El Ayuntamiento de Bilbao se está metiendo en un monumental “jardín” con la elaboración del pliego para el concurso de adjudicación de la plaza de Toros de Vista Alegre. Por lo pronto ya acumula dos meses de retraso sobre la fecha que oficialmente se había anunciado por la Corporación: el 30 de septiembre, que era la fecha en la que concluía el contrato suscrito con la Empresa Martínez Flamarique como asesores externos.
Por las condiciones contenidas en el mismo, según explicó el alcalde bilbaíno varias veces, no podían denunciar aquel contrato porque dicho acuerdo contenía una importante cifra fijada como indemnización para los asesores externos en el caso de disolver el pacto mercantil con anticipación a su fecha. Por ese motivo, la decisión firme el Ayuntamiento lo retrasó nada menos dos años, aunque consideraba capital ta cambio. Y ahora resulta, 24 meses después, que bien parece que nadie sabe de que forma estructurar el futuro pliego.
El importante reportaje que Luís Gómez publica este jueves en el periódico bilbaíno “El Correo”, no puede ser mas esclarecedor de esta realidad. Y ahí podemos leer, citando siempre fuentes solventes, que aún no tienen claro cuándo y con qué pliego podrán hacer la convocatoria del concurso, que ya dan por hecho que no será hasta 2019, sin fecha arproximada alguna.
Por lo visto y leido, uno de los principales escollos en el que tropiezan ahora se sabía –o se debía conocer– desde antes de decidir convocar un concurso público de arrendamiento, conforme con la Ley de Contratos del Estado. Y el escollo no es otro que la singularidad de tratarse de un inmueble y de una actividad de titularidad semipública, y además al 50%. Con lo cual era, y es, de primer año que aquello que se pretenda hacer tiene que contar con la previa aprobación de ambos copropietarios: el Ayuntamiento y la Casa de Misericordia. Aquí no cabe el empate infinito, si es que se quiere avanzar.
Probablemente porque conocía esta realidad, ya el anterior “administrador general” nombrado por la Corporación, Ricardo Barkala, dijo en su día que resultaba necesario establecer previamente y de forma acordada que la Casa de Misericordia cediera parte de sus competencias ejecutivas a favor del Ayuntamiento, para que éste pudiera tener las manos libres a la hora de contratar, en el fondo casi para ser contratante único, aunque luego se pactaran los flecos económicos, sobre todo los relativos a pérdidas y ganancias. A lo que se ve, aquel prudente criterio luego no se ha materializado, o se ha podido hacer por desacuerdos mutuos. Con lo cual no se ha podido poner orden en los intereses económicos que comparten.
En realidad nunca lo han estado, porque cuando ante la necesidad imperiosa de convertir en público un Hospital de carácter privado, antes de que estuviera en trance de desaparecer y que en parte no pequeña estaba sustentado por donaciones y legados de ciudadanos bilbainos, así como era fácil que el Centro hospitalario se uniera clínicamente a la red publica –y hoy, añadamos, donde sigue siendo un centro verdaderamente puntero–, el Ayuntamiento hubo de hacerse cargo de la Plaza de toros sin que se deslindarán adecuadamente los demás intereses compartidos, que ahora afloran.
Como resulta entendible en los políticos, restan importancia a este cumplimento de los plazos y condiciones que ellos mismos habían fijado. Sin embargo, solo desde una candorosa ingenuidad puede pensarse que es cuestión intrascendente. Por ejemplo, históricamente siempre en estos meses que vivimos la Junta Administrativa se dedicaba a seleccionar las corridas que deberían lidiarse en agosto. Y no lo hacían porque estuvieran aburridos: lo hacían porque era la mejor garantía, casi la única, de que en las Corridas Generales se pudieran lidiar eso que siempre se llamó “el toro de Bilbao”. Y esto ocurre en Bilbao, como ocurre en Sevilla, en Madrid…, en todas las plazas importantes. Es una tarea muy propia del invierno. ¿Cuántas corridas tendrán ya comprometidas Simón Casas, Ramón Valencia, la Casa Matilla….?, ¿qué hace ahora Bilbao elegir entre lo que ha quedado en el campo, o pagar una sobrecomisión a quién se adelantó a comprarlas?
Solo un funcionario o un político profundamente desconocedor de la realidad del mundo del toro puede pensar ahora la peregrina idea de que la solución pasa por encargar –se supone a la Junta– que sin esperar al concurso se vayan seleccionando las corridas de agosto, que luego ellos ya se encargarán de establecer en el pliego la obligación jurídica para que el empresario que gane la adjudicación acepte lo que otros hayan apalabrado en las dehesas. Naturalmente esta selección debería ser hecha sólo bajo la rsponsabilidad de los actuales miembros de la Junta, porque si se acepta que participe –como siempre ha hecho– la Casa Chopera y sus profesionales, ésta quedaría invalidada para acudir al concurso: sería un recurso de incompatibilidad que se gana de calle en los Tribunales. Pero si se excluye a éstos, ni que contar tiene el lío que se puede formar con una selección realizada por manos no profesionales, con lo difícil que resulta –incluso para esos quienes se dedican a ello–, estimar el trapío de un toro en el campo y el que pueda tener así que llegue agosto. En esto, como en tantas otras cosas, acudamos al sabio refrán: “Los inventos, mejor con gaseosa”.
