Crece la preocupación por los impagados y los contratos de «dudoso cobro»

Las cifras son de imposible estimación, como consecuencia de la escasísima trasparecencia que se produce en el negocio taurino, aún dependiente de atavismos  singulares por quienes consideran que lo de los toros es “una cosa diferente”, esto es: no homologable con cualquier otra actividad de negocio.  Pero si se habla con toreros y, sobre todo, apoderados, en especial a partir del segundo escalón de la nómina de matadores de toros, a lo largo de la temporada de 2011 se ha producido un preocupante crecimiento de los impagados, o por decir más suavemente: de las cantidades pendientes de cobro, cuando al concluir la temporada hay que realizar las liquidaciones del año.

Llueve, además, sobre mojado. Se pueden cotejar, por ejemplo, “pagarés” de hace ya dos años, cuyo cobro no es que sea dudoso: es que va a resultar imposible de hacerlos efectivo, salvo que se acuda a vías judiciales, a las que son tan reacios los taurinos en estos casos.

Ya durante esta temporada recientemente concluida hubo señales de alerta, que permitían advertir, incluso a quien no ande en las cocinas del taurinismo, que las cuentas no salían. Es el caso, por ejemplo, de las dificultades, cuando no suspensiones, de festejos, en los que los espadas actuantes han exigido el cobro de sus honorarios antes del festejo, como siempre ha sido norma. Como es el caso de algún empresario de mayor fuste que, antes de presentarse a un concurso de adjudicación, se ha visto obligado a regularizar los pagos del canon pendiente.

Pero al hablar con unos y con otros se comprueba que este tipo de plantes siempre lo han realizado toreros que tiene una fuerza en los carteles y con empresas que a efectos de organización de festejos pueden considerarse como marginales. Aunque también en este tramo del escalafón se puede localizar más de un caso, en el que si no se da directamente el impago, si se produce un retraso en el pago hasta fechas impredecibles.

Situación bien diferente es la de los toreros que necesitan sumar algunas tardes durante el año taurino, anunciándose en plazas de tercera y aspirando a cobrar los mínimos legales. A este capítulo se corresponden la mayoría de los casos que se han podido comprobar, en la misma medida que forman el eslabón más débil de toda la cadena.

El escalafón de banderilleros y picadores se ve menos afectado, entre otras cosas porque tienen una regulación muy clara y, a la postre, el control que supone las cuotas de la Seguridad Social. Influye, además, que cuentan con una estructura de organización profesional más sólida y asentada que las de sus matadores.

Como quienes pueden  denunciarlo no lo hacen, este panorama se mantiene en el tiempo, para no mucho más que convertirse en tema de tertulias de taurinos. Y a la postre, pasa a integrar el capítulo de las “singularidades” que rodea secularmente al negocio taurino.

¿Por qué no se cruzan los datos oficiales?

Es cierto, como dicen varios afectados, que no resulta fácil llegar a establecer la cuantía real que se esconde detrás de estas situaciones anómalas. Sin embargo, frente a la falta de trasparencia, siempre cabría que el Estado cruzara los datos que constan en distintos registros.

En este sentido, si las Administraciones Públicas tienen que visar todos los contratos y en los mismos constan todos los datos fundamentales [ya sea a titulo personal, ya mediante sociedades mercantiles]: empresario, ganadería, toreros, en los ordenadores de Hacienda constan las declaraciones presentadas por todos ellos, con sus justificantes correspondientes, y en algunos casos, además, con auditorias externas.

Bastaría cruzar informáticamente unos datos con otros para comprobar las zonas que hoy aparecen opacas. De esta forma, se obtendría datos de suficiente fiabilidad, que pondrían en claro la situación actual del negocio taurino.

No sólo es la crisis

Por otro lado, cabe pensar, razonablemente, que estamos ante una consecuencia más de la crisis. Es posible. Pero no sólo: también se dan casos anteriores al empeoramiento de la crisis económica.

En realidad, responde más bien a un modo de llevar el negocio taurino que está fuera de los tiempos. Resulta difícil de comprender como, aunque hay ya sentencias firmes en las que se anula la cláusula contractual en la que el torero cobrará “honorarios a convenir”, se sigue utilizando este subterfugio. Y es que algunos todavía creen que estamos en los tiempos de la Hacienda pública de hace más de 30 años.

Una de las causas fundamentales de estas anomalías radica mas bien en la carencia de una organización sólida y operativa, que proteja a los toreros frente a los abusos.  Esta desvertebración, que es mal endémico en los últimos años, tiene mucha responsabilidad en todo esto. Una vez acabado felizmente  los tiempos del “sindicato vertical” –¡y ya ha llovido desde entonces¡–,  la dura e incomprensible realidad es que no han conseguido reemplazar aquella estructura por ninguna otra que resulte eficaz.

De hecho, se comprueba hoy como el denominado G-10 en el fondo camina por su cuenta. Y no sólo es su responsabilidad: tampoco los demás han querido realmente seguir su estela. Se podría aducir que no es un empeño fácil, en la medida que unos y otros pasan por situaciones enormemente diferenciadas, por lo que no caben soluciones unificadas.

Sin embargo, esta razón no es completamente cierta. Primero porque quien hoy está arriba, siempre tiene la espada de Damocles de dejarlo de estarlo. Incluso entre quienes se mueven en los 20 primeros puestos del escalafón, ya tienen experimentado que, en el momento en el que dejan de pisar a fondo el acelerador, los dineros y la calidad de los contratos disminuyen. Pero es que, además, si se carece de un mínimo de sentido corporativo profesional, al final todos se verán afectados.