La Comisión de Administración Púbica Local, de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, aprobó un dictamen que prohíbe la presentación de corridas de toros, aunque todavía debe ser discutida ante el pleno de la Asamblea.
La modificación del artículo 42 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos fue aprobada con tres votos a favor y dos abstenciones por la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa capitalina. No obstante, aún no se ha fijado una fecha para su posible presentación y discusión ante el pleno de la asamblea, agregó la oficina de prensa.
Los diputados del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) José Luis Muñoz Soria, Beatriz Rojas y Víctor Varela fueron los tres que votaron a favor de la propuesta, mientras que los del conservador Partido Acción Nacional (PAN) Lizbeth Rosas y Carlos Flores se abstuvieron, en tanto la asambleísta del PRD Karen Quiroga abandonó la sesión y no votó.
La aprobación de la modificación ocurre después de que el pasado martes los asambleístas perredistas Maricela Contreras y David Razú, conjuntamente con organizaciones defensoras de los animales, urgieron a la Comisión aprobar el dictamen “para promover que, en la mayor medida de lo posible, los animales como seres vivos, no sean objeto de maltrato, tratos crueles, además de evitar su dolor y sufrimiento”.
Hasta en cinco ocasiones el tema fue presentado ante la Comisión, pero hasta ahora nunca hubo quórum legal para votarlo.
Según afirman, los asambleístas promotores de la iniciativa buscan seguir los pasos del Parlamento de Cataluña, que terminó con la fiesta brava en esa comunidad autónoma bajo el argumento de que el espectáculo es cruel y hay sufrimiento causado injustificadamente.
Inicialmente la iniciativa fue presentada en 2009 por el asambleísta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cristian Vargas, y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Norberto Ascencio Solís. El dictamen presentado por ambos diputados señalaba que las corridas de toros son un espectáculo “indigno y éticamente inaceptable para quienes lo observan y quienes lo ejecutan”, durante el cual se explota una “falsa superioridad” por los toreros quienes “creen tener el derecho y potestad para disponer a su antojo de la vida de otros seres sensibles”.
El asambleísta Carlos Flores Flores, quien se abstuvo de votar este jueves, dijo en el pasado mes de octubre que la iniciativa carecía de un estudio de impacto económico, y pidió “una discusión amplia” para tomar en cuenta a quienes viven de dicha actividad.
Pero Gustavo Larios, presidente de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales, afirmó entonces que en lugares como Barcelona, las plazas que se cerraron fueron sustituidas por centros comerciales, los cuales han generado más ingresos que antes.
Los antecedentes
En sus orígenes el acuerdo de la asamblea legislativa –similar de alguna manera a un Parlamento autonómico de España—fue una iniciativa del
diputado del PRI Cristian Vargas, que buscaba prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México, retiró su iniciativa de ley contra la fiesta brava, lo que anula ya las posibilidades que los legisladores se pronuncien sobre el tema.
Vargas fue secundado entonces por Norberto Ascencio Solís, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El primer intento de votación tuvo lugar el pasado mes de octubre, pero en aquella ocasión la sesión parlamentaria no se llegó a celebrar al retirarse la proposición del debate.
Vargas explicó entonces que había cambiado de opinión porque, a pesar de que se opone a las corridas de toros y respalda a los grupos en defensa de los animales, deben respetarse las libertades de los ciudadanos. “Me considero un hombre seguidor y partidario de las libertades, y una ciudad como el Distrito Federal, que se considera capital de vanguardia, no debe coartar el derecho al trabajo y a la diversión de un sector de la población”, dijo.
Vargas señaló que, después de reunirse con trabajadores, ganaderos y el empresario Rafael Herrerías, de la Plaza de Toros México, comprobó que la prohibición de la fiesta brava afectaría a miles de personas, cuyos ingresos se sostienen de esa actividad.
Las prisas que tenía el diputado Cristian Vargas para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal legislara la prohibición de la fiesta brava en la Ciudad de México le duró 15 días solamente: El 10 de octubre exigió a la Comisión de Administración Pública, a la que fue remitida la iniciativa, que realizará el dictamen para que se discutiera cuanto antes en el pleno. Pero 15 días después, Vargas admitió que cambió de opinión luego de que se reunió con empresarios del ramo, quienes, dijo, le enseñaron “toda la economía que hay detrás de la tauromaquia”.
Ese convencimiento lo llevó a retirar su propuesta de prohibir las corridas de toros –que presentó desde el 16 de diciembre de 2009–, pese a que apenas el 18 de octubre pasado, inició junto con legisladores del Partido Verde (PVEM) y de Nueva Alianza (Panal), una campaña pública en busca del apoyo ciudadano.
Ese día, Vargas confió en que su iniciativa de reforma sería aprobada, y llamó a sus compañeros legisladores a rechazar “billetazos” del empresario taurino Rafael Herrerías.
El diputado no ocultó que estaba envalentonado después de que el pasado 25 de septiembre se celebró la última corrida toros en Barcelona –ese día terminó la temporada grande—antes de que entre en vigor la ley –aprobada el 28 de julio de 2010—que prohíbe la fiesta brava en la región de Cataluña a partir del 1 de enero de 2012. Dijo que pasaría por donde tuviera que pasar para que su iniciativa fuera aprobada.
Un calco de Cataluña
En su planteamiento, los promotores de las iniciativas prohibicionistas siguen prácticamente al pie de la letra el modelo que se utilizó en Cataluña, para conseguir que el socialismo y las fuerzas nacionalistas aprobaran la abolición. Hasta el conocido activista argentino Anselmi parece en este escenario. Por mantener este paralelismo, hasta llegan a afirmar que los toros es “cosa de los españoles”.
En suma, se trataba de llevar a cabo una reforma legal para prohibir las corridas de toros en Ciudad de México, donde se localiza una de las mayores y más emblemáticas plazas del mundo. Para ello, se proponía la reforma a varios artículos de la Ley de Espectáculos Públicos
El luego arrepentido diputado Cristian Vargas, uno de los principales promotores de la iniciativa prohibicionista, señaló en su día que “después de que vimos que en Cataluña ya la prohibieron, en México, una ciudad de vanguardia, también vamos a prohibir la tauromaquia, que representa una cruel forma de maltrato a los animales”.
En aquellas fechas, Cristián Vargas consideraba que el 70 por ciento de los asambleístas respaldarían la iniciativa, por lo que preveía que fuera avalada no sólo en la Comisión sino incluso en el pleno. Incluso llegó a asegurar que todo su partido –el PRI– votaría a favor de la prohibición.
Vargas, que ha resultado bastante locuaz, llegó a realizar afirmaciones tan grotescas como las siguientes: “es una fiesta donde sólo un grupúsculo de personas de dinero asisten, sólo van a beber vino tinto y cerveza, y a fumar sus puros” y añadió: “Es una tradición de España, no nuestra”.
Por si no fuera suficiente, Cristian Vargas aseguró que los toreros y aficionados a la tauromaquia son "psicópatas". En concreto, Vargas considera que "la psicología denomina como psicópatas a todos los individuos con algún trastorno mental y en algunos casos, éstos son carentes de empatía con otros seres vivos al grado de sentir placer o excitación con el sufrimiento ajeno”.
"Si conocemos la actividad de un torero o de un aficionado a la tauromaquia – dijo– podemos diagnosticar claramente que encajan en la psicopatía, en el tipo sádico o destructivo".
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