“El concurso de la plaza de Bilbao nace bajo la sombra de la impugnación”, era el título que encabezaba un documentado informe de Álvaro Suso en las páginas del diario “El País” y en su versión digital, en su versión del martes día 25. Y 24 horas después, en las páginas del diario bilbaino “El Correo”, Luís Gómez completaba la noticias: “Cuatro empresas impugnarán el pliego de condiciones de la plaza de Vista Alegre”, precisando luego que se trata de tres empresas españolas y una francesa, cuyos nombres no se cita, pero que tienen ya todo preparado para para presentar sus recursos.
La razón común entre todos ellos radica en considerar que el pliego de condiciones del concurso está elaborado a la medida de “una firma concreta”, en concreto la empresa Martínez Flamarique SL, que es la mercantil con la que opera la Casa Chopera, que está en la gestión de la plaza bilbaína desde 1957 hasta la actualidad, aunque también ocasionalmente hizo de empresa en las temporadas de 1950 y 1951. Es evidente que la empresa radicada en San Sebastián cumple la perfección con todas la condiciones del pliego.
Y así, lleva más de tres años consecutivos gestionando una plaza de primera, como es el coso de Illumbe, cuando en 2015 –después de dos años de cierre del coso– consiguió permiso municipal para organizar los festejos taurinos de su Semana Grande. En estos cuatro años ha organizado al menos cuatro festejos mayores. Y cuenta con la tradición profesional que supone llevar ya más de 90 años en el negocio taurino.
Pero junto al malestar existente respectoa esta Empresa en algunos sectores de la afición bilbaína, cuenta con un aspecto que, en el mejor de los casos, parece por lo menos “poco elegante” y nada favorecedor sobre la credibilidad de la decisión final que se adopte en este concurso: en este mismo 2019, cuando la Junta Administrativa trabajaba ya con el Ayuntamiento en la preparación del pliego, la Casa Chopera mantenía un contrato en vigor con dicha Junta para la prestación de sus servicios profesionales en la organización de las Corridas Generales. Como dos representantes de esta Junta formarán parte de la Comisión que valorará las plicas, con toda lógica los competidores en el concurso pueden desconfiar de su independencia a la hora de emitir su juicio: la plica de los Chopera la van a valorar personas con los que llevan décadas colaborando estrechamente.
A lo mejor las partes no advirtieron este aspecto, pero cuando se decidió que, por los retrasos que venía sufriendo este concurso, era necesario contratar un año más a la Casa Chopera para la organización de las Corridas Generales, no se pensó que con ese contrato se podía incurrir en algún tipo de incompatibilidad como presuntamente es ésta.
Un problema de competencia
Dado por bueno lo estipulado en el pliego sobre la duración del contrato y las condiciones del arrendamiento –que nadie discute–, para las empresas decididas a recurrir el concurso la causa fundamental es la restricción a la libre competencias, al exigir entre los requisitos que sobre la solvencia profesional de los concursantes, el hecho de hacer regentado plazas de 1ª categoría y además en España durante los tres ejercicios. Esta condición en un primer borrador se señalaba que debía ser durante cinco años, luego se bajó a cuatro y finalmente en el pliego se fijó que fuera de tres temporadas: en concreto, las temporadas de 2018, 2017 y 2016.
Más que una duda puede considerarse como una realidad: en la Europa común no cabe excluir de un concurso público a una empresa en razón de su nacionalidad. Parece claro que la ocurrencia de incluir en el pliego la frase de “en el Estado español” puede acabar costando cara. Ahora mismo hay procesos de adjudicación pública en marcha, por ejemplo: la privatización de los servicios ferroviarios; en todos ellos se cuenta con presencia de firmas europeas. El mundo empresarial de los toros no es diferente a estos efectos.
También puede ser cuestionable que al concurso sólo puedan concurrir empresas españolas con experiencia al menos de tres años en la gestión de plaza de 1ª categoría. En este sentido, si se toma como referencia una clausula muy común en este tipo de convocatorias, para salvar las restricción a la competencia se regula en estos términos: “Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato”.
En consecuencia, se considera que este tipo de cláusulas limita de forma importante a las empresas que pueden presentarse al concurso: la normativa española y europea sobre la libre competencia y concurrencia salta por los aires.
De hecho, si se mantiene esta cláusula restrictiva, lo único seguro es que quien cumple los requisitos es la Casa Chopera, por si sola o aliada con el Grupo BAL de Alberto Bailleres. Podría cumplir las condiciones también Simón Casas Producciones, que lleva dos de los años requeridos –bajo la formula de una UTE– gestionando Madrid y el tercero lo cumple con Zaragoza en 2016 o con los años que lleva en Valencia. Es más que dudosa que pudiera hacerlo la FIT como tal: en estos años ha llevado directamente la plaza de Córdoba, pero no cumple el requisito de organizar como mínimo cuatro al año. Cumple todos los requisitos, pero es poco usual que acuda a concursos en otros lugares, la Empresa Pagés, que históricamente regenta la Maestranza de Sevilla.
