El alcalde de Bogotá cae por corrupción; tiene pendiente el recurso contra la prohibición taurina

por | 10 Dic 2013 | Reportajes

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha sido destituido  e inhabilitado por 15 años  por cinco faltas consideradas gravísimas en la contratación del servicio de basuras de la capital colombiana. Ahora tiene pendiente el fallo de la Corte Constitucional sobre el recurso presentado contra su decisión de prohibir la celebración de corridas de toros, fallo que se considera inminente.

En efecto,  la Procuraduría General de Colombia –cargo similar a lo que en España es la Fiscalía General del Estado– le aparta del cargo y le inhabilita  por cinco actos administrativos que fueron "probados con grado de certeza", durante toda la investigación que se le realizó al mandatario colombiano. Gustavo Petro tiene tres días hábiles para presentar su recurso en contra de la decisión de la Procuraduría General que lo destituyó e inhabilitó.

Las reacciones no se han hecho esperar. Y así, aunque el Diario Nacional informa que  el 80% de los bogotanos respaldan su destitución, Petro ha comenzado con las movilizaciones populares, llamando a los “indignados”  –la versión local del 15 M–  a manifestarse contra lo que califica de “golpe de estado” y atropello a la democracia.

Sin embargo, según informa el diario La Republica, en realidad Petro sigue la estela de su antecesor en el cargo, Samuel Moreno, quien hoy permanece recluido –aún sin condena en firme– en prisión, por hechos de corrupción relacionados con la contratación de obras públicas de infraestructura y del manejo del sector de la salud.  Antes de la actuación penal en su contra, Moreno también fue objeto de medidas disciplinarias por parte de la Procuraduría, aunque la primera de ellas fue de menor intensidad que la conocida en el caso del alcalde ahora cesado.

La razones del relevo

Según la detallada información que distribuye el diario Portafolio De acuerdo con la información difundida por la Procuraduría General, que ostenta Alejandro Ordónez,  la sanción al alcalde Petro viene motivada de la siguiente forma:

Primera razón: Improvisación

La Procuraduría determinó que Petro, "de manera libre, consciente y voluntaria ordenó asignarle la prestación el servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad". Esto dio como resultado "la grave emergencia que afrontó la ciudad para los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012".

Añadió la Procuraduría que también hubo " deliberada improvisación en la compra y alquiler de compactadores nuevos y usados" que generaron detrimento al Patrimonio y obligó a que el distrito volviera a contratar a los operadores privados, "de quien, dijo el Alcalde, pretendía descartelizar".

Agregó el Procurador en este primer aspecto que Petro "asumió como suya la decisión de que un nuevo operador público prestaría el servicio de aseo en el 100% de la ciudad, pese a que conocía que la Empresa de Acueducto y Aguas de Bogotá, "eran incapaces de prestar el servicio de aseo".

Segunda razón: Modelo fuera de la ley

Ordóñez afirmó que "la Procuraduría demostró en certeza que el señor Alcalde Mayor, de manera libre, conciente y voluntaria implementó con el decreto 564 de 2012 un nuevo modelo para el aseo, por fuera de la ley. Se demostró con los artículos seis, ocho y nueve de dicho decreto, que se vulneraron los principios de libre empresa y competencia, pues se impusieron instrucciones y limitaciones para que otras empresas distintas a las del Distrito prestaran el servicio de aseo desde el 18 de diciembre de 2012.

Tercera razón: Petro sabía que era ilegal

El Procurador afirmó que quedó probado que "las conductas fueron tomadas por el alcalde de forma consciente y voluntaria, sabiendo que eran irregulares", como lo habían advertido varias entidades, entre ellas la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Contraloría Distrital y el ministerio del Medio Ambiente, entre otras.

Cuarta razón: No era necesario nuevo esquema

El jefe del Ministerio Público recordó que uno de los argumentos de defensa del Alcalde Mayor fue que actuó por cumplir las órdenes dadas por la Corte Constitucional para cumplir la disposición de hacer partícipes a los recicladores del modelo de aseo.

