Aparicio y Litri, como luego ocurrió con Antonio Borrero “Chamaco”, o más tarde con Luis Miguel y Ordóñez.
Parece que esta realidad lo que nos está recordando es algo evidente, aunque en ocasiones los organizadores lo coloquen en un segundo plano: los aficionados, pero también el espectador de ocasión, necesitan de carteles atractivos y novedosos. Como en la moda, también ellos quiere estar a la última. Sin capacidad de sorprender, subir la cuesta se hace duro y difícil.
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[1] Luís Uruñuela. “La temporada taurina de Bilbao. En la feria de agosto se perdieron 130.000 pesetas”. El Ruedo, nº 286, de 15 de diciembre de 1949.
[2] Emiliano Uruñuela, “La Dama taurina de Abando”, pág. 728. Laura del Rey, “Club Cocherito. Cien años de historia”, pág. 113.
[3] Aunque constituya una materia muy sugerente, no es momento de entrar aqui en los factores localistas que concurrieron en la decisión de la Junta, muy propios de aquella sociedad que retrató Antonio Menchaca en su deliciosa novela "Las cenizas del esplendor". Baste ahora con quedarnos con la polémica que saltó a la prensa, que puede consultarse en:
La Gaceta del Norte
Semanario El Ruedo:
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