Fuera quedan Circuitos Taurinos, que actualmente gestiona con otros socios Zaragoza, o la antigua Taurodelta, que lleva al menos dos años fuera del circuito de plaza de primera. Pero tampoco podrían concurrir, entre otros, una empresa tan acreditada como la Casa Lozano, porque aunque regenta plaza taurinamente relevantes, como es el caso de Albacete, se trata de cosos de segunda categoría. Y con carácter general, todas las empresas que gestionan plaza de capitales de provincia.
Pero puede haber otro afectado. Nadie oficialmente lo confirma, pero en el mundo del toro es de dominio público el interés de la empresa Nautalia, que ha venido trabajando con su equipo la posibilidad de presentarse en solitario a este concurso. Pero si resultan ciertos los rumores que apuntan a ese propósito empresarial, con las condiciones fijadas en el pliego no podría hacerlo, salvo asociada con otra empresa que sí cumpla los requisitos. Conviene no olvidar que desde octubre de 2017 Nautalia[1] es el mayor accionista con del 51% por ciento de la UTE que dirige la plaza de Las Ventas, con Simón Casas como socio minoritario.
Otros motivos de impugnación
Entre las posible causas para proponer la impugnación figuras otros aspecto, al menos más cuestionables, aunque no estén exentos de razón. Es el caso de las obras de conservación y mantenimiento que debe hacer su cargo la empresa adjudicataria. En este aspecto, el pliego se referencia a unos estudios antiguos, que data de marzo de 2017 y con un estudio económico de hace más de un año.
Si los aspirantes a la plaza tienen que presentar un anteproyecto para estas obras –unas obligatorias, otras voluntarias, pero que ambas puntúan–, difícilmente se puede elaborar este informe con tan sólo un mes de tiempo disponible. Y cuando todos los aspirante salvo uno de los posible conoce cual es el estado real del inmueble y de sus nuevas necesidades.
Aunque en Bilbao haya causado malestar, resulta un factor menor el número de festejos que el adjudicatario debe ofrecer cada temporada. El pliego especifica que como mínimo deben ser 6 corridas de toros y una de rejones; pera nada impide que quien gane el concurso mantenga o incluso amplíe las 9 tardes que en Bilbao se han dado toros en los último años. Lo que se establece es un mínimo obligatorio.
Qué ocurre si se impugna el pliego
En el caso que así lo decidan los posibles afectados por el contenido del pliego, su impugnación se lleva a cabo mediante un recurso contencioso administrativo. Para ello, los recurrentes tienen que argumentar su “interés legítimo” para hacerlo. Cuentan con un plazo de 2 meses desde la aprobación del pliego impugnado, esto es: hasta el 13 de agosto próximo.
Como es práctica jurídica, a partir de la presentación del recurso, corresponderá al juez todas las decisiones pertinentes, incluida la posible suspensión cautelar del concurso. En cualquier caso, la sentencia cuando pase a ser firme, si es que se presentan recursos de casación contra la misma, todas las actuaciones se retrotraerán hasta el momento que establezca el fallo judicial.
La valoración de las plicas
Acogiéndose a la normativa vigente, el Ayuntamiento en lugar de asumir el papel de la habitual Mesa de Contratación, ha decidido que sea un Comité Técnico nombrado ad hoc quien decida el concurso, para lo que han puesto fecha: antes de la celebración de la Semana Grande en el próximo agosto. Este Comité estará integrado por dos representantes de la Junta Administrativa, dos funcionarios expertos en arquitectura y en administración general respectivamente y un representante de la sociedad municipal Bilbao Ekintza, una institución pública que tiene por objeto “la generación de riqueza económica y social para Bilbao, potenciando la ciudad como destino atractivo a la inversión, a la creación y crecimiento de empresas, mejorando las oportunidades de acceso al empleo”.
En el caso que todo discurra sin cambios sobre lo previsto en el pliego, el arrendatario podrá tomar posesión del inmueble el 1 de octubre de este año y por un plazo inicial de 15 años, con cinco más de prórroga si así lo acuerdan las partes.
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[1]Nautalia, empresa especializada en la industria del turismo, pertenece al fondo suizo de capital riesgo Springwater Capital, que es la sociedad matriz en la que se soporta el grupo turístico, enmarcado en Andros Directorship, del que forman parte, además de Nautalia, la empresa Wamo, Pullmantur, Terranova y Global Tour. Este Grupo, como el resto de los que integran Springwater Capital, forman parte del fondo de capital riesgo que lidera Martin Gruschka y que en España opera a través de 20 Sociedades de distintos sectores.
Al mundo taurino llegó formando parte de la UTE que promovió Simón Casas para el concurso de adjudicación de la Plaza de Las Ventas, que ganaron ampliamente a su competidor, la oferta presentada por los Choperas y el Grupo empresarial de Alberto Bailleres. Pero junto a su actividad en dicha UTE, más tarde ha entrado también en ora línea del negocio taurino: el apoderamiento, a través de Nautalia Management, en la que también trabajan Nacho Lloret y Fran Vázquez.
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