En una temporada especialmente importante para el futuro, se viene asistiendo a espectáculos poco recomendables, con una vulneración manifiesto de principios tan esenciales como el respeto al toro de lidia.
Con la primera semana de figuras en San Isidro, como antes ocurrió en Valencia y en Sevilla, se han repetido quejas ya antiguas acerca del trapío de los toros que salen por chiqueros. Este fenómeno, que parece creciente, ha tenido por ahora su punto culminante con el monumental y doble fiasco de Núñez del Cuvillo y el rechazo íntegro de la corrida de Garcigrande, en los últimos días.
[Un paréntesis circunstancial: tengo para mi que todo el lío que ahora se forma en las relaciones José Tomas-Núñez del Cuvillo toma causa, entre otras, del propio lío del ganadero en Madrid, cuya pésima imagen va a pesar bastante a la hora de hacer los carteles.]
Cuando por todos los estamentos taurinos se reclama un respeto a la Fiesta, argumentando los valores de su autenticidad, resulta una manifiesta contradicción que la tal autenticidad se quiebre, en primer término, al no cumplir los criterios necesarios sobre el toro de lidia. Tan contradictorio es que quien lleva a cabo esos incumplimientos y quienes los toleran, quedan invalidados para alzar luego la voz en una pomposa defensa de los valores de la Fiesta.
Sin embargo, estos desengaños que se lleva la afición no se producen de la noche a la mañana, sino que tienen detrás un largo proceso, desde que el empresario decide la selección de ganaderías de una feria hasta que queda enchiquerada en toriles.
En este proceso se producen, se debieran producir al menos, cuatro fiscalizaciones sucesivas del toro que se va a lidiar. Primera, y muy importante, la selección que haga el criador, pensando en la plaza en la que va a lidiar. Un segundo control lo lleva a cabo la propia empresa, para comprobar si lo seleccionado está dentro de lo que ha planificado. Una tercera, y múltiple, revisión realizan los veedores de los toreros que presuntamente van a ser anunciados para su lidia. La cuarta y definitiva la protagoniza la autoridad, con los dos reconocimientos preceptivos antes del sorteo.
Y en medio de todo ese proceso se intercalan visitas y más visitas de buena parte de los anteriores protagonistas para comprobar si la corrida seleccionada con meses de antelación sigue íntegra, si los animales han ido adquiriendo el remate que se esperaba, etc.
Por más que ahora se haya puesto de moda que se le adjudiquen todos los desmanes a los hermanos Curro y Antonio Vázquez, es un proceso es bastante más complejo. Incluso aceptando que a estos apoderados se les vaya la mano a la hora de achicar el tipo de toro que eligen, en todo este proceso que va desde la dehesa en invierno hasta las plazas en primavera hay otros tres estamentos que se pronuncian y, por ello, adquieren responsabilidad. Cuando el presunto desmán llega a término, la culpa no es de uno, sino de muchos; unos, porque cometen el desmán y otros porque los consienten.
De todo lo anterior nace una pregunta ineludible: ¿De quién es la responsabilidad de lo que está ocurriendo? No fácil de responder, si quiera sea porque todos los que participan en este proceso la debieran asumir. Está claro que la última palabra la tiene la autoridad, cuya decisión resulta prácticamente inapelable, como se vio con los 14 toros de Garcigrande rechazados en Madrid. Y en esta responsabilidad va el respeto a la norma reglamentaria y va cumplir su papel de garante en la defensa de los derechos de los aficionados, a los que el Reglamento les da el derecho “a recibir el espectáculo en su integridad y en los términos que resulten de su cartel anunciador”.
Por ello, visto lo visto en las primeras ferias importantes del año, parece claro que la autoridad está actuando con un amplio margen de permisividad. El dato es, sin duda, preocupante, en la medida que está fallando la única garantía independiente del montaje taurino que tienen los aficionados.
Sin embargo, resultaría en exceso simplista parar ahí las responsabilidades. Cierto que la responsabilidad reglamentaria le corresponde en exclusiva a la autoridad; pero toda la cadena de participantes en la organización taurina incurre en una evidente responsabilidad moral, en la misma medida en que de sus inadecuadas decisiones se deducen vulneraciones claras de los derechos de los aficionados.
Pero se debiera deducir más. Si estamos hoy en un proceso, necesario como en pocas etapas de la Tauromaquia, de defensa de los valores de la Fiesta, resulta una profunda incoherencia que quienes más levantan la voz en este defensa, luego sean los que precisamente devalúan esos mismos valores.
De forma que si a la autoridad cabe exigirle el cumplimiento de sus responsabilidades reglamentarias, a la generalidad de los estamentos taurinos habría que pedirles algo más de coherencia entre lo dicen y lo que luego hacen. Sin duda, en éste caso no incurren formalmente en vulneraciones de la norma, pero no cabe duda que actúan al margen de la ética a la que también debe responder la actividad taurina.
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