Sin embargo, dijo Ordóñez, "lo dispuesto por la Corte no condicionó un nuevo modelo de aseo, ni mucho menos que ese modelo estuviera por fuera de la ley.

No era indispensable que para cumplir con órdenes de la Corte se asignara el servicio de aseo a empresas del Distrito y menos cuando eran incapaces de asumirlo".

Quinta Razón: Las volquetas

Según Ordóñez, "la Procuraduría demostró que el Alcalde de Bogotá cometió una tercera falta disciplinaria cuando autorizó la prestación de servicio de aseo con volquetas, una de las causas por las cuales el 18, 19 y 20 de diciembre se dejaron de recoger entre 6 mil y 9 mil toneladas de basura".

"En ese orden de ideas – dijo el Procurador- se demostró que la determinación del alcalde Petro provocó la crisis y el caos en diciembre de 2012, la incorrecta prestación del servicio de aseo por volquetas hasta junio de 2013 y el riesgo actual de que los compactadores estén a punto de perderse".

Para el alto funcionario, se vulneraron el principio de lealtad de empresa y se puso en riesgo la salud de los bogotanos.

Los líos que llevaron a Gustavo Petro a su destitución

A la hora de explicar todo  el proceso que ha culminado con la destitución del alcalde bogotano, el diario El Espectador lo resume en estos términos:

“Habría que empezar por los decretos emitidos durante la segunda semana de diciembre de ese año que le dieron potestad a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EEAB) – a través de la empresa Aguas de Bogotá – de hacerse cargo de la recolección de basuras en la capital. Sobre este punto la Procuraduría fue contundente al afirmar que estas empresas no “eran capaces, desde el punto de vista técnico, operativo y por la falta de experiencia, para asumir la prestación del servicio público de aseo de la ciudad”.

Resultó preocupante, entonces, que el Distrito decidiera cambiar el esquema justo cuando faltaban tres meses para que terminaran los contratos con los operadores privados de recolección de basuras (Lime, Aseo Capital , Atesa y Ciudad Limpia). Para la Procuraduría, el Distrito estaba violando la Ley de Servicios Públicos al no garantizar la libre competencia de los actores privados. Y, además, el Distrito autorizó la prestación del servicio de aseo con volquetas, lo que para el organismo de control fue “antirreglamentario” (entre el 18, 19 y 20 de diciembre se dejaron de recoger entre 6.000 y 9.000 toneladas de basuras, según la Procuraduría).

La Superintendencia de Servicios Públicos aseguró en ese entonces que el nuevo esquema de recolección de basuras era irregular y que además empezaría una investigación contra el Acueducto de Bogotá por operar con volquetas y compactadores que dejaron caer residuos sólidos y líquidos en las carreteras de la ciudad. Vale la pena decir que el Decreto 564 del 10 de diciembre de 2012 impidió que otros operadores privados de aseo asumieran la recolección de basura. Por este motivo se pronunció la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); señaló que el Distrito había incurrido en “conductas anticompetitivas”.

Ante la necesidad de asumir la recolección de basuras en la capital, el Distrito necesitó alquilar 70 camiones compactadores. El Espectador reveló que a través de una empresa panameña se alquilaron estos vehículos de aseo. Eran ofrecidos en internet a precios muy bajos y aparecían en la categoría "dañados y averiados". Los vehículos aparecieron en páginas como Easyexport.us y Ridesafely.com. Este diario encontró que la 23 vehículos que llegaron a Colombia en Navidad estaban siendo subastados virtualmente, a precios irrisorios y bajo la advertencia de que se trataba de carros siniestrados o chocados. Días antes de que los camiones llegaran al puerto, el Distrito fue notificado por la DIAN de que, según acuerdos internacionales firmados por Colombia, la importación de vehículos de segunda está prohibida en el país.

Al lío de los compactadores se sumó las dificultades para remunerar a 2.500 recicladores de la ciudad. En diciembre de 2012 se acordó que la remuneración se haría vía tarifa. Sin embargo, de las 1.540 bodegas que existen en la ciudad, solamente 520 estaban registradas en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Sin el reporte de las bodegas, la UAESP no podía remunerar a los recicladores.

