“No vamos a tocar la Feria de San Isidro en absoluto. No sé si tocaremos algo o no; a lo mejor, para mejor, no lo sé. Pero desde luego no vamos a prohibir las corridas de toros. Tranquilidad para los taurinos. Yo no soy taurina, pero respeto a otros”.
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid
Dentro de esa especie de guirigay nacional, en el que la nueva clase política se permite realizar las propuestas más diversas y sin pararse a pensar si el tema es de su competencia o no, Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, se desenvuelve en una permanente contradicción. Un día hizo la declaración que encabeza estas líneas; no habían pasado 48 horas cuando su concejala de Cultura salió a rectificarla, anunciando que retiraban la subvención a la Escuela Taurina y para poner en duda que se mantenga su sede, porque las clases y talleres que allí se imparten "no son compatibles con la defensa de los derechos de los animales".
Con independencia de que una y otra dejan entrever un profundo desconocimiento sobre lo que es la realidad cultural e histórica de la Tauromaquia, todo este embrollo no pasa de ser un verdadero sinsentido. Y así, no es que la alcaldesa Carmena no quiera prohibir los toros, es algo mucho más rotundo y más simple: es que no puede prohibirlos.
Ni ella ni su entorno se han parado a pensar que un Ayuntamiento carece de toda competencia para prohibir las corridas de toros, ni ningún otro espectáculo taurino. Sin necesidad de acudir a solicitar un informe jurídico, les hubiera bastado leer simples recortes de prensa para saber que por semejante camino no pueden transitar. Así habrían comprobado que cuando hace unos años el Ayuntamiento de San Sebastián –gobernado entonces por los abertzales– o en los últimos meses el ayuntamiento de La Coruña –en manos de la Marea Atlántica–, quisieron poner chinitas, que más bien eran piedras de molino, en el camino de la Tauromaquia, supieron de antemano que fuera de grandes declaraciones lo único que tenían a su alcance era cerrar las puertas de unas instalaciones que eran de titularidad municipal, para que en las mismas no se celebraran festejos taurinos. De ahí no podían pasar. Y ello, indemnización mediante al titular del contrato de arrendamiento.
Puede Manuela Carmena, en efecto, cometer el error de desalojar a la Escuela Taurina de una sede que es de su propiedad; pero no puede impedir que en otro lugar la Escuela siga funcionando. Pero igualmente, carece de toda competencia para prohibir que la plaza de Las Ventas –que no es de su propiedad– se utilice para los festejos taurinos. Sencillamente, carece de competencia jurídica para tomar tales medidas. Por eso, que nos anuncie, como una gran novedad tranquilizadora, que no es su propósito prohibir las corridas de toros, tiene un valor similar a que nos dijera que no tiene ninguna intención de expropiar la Torre Eiffel.
Podrá modificar todo lo que quiera y convenga en los actos que el Ayuntamiento organiza por el mes de mayo en la pradera del Santo, se podrá vestir de chulapa si se lo pide el cuerpo (o los votos), podrá autorizar más o menos puestos de rosquillas junto a la ermita, podrá incluso –como ha hecho– renunciar al palco de respeto que la propiedad de Las Ventas le cede para sus atenciones sociales…, mil cosas podrá cambiar en su programa de fiestas. Casi todas menos una: prohibir la feria de San Isidro. Por no tener no tiene ni margen alguno para cumplir esa especie de propósito de mejorar la feria. NI para eso tiene competencia que se lo permita.
Esta es la realidad, algo que hasta para el peor informado no ofrece el menor género de dudas. Ni siquiera pueden aducir, en una interpretación plebiscitaria tan al uso, que su abolicionismo cuenta con una mayoría de apoyos ciudadanos, porque sus propuestas, tan genéricas como fueron, fueron avaladas por tan sólo 1 de cada tres madrileños de los que fueron a las urnas, a las que por cierto no acudieron casi el 40% del total de los ciudadanos con derecho a voto.
Incluso habría que comprobar que efectividad tienen esas medidas adoptadas sobre la Escuela Taurina si el plenario del Ayuntamiento aprueba una propuesta en contra, que no será la primera vez que ocurre. De hecho, si quienes no están en la minoría de gobierno lo quisieran, tumbaban la decisión, como han hecho con otras.
En suma, no acaba de entenderse ese deseo repetitivo de meterse en charcos en los que, fuera de mojarse los pies, no tienen nada que hacer; como cada vez asombra más que aquel propósito de "gobernar para todos" lo hagan trizas cuando toman decisiones contra los intereses legítimos de cientos de miles de madrileños.
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