María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo en funciones, ha renunciado a la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional con el recurso correspondiente contra la ley del Parlamento de Cataluña que ha prohibido la celebración corridas de toros en aquella Comunidad Autónoma.
Según informaciones emanadas de esa Institución, la señora Cava de Llano no ha visto fundamentos suficientes para emprender las actuaciones que se le habían pedido con una unanimidad difícil de alcanzar por los estamentos de la Fiesta, que al fin y al cabo no son más que la representación del pueblo taurino.
Por lo visto, ha considerado insuficientes las razones que aportaba el informe del Tribunal de Garantías Estatutarias de Cataluña, que sí contemplaba materia suficiente para que se interpusiera el recurso. Tampoco le han parecido convincentes los sólidos informe que le presentaron la Asociación de Abonados de España, ni el de las 10 asociaciones taurinas más representativas de Madrid, ni el de la Real Federación Taurina de España, ni el de la Mesa del Toro.
Tampoco en el detallado recurso firmado por 50 senadores del PP hay, por lo que se ve, razones que la convenzan, no ya de la viabilidad del recurso –que es notoria–, sino de la propia oportunidad de plantearlo. Y eso que en este recurso se fundamentan distinto grado de conculcación de artículos de la Constitución como el Art.20, que recoge la libertad de expresión, libertad de creación artística; el Art. 46, que establece que los poderes públicos garantizarán y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico; el Art. 149.1.1º que indica que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones que garantizan la igualdad y el Art. 38, que reconoce la libertad de empresa.
Pues no, nada de todo eso, que de forma unánime sostienen todos estos estamentos, tiene visos de ser así, en la opinión de la Defensora del Pueblo.
Pero como todo lo anterior rayaba en el despropósito, a las pocas horas de las explicaciones anteriores se han visto en la necesidad de modificar semejante argumentación. Y ahora resulta que no se recurre "por no reiterar una argumentación ya esgrimida por otro recurso ya presentado", pero que su "decisión no significa en absoluto que haya dudas respecto a la posibilidad de que el recurso prospere".
Peor nos lo pone todavía la Defensora del Pueblo. Ahora resulta que el hecho que haya en marcha otro recurso es suficiente para no presentar el suyo. No se da cuenta, por lo visto, que si fuera coherente con tal criterio, tendría que retirar una mayoría de los recursos que ha presentado ante el TC, comenzando por el correspondioente al propio del Estatuto catalán.
¡Qué decepción tan profunda, doña María Luisa! Y qué escasa sensibilidad ante unas demandas ciudadanas, como las que le han presentado. Su errática actuación en este caso no tiene parangón.
Y frente a la decepción, una certeza: esto con don Enrique Múgica ejerciendo como Defensor del Pueblo no habría ocurrido. Y no sólo porque es un magnifico aficionado, sino porque a su paso por ese cargo demostró una particular sensibilidad con las peticiones que se le presentaban.
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