El alcalde Gustavo Petro no tuvo otro camino que contratar, de nuevo, a Aseo Capital, Lime, Atesa y Ciudad Limpia. Sin embargo, los operadores privados dejaron de recibir recursos a través de porcentajes de lo recaudado vía tarifa (como se realizó durante los últimos 10 años) y empezaron a obtener un cargo fijo mensual”.

Se cumple el Principio de Peter

En todo este caso no deja de ser significativo el comentario de opinión insertado por el diario El Tiempo   cuando afirma: “Advierte el famoso Principio de Peter que "en una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia". Trasladado a la política, se diría que "todo político exitoso tiende a buscar escenarios más altos, hasta alcanzar su nivel de fracaso". Podría denominarse Principio de Petro, en referencia al alcalde de Bogotá, notable caso de un hombre público que, por subir, bajó.

El cuestionario plantea posibles vínculos corruptos entre el alcalde y los tristemente célebres hermanos y primos Nule, presos por irregularidades en jugosos contratos municipales. Zuleta acusa a Petro de recibir 80 millones de pesos de los Nule; de apoyarlos en el juicio que se les sigue; de contar con la asesoría de personajes cercanos a los funestos contratistas; de haberse reunido en varias ocasiones y mantener actual amistad con ellos y de haber ratificado varios contratos de la administración distrital con las cuestionadas empresas.

Son acusaciones sumamente graves que el alcalde debería enfrentar para tranquilidad de todos. ¿Qué habría opinado como senador si sus denuncias hubieran tropezado con silencios parecidos? El Principio de Petro podría acabar tragándose al alcalde”.

El caso de la Plaza de toros

Al hilo de este caso de corrupción, el diario El Tiempo recuerda también que el alcalde Petro tiene pendiente el fallo de la Corte Constitucional –que se espera que sea inminente– sobre su decisión de prohibir la celebración de las corridas de toros en la capital colombiana. A este respecto, en el referido diario se puede leer el siguiente informe:

Otra ‘faena’ vivirán mañana las corridas de toros en Bogotá en su intención de volver a realizarse en la ciudad. Nuevamente la arena será la Corte Constitucional, que fallará una tutela presentada con el fin de revocar una medida del Gobierno de la ciudad, que desde junio de 2012 no prestó más la plaza de La Santa María alegando el maltrato que sufren los animales en estos festejos.

Hace unos meses la Corporación Taurina de Bogotá, en cabeza de su gerente Felipe Negret, presentó una tutela ante la Corte Constitucional contra la determinación del alcalde Gustavo Petro de no prestar la plaza de toros para la realización de corridas de toros. El demandante argumenta que con esta decisión de la administración de la capital de la República se han violado el debido proceso y el derecho al trabajo de un cúmulo de personas que participan en la fiesta brava como los toreros, ganaderos, banderilleros, picadores, mozos de espada, entre otros.

La ponencia sobre esta tutela está a cargo del magistrado Mauricio González y aunque el sentido de la misma no se conoce, hay varios fallos sobre las corridas de toros en que el alto Tribunal da por sentado que “los espectáculos taurinos son considerados una expresión artística del ser humano”. Además ha indicado que estos festejos no podrán ser restringidos en las regiones en donde hay una tradición, a menos que existan de por medio hechos de salubridad o de orden público.

Desde un primer  momento Gustavo Petro como alcalde de Bogotá anunció su intención de parar las corridas de toros en la ciudad por el maltrato que sufren los animales en el transcurso de la faena, pues primero son picados, luego les ponen banderillas y, finalmente, son muertos por espada, que es considerada como la suerte suprema en la tauromaquia y tiene mucho que ver a la hora de que el jurado califique la labor del torero y si merece recibir trofeos, que son las orejas del animal.

Como el alcalde Petro no estaba facultado para prohibir las corridas de toros, pues como se dijo hay sentencias de la Corte que protegen su realización, la Administración Distrital acudió a revocar mediante la resolución 280 del 14 de junio de 2012 el mandato  del contrato 411 de 1999 por medio del cual se entregó en arrendamiento hasta el año 2015 La Santa María a la Corporación Taurina de Bogotá.

