“Como de poco tiempo acá se ha hecho moda entre nuestros jóvenes enfarinados de bellas letras y piezas llorosas murmurar de todos nuestros usos y costumbres, que ellos tachan de rústicas y groseras porque no están amoldadas a la novelería y capricho de estilos y gustos advenedizos, no podían eximirse de sus censuras y desprecio las corridas de toros, no siendo diversión introducida por industria extrangera, sino muy rancia y antiquísima entre nosotros”.
En los anteriores términos se expresaba en 1su libro “Apología de las fiestas públicas de toros” don Antonio de Capmany y Montpalau (Barcelona 1742-Cádiz, 1813), filósofo, historiador, economista y político, que participó en las Cortes de Cádiz de 1812 como diputado liberal por Cataluña, siendo uno de sus más activos integrantes.
Al diputado Capmany le correspondió defender la tauromaquia en aquel foro constituyente, frente a quienes proponía su abolición, que estaban encabezados por el diputado por Murcia Simón López de Or, de pensamiento abiertamente absolutista. El 12 de septiembre de 1813 se celebró un vivo debate –cómo ha estudiado la profesora Badorrey– acerca de la licitud de las corridas de toros. Sometidas ambas propuestas a votación, se aprobó que se siguieran dando espectáculos taurinos. Todo ello vino motivado por la petición de un empresario gaditano, Iglesias Darrac, al solicitar el permiso oportuno a las Cortes para dar una serie de corridas de toros en Cádiz.
Si el diputado Capmany, declarado en 1871 como uno de los primeros “Catalanes ilustres”, sin duda le asombraría la situación de absoluta sequía taurina hoy que sufre su tierra natal, pensando como se expresaba en su “Apología” que las corridas de toros no constituyen “diversión introducida por industria extrangera, sino muy rancia y antiquísima entre nosotros”. Probablemente acudiría a repetir sus propias palabras acerca de esas proposiciones abolicionistas, como fruto de “la novelería y capricho de estilos y gustos advenedizos”.
Probablemente habría hecho suyas las palabras el consejero De Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Santiago Vila i Vicente –historiador, al igual que Capmany–, cuando hace escasamente un año declaró sin rodeos: “El Parlamento catalán se equivocó al prohibir la Fiesta”, añadiendo que antes “los catalanes tenían la libertad de ir o no a los toros”. “¿Quienes somos nosotros para prohibir una tradición de hace 150 años?”, concluía en su explicación.
De aquella equivocación del Paramento autonómico han pasado ya 4 años. Y entre si la Monumental de Barcelona debe ser un centro comercial y de recreo o convertirse en la mayor mezquita de Europa, la plaza continúa vacía y en desuso; la indemnizaciones previstas en la Ley han sido rechazadas en todos los casos, excepto en el la Empresa Balañá, al que se le ofrece una cifra ridícula, y los ciudadanos catalanes han visto como se blindaban mediante una ley –qué gran paradoja y qué incongruencia– los espectáculos taurómacos que se celebran por las calles de sus pueblos, mientras ellos si quieren participar en la Fiesta tienen que coger el coche para irse a otros lugares próximos: en su propia tierra no pueden ejercer la libertad de asistir o no a los toros.
Dentro de la deriva independista que se alimenta a partir de las decisiones del President Más –siempre a remolque, cuando no superado, de la Asamblea Nacional Catalana—, curiosamente si se repasan los argumentos que sus defensores esgrimen no se localiza ninguna referencia a aquella prohibición taurina. Algo poco coherente con los discursos que hace cuatro años se oyeren en el hemiciclo del Parlament.
Bien parece que la rentabilidad política en términos independentistas para los impulsores de la abolición ha sido escasa, por no decir nula. Ha servido, eso sí, para impulsar un debate animalista entre las formaciones de la izquierda, que se hizo sobre el toro, como se podía haber hecho en otro caso.
De hecho, si desde la experiencia actual del debate y la dinámica por la independencia se leen los diarios de sesiones de aquellas sesiones parlamentarias se comprueba el valor meramente instrumental y de estrategia que tuvo aquella iniciativa, imaginada por el argentino Leonardo Anselmi, convertido entre unos y otros en gurú y profeta universal del animalismo antitaurino.
Al final, se acaba uno por preguntar qué habrá ganado la sociedad catalana con la prohibición, fuera de una batalla de orden política, que por lo demás ha tenido unos réditos efímeros. Si nos atenemos a las propias palabras del consejero Vila i Vicente, lo único seguro es que se ha perdido una cuota de libertad, ese derecho a decidir que corresponde a cada ciudadano sobre a dónde quiere ir y a dónde no. Pero se han perdido además unos centenares de puestos de trabajo y unos ingresos, públicos y privados, que no le habrían venido mal a nadie.
La tardanza inexplicable
De entonces acá ha dado tiempo a que las Cortes Generales –que tampoco es un dechado de rapideces en sus trámites– apruebe la actual Ley sobre la Tauromaquia, promovido inicialmente por ciudadanos de Cataluña y secundada por más de 600.000 firmas. Ha dado tiempo a que diferentes Parlamentos autónomos y cientos de Ayuntamientos aprueben leyes y acuerdos para blindar la fiesta de los toros. A lo único que no ha dado tiempo es a que los señores magistrados del Tribunal Constitucional se pronuncien sobre el recurso de inconstitucionales que se presentó en su día con la ley catalana.
Los ciudadanos están ya habituados –indebidamente habituados– a que la maquinaria de los Tribunales resulte siempre extremadamente lenta y premiosa, convertida ya en un problema endémico de España al que nadie acierta a dar solución.
Resulta casi inhumano que un ciudadano deba esperar cuatro y cinco años como imputado y puesto en entredicho por un delito que a lo mejor no cometió. Pero no merece una calificación muy diferente la insensibilidad de nuestros garantes de la Constitución al ir dejando sistemáticamente sobre la mesa recursos sobre leyes que exigen una resolución más urgente. De hecho, más parece que estos magistrados juegan con criterios referidos a ese concepto tan vago de “oportunidad política”, dejando de lado a la propia realidad y naturaleza de las leyes. Desde luego, estajanovistas del trabajo no parecen ser.
De hecho, ya tuvieron sobre la mesa de trabajo una primera ponencia sobre la ley catalana, pero nunca han llegado a tomarla en cuenta, ya fuera para aceptarla, ya para rechazarla. Esta en la lista de espera, como en esas interminables que se dan en los hospitales públicos.
Pero tampoco debe uno extrañarse de estas tardanzas, cuando estamos ante una máxima instancia jurisdiccional que permanece impasible, por no decir que indiferente, cuando una institución –un Gobierno autonómico, por ejemplo– se declara formalmente insumisos a la hora de acatar y cumplir sus decisiones y sentencias.
En el actual contexto de la marea independentista, resolver el recurso sobre la Ley abolicionista de la Tauromaquia no es materia inocua. Quizás precisamente porque no puede calificarse como “inocua”, es por lo que no conceden mayor rapidez a su resolución, precisamente para no interferirse. Sin embargo, de ser así, resultaría una falsa y cómoda interferencia, porque lo que se hace necesario es clarificar todos y cada uno de los casos que afectan a la realidad catalana.
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