Con la que hoy está cayendo sobre la economía europea y las consecuencias que se avecinan para nuestro país, puede parecer hasta una broma plantear desde ahora cualquier género de reivindicación de orden taurino al Gobierno que en unas semanas formará Mariano Rajoy. En efecto, en una sociedad que tiene que soportar el drama de la sangría de cinco millones de ciudadanos en paro, varios millones de los cuales están además carentes ya de todo género de prestación social, resultaría de ilusos creer que una de las urgencias del nuevo Ejecutivo sea incorporar a la agenda de los asuntos de urgencia inmediata los problemas de la Fiesta.
Sin embargo, aceptando ese análisis de la realidad, convendría que a la hora de rediseñar la nuestra estructura de la Administración del Estado, con todos los cambios organizativos que ello conlleva, sí se tuvieran en cuenta algunos aspectos que resultan vertebrales para el presente y el futuro de la Fiesta.
La gran duda que se plantea, dicho sea con toda claridad, es si en el entorno del futuro Presidente Rajoy, con los que está diseñando los planes de futuro, hay alguien que pueda intervenir para presentar esta cuestión a favor de la Fiesta. Si a esto le queremos poner nombre, cabe pensar en dos: María Dolores de Cospedal, con quien a la Fiesta no le fue mal mientras ella fue alto cargo en el ministerio del Interior, y Pio García Escudero, que además ser persona muy próxima al Presidente durante toda la travesía del desierto de los ocho años de oposición, en el mundo taurino es de los populares que más confianza despierta.
En este contexto, entre las cuestiones que cabría plantear, la primera y principal es la ubicación administrativa que se otorgue a cuanto se refiere a la fiesta de los toros. Establecido por decreto del Gobierno saliente su pertenencia al ministerio de Cultura, ahora se plantean algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si en la nueva Administración del Estado desaparece como entidad con personalidad propia e independiente el área de Cultura para fusionarse con otro ministerio? Cabría pensar que iría allá donde fueren los departamentos que integran la actual cartera ministerial. Sin embargo, a los efectos que aquí nos ocupan no resulta indiferente que esa fusión se haga con uno o con otro ministerio. Y no lo es por algo elemental: por las prioridades que en cuanto a la agenda de trabajo se establezcan en esa cartera de nueva creación.
Una fórmula para obviar esta dificultad, a la vez que se le insufla una buena dosis de personalidad propia a lo taurino, radicaría en constituir un organismo propio y autónomo, quizás en el área del Ministerio de Presidencia. No tiene que suponer la creación de este nuevo organismo ningún incremento presupuestario, en la medida que los costos materiales y de personal pueden seguir siendo los mismos que en la actualidad tiene adjudicado en Cultura. En cambio, representa un mayor rango a efectos de interlocución con las restantes Administraciones autonómicas y locales y facilita la coordinación con las distintas áreas que dentro del Ejecutivo tienen competencias propias en el campo taurino, como es el caso del área de Hacienda, Agricultura y Ganadería, Interior e, incluso, Medio Ambiente.
La fórmula, como ya hace años propuso un experto en el tema, podría no ser muy diferente –-salvo en dimensión humana y económica— con lo que hoy es el Consejo Superior de Deportes. Está experimentado en el campo deportivo que una fórmula de este tipo resultaría una buena integradora de los distintos sectores que componen el universo de la Fiesta. Pero, además, permite agilizar fórmulas de actuación que se lleven a cabo de forma compartida en su financiación y en su desarrollo entre el sector público y la iniciativa privada. Incluso, y es mucho más que una anécdota, facilitaría que pueda actuarse con mayor agilidad en la dificultosa cuestión de las competencias compartidas con las Comunidades Autónomas y que se puedan desarrollar acciones conjuntas en niveles supranacionales.
Un organismo de esta naturaleza en nada resulta incompatible con las competencias que resultan privativas de lo taurino, tanto de acuerdo con la vigente Ley 10/1991 sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos –-que conviene recordar hoy que el PP se comprometió en la pasada legislatura a modificar–, como con toda la normativa que están en vigor vía decretos y ordenes ministeriales, que en su conjunto forman el mundo normativo relativo a la Fiesta.
A partir de ahí, solo quedaría acertar con el nombramiento del primer responsable de ese nuevo organismo, no sólo en la persona concreta que se elije, sino también con el estatus administrativo y político que deba tener. Por ejemplo, con la ley de incompatibilidades en la mano, bueno sería, por ejemplo, que fuera un cargo compatible con el de diputado o senador, porque eso sería tanto como oficializar que la Fiesta va a tener una voz propia en las Cortes Generales.
Desde luego, en su actual situación deprimida por los múltiples problemas que soporta, para el mundo taurino comprobar que se ponen en prácticas políticas de este porte resultaría un factor importantísimo, que insuflaría nuevos ánimos y nuevos horizontes de esperanza.
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