Entonces ya librado del contrato, el Mandatario capitalino decidió utilizar este escenario para actividades culturales y lúdicas en cambio, dijo, del maltrato y la muerte de los toros que se venía presentando es la plaza desde el año 1931, cuando fue inaugurada.

La Santa María es considerada como la principal plaza de toros del país y una de las más importantes de América Latina, en donde también se practica el toreo en naciones como México, Perú, Venezuela y Ecuador, costumbre heredada de los españoles en tiempos de la Colonia.

La Corporación Taurina

El año anterior la Corporación Taurina de Bogotá fracasó en un intento que por la vía de tutela hizo de recuperar la administración del coso de La Santa María, pues el Consejo de Estado rechazó esta acción al considerar que era improcedente porque la decisión del Gobierno de Bogotá de revocar el contrato de arrendamiento no violaba los derechos fundamentales de esta Corporación.

Sin embargo, la Corporación Taurina de Bogotá insiste en las acciones legales para que la práctica del toreo retorne a la ciudad, ahora por medio de la tutela que impetró ante la Corte Constitucional por considerar que la prohibición de la Administración Distrital viola el debido proceso y el derecho fundamental al trabajo de las personas que viven de las actividades relacionadas con el toreo.

Sin embargo, no es el único argumento que exhibe esta sociedad sin ánimo de lucro que desde el año 1999 era la encargada de realizar las corridas de toros en la ciudad, pues indica que las corridas de toros son una actividad amparada por la Ley 916 de 2004 y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

"Confiamos en la sabiduría de los magistrados y estaremos atentos a su decisión", señaló el gerente de la Corporación Taurina de Bogotá, Felipe Negret, frente al estudio que hará mañana la Corte Constitucional de la tutela que presentó.

El Gobierno distrital

El Gobierno de Bogotá se reafirma en la legalidad de las determinaciones que tomó, en primer lugar, revocar el contrato de administración del coso que tenía la Corporación Taurina de Bogotá, así como, en segundo lugar, de destinar el escenario para actividades culturales y lúdicas.

“En reunión realizada el primero de junio de 2012 con la Corporación Taurina de Bogotá, ésta manifestó su negativa a evitar la muerte del toro y no demostró tampoco el interés de evitar los tratos tortuosos hacia el animal”, justificó la Administración de la ciudad para emitir la Resolución 280 del 14 de junio de 2012, que le puso punto final a este contrato.

Añade en la misma que “la presente decisión para nada contraviene lo señalado en la Ley 916 de 2004, toda vez que no se están prohibiendo por parte de la autoridad competente las corridas de toros en el Distrito Capital, sino que es en cumplimiento de un mandato constitucional. Se está terminando un contrato de mandato que por su objeto mismo contraviene la orden de morigerar las torturas y el trato cruel hacia los animales”.

Marco legal

La Ley 84 de 1989 adoptó el Estatuto Nacional de Protección Animal el cual dicta disposiciones para que los animales gocen en todo el territorio nacional de especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre.

Sin embargo, el artículo 7° de dicha ley exceptuaba de las sanciones y penas previstas a las actividades de rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos.

Esta ley fue demandada ante la Corte Constitucional, consecuencia de lo cual el alto Tribunal emitió la sentencia C-666 del año 2010, en la cual ratifica que la tauromaquia es una actividad cuyo reconocimiento y regulación se encuentra en el Estatuto Taurino -ley 916 de 2004-, norma cuya constitucionalidad ha sido evaluada y declarada exequible en el artículo 7° de la Ley 84 de 1989.

Al respecto añade que “la excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades”.

Luego la Corte Constitucional produjo una nueva sentencia sobre el tema en atención a una demanda al Estatuto Taurino –Ley 916 de 2004-, se habla de la sentencia C-889 de 2012, la cual declaró exequible la norma y reconoce las corridas de toros como parte de la cultura nacional.

