El Ayuntamiento de Bilbao en Junta de Gobierno ha desestimado los argumentos de los cinco empresarios que han impugnado el pliego de condiciones para el concurso público para la adjudicación del arrendamiento, por espacio de 15 años, de la plaza de toros de Vista Alegre.
La corporación municipal fundamenta su decisión en que el pliego se ajusta a criterios técnicos que albergan dos objetivos fundamentales: preservar la categoría taurina del coso bilbaíno y lograr un mayor rendimiento de un inmueble ubicado en un lugar privilegiado, según informa Gonzalo I. Bienvenida en las páginas del diario El Mundo.
Por ello, la licitación por la gestión de la plaza de Bilbao continua su curso pese a los tres recursos presentados. Todos ellos automáticamente desestimados por la Junta de Gobierno.
Como ya se informó, al margen al poco fundado que planteó un grupo animalista bilbaino con el único objetivo de cerrar la plaza, se trata del presentado por un grupo de empresarios de plazas de segunda categoría: José María Garzón, Alberto García, Maximino Pérez y José Escribano, que aducen que son discriminados por no tener experiencia en la gestión de plazas de primera categoría, pese a demostrar solvencia en las actuales. También han aducido la falta de libertad de competencia.
El nuevo recurso –más inesperado y del que Gonzalo Bienvenida ha sido el primero en informar– fue presentado, por Nautalia que desde que se lanzó el concurso ha mostrado interés en la gestión de Vista Alegre para los próximos 20 años. Como se sabe Nautalia es el principal accionista, con el 51%, de la UTE que tiene concedida la plaza de Las Ventas. Al concurso bilbaino se ha presentado sin la compañía de su otro socio, Simón Casas.
En la respuesta a estos últimos recurrentes, el Ayuntamiento ha respondido que su recurso parece una “argucia legal” para ganar tiempo. Nautalia argumentó una falta de objetividad en cuanto al criterio que valorará las distintas ofertas, considerando subjetivos hasta 40 de los 150 puntos en juego tanto en el apartado de las obras como en el de la programación taurina.
Como se sabe, tras la decisión de la corporación municipal, todos los recurrentes tienen la opción de acudir por la vía contencioso administrativa a los Tribunales. Y ante ellos, solicitar la suspensión cautelar del concurso de adjudicación. Con lo cual el futuro del concurso quedaría a expensas de lo que decidan los jueces.
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