Ni al menos ducho en materia taurina se le escapa que la selección de las ganaderías es, y siempre ha sido, el núcleo fundamental que un empresario taurino establece, ligado directamente son sus planes para la programación de los carteles que deba organizar. Siendo así, que el ganador del concurso tenga que pasar por semejante trágala, si es que juíidicamente resulta posible, le desbaratará todo su plan de trabajo y de negocio, en función del cual ha hecho sus cálculos económicos para definir la oferta a presentar.
Y todo ello, además, teniendo la constancia como en los tiempos actuales, es ahora cuando las Empresas fuertes compran camadas enteras, para luego ir acoplándolas en sus distintas plazas, sobre todo de aquellas ganaderías que exigen las figuras para anunciarse.
Con toda razón, una de las fuentes municipales que ha consultado Luís Gómez para su reportaje afirma que “este proceso exige una profunda reflexión del análisis de los mercados y de las condiciones a cumplir por los arrendatarios”. Añadamos un extremo: esa “profunda reflexión” deberá referirse también a un hecho que la Corporación municipal dio por obligatorio y que no es otra que el que gane el concurso deberá aportar al menos millón y medio de euros –en la evaluación provisional que ya se había hecho– para las obras de conservación y reforma del inmueble. No es pequeño añadido sobre el importe del canón que se fije.
Con todo esto, casi cuestion menor pasan a ser aquellas buenas intenciones de tener en cuenta la voz de la afición bilbaina –que anda preocupada con las consecuencias de todo este embrollo–, y nada digamos si se recuerda que a partir del mes de abril entre los políticos no se hablará de otra cosa que de las elecciones municipales del 26 de mayo, de las que ya está excluido, por cierto, para las listas el edil que hasta ahora llevaba en la Corporación los asuntos relativos de la Plaza de toros.
Con todo este cúmulo de variables y de incógnitas afirmar ahora con todo voluntarismo que “no habrá problemas”, resulta como si Noé cuando subió a su célebre barco hubiera dicho: ”Nada, son cuatro gotas”.
Documentación
Los 5 funcionarios y los 4 políticos a los que les toca decidir
Si nos atenemos a la información que figura en la web oficial del Ayuntamiento de Bilbao, 9 serán las personas –entre funcionarios y políticos– que integran la Mesa de Contratación para resolver este tipo de concursos y elevar su acuerdo al plenario municipal. A su vez, en la misma web figuran las condiciones básicas necesarias para contratar con la Administración, a las que luego se unirán las especificamente establecidas para este concurso. Se trata de las siguientes:
Mesa de contratación
Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao, de fecha 17 de junio de 2015 y modificaciones posteriores, se determina que la composición de la Mesa de Contratación para servicios que queda constituida de la siguiente forma:
Presidenta:
Dña. Gozona Sagardúa Goikoetxea, Concejala Delegada del Área de Alcaldía, Contratación y Recursos Humanos.
Vocales:
Don Gonzalo Ruiz Aizpuru, Director de la Asesoría Jurídica
Don Jesús Albóniga Iturbe, Interventor General Municipal
Doña Mirari Lauzirika Urberuaga, Directora de Contratación.
Secretaria:
Doña Judith Kosta Pérez, Técnica Superior de la Sección de Contratación y/o
Dña. Estibaliz Canive Menoyo, Jefa de la Subárea de Gestión Administrativa, indistintamente.
Representantes de los Grupos Políticos:
–EHBildu: Izaskun Guarrotxena Martínez
–Partido Popular: Luis Eguiluz Zobaran
–Udalberri-Bilbao en común: Carmen Muñoz López
–Goazen-Bilbao: María Concepción Garcia Martos
Condiciones de aptitud para contratar con la Administración
1.Personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar.
– Las personas jurídicas tendrán capacidad para contratos cuyas prestaciones se correspondan con sus fines, objeto o ámbito de actividad a tenor de sus estatutos y reglas fundacionales.
– Las comunidades de bienes NO tienen capacidad para contratar con la administración.
2. No estén incursas en prohibición de contratar.
3.Acrediten solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigida para cada contrato o, en los casos que así lo exija la ley, clasificación empresarial vigente.
4. Habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
5. Uniones de empresarios: podrán contratar las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
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