Además indica que para la realización de las corridas de toros las autoridades locales solo pueden exigir aquellas condiciones que hayan sido fijadas por la Constitución y la ley para la celebración de tales espectáculos. “Esto debido a que el titular del poder de policía, de índole normativa, es el Congreso, que define qué limitaciones son aplicables por las autoridades locales para la protección del orden público. Este último comprendido en su visión amplia, la cual integra no solo la seguridad ciudadana, sino la tranquilidad y salubridad públicas”.

En este sentido explican que cuando las autoridades locales exigen condiciones para la celebración de espectáculos públicos, carecen de un margen de discrecionalidad, fundado en evaluaciones personales sobre la conveniencia de la actividad de que se trate. “En cambio, la autorización o denegación del permiso respectivo debe fundarse en la aplicación de normas legales objetivas, que son el único parámetro admisible para el ejercicio de la función de policía”. 

Concejo

Una evaluación hicieron algunos concejales al destino que en este tiempo le ha dado la Administración Distrital a la plaza de La Santa María en su intención de hacerlo un espacio lúdico y cultural.

El concejal Ómar Mejía dijo que “ha sido una decisión equivocada, la plaza de toros igualmente representa una tradición, la fiesta brava hace parte también de la cultura así el Alcalde considere que no. Pienso que la ciudad no le ha dado una destinación adecuada al escenario, y más que ganar pienso que no hemos avanzado en nada. De manera que clausurar la fiesta de los toros es una decisión que no tiene ningún fundamento y que además rompe con la tradición de muchos años en la ciudad”.

Por su parte, el concejal Boris Montesdeoca dijo que La Santa María ha sido bien utilizada en el propósito de la Administración Distrital de que sea un escenario para la cultura. “Se han beneficiado miles de bogotanas y bogotanos con la programación cultural diversa que ha tenido la Alcaldía”, dijo.

El Concejal se mostró de acuerdo con este uso de la plaza, pues “cada vez crece la audiencia en defensa de los animales y le tocó a Bogotá un debate interesante respetando también la opinión que tienen sectores de Bogotá para que la plaza siga siendo utilizada para las corridas, otros opinamos lo contrario”.

Defensores de animales

Un llamado hicieron diversas organizaciones defensoras de animales a la Corte Constitucional para que se mantenga la restricción a las corridas en la capital de la República. Incluso se harán presentes mañana en las afueras del Palacio de Justicia para manifestar su rechazo a las corridas de toros.

En ese sentido Norman Garavito Rivera, inspector de la Fundación Amigos del Planeta, indicó que “creo que debe mantenerse esa voluntad de la Alcaldía porque en una sociedad cansada de la violencia como la colombiana, debemos es buscar espacios en donde se hagan actividades culturales o de protección y la vida y no de maltrato”.

Consideró que el derecho al trabajo no es un argumento de peso para justificar las corridas de toros “porque en el caso de los polvoreros, como la pólvora representaba un peligro para los niños, se acabó ese oficio y los polvoreros no se murieron de hambre. Entonces, no podemos decir que el narcotráfico debemos preservarlo porque produce más empleo y mejor remunerados que los que dan las actividades taurinas”.

Los toreros

El presidente de la Unión de Toreros de Colombia, Pepe Manrique, dijo que por el cierre de la plaza de La Santa María para las corridas  la afectación es total porque quien torea en Bogotá, lo hace en cualquier coso del país. “Nos coartó el derecho al trabajo y a la libre expresión ilegalmente, sabiendo que la fiesta tiene su ley”.

El torero anotó que matadores, subalternos, novilleros y rejoneadores de todo el país se han visto afectados por esta medida así como otras personas: “El que vende manzanilla, el que vende la bota, el que vende el plástico. Es mucha gente alrededor”.

Manrique dijo que espera de la Corte Constitucional que “se abra la plaza de toros otra vez, como es legal, y que dé la sentencia real que esperamos que sea favorable para la fiesta brava”.

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Taurología

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Portal de actualidad, análisis y documentación sobre el Arte del Toreo. Premio de Comunicación 2011 por la Asociación Taurina Parlamentaria; el Primer Premio Blogosur 2014, al mejor portal sobre fiestas en Sevilla, y en 2016 con el VII Premio "Juan Ramón Ibarretxe. Bilbao y los Toros".

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