En la primavera de 1971, justo cuando Paco Camino inmortalizaba a Serranito en Las Ventas, el economista norteamericano George Stigler publicaba un texto que se convertiría en un clásico de la teoría de la regulación. Con este artículo, el luego Nobel de Economía en 1982 incorporaba al análisis económico contemporáneo el concepto de captura del regulador.
Stigler planteaba que, a menudo, la regulación pública de un sector se concibe con el fin de proteger a determinadas empresas. A cambio de unas reglamentaciones que limitan la competencia e impiden la entrada a nuevos emprendedores, las sociedades ya posicionadas en el mercado facilitan a los gestores públicos los recursos que necesitan para mantener el poder político.
La hipótesis fundamental del artículo es que una industria puede utilizar a su favor el poder coercitivo del Estado para lograr rentas de monopolio. La posibilidad de captura genera fuertes incentivos para que las empresas destinen recursos con el objeto de influir en el proceso regulador, de forma que éste se diseña de acuerdo a sus intereses. En definitiva, el propio sector regulado termina por capturar al regulador.
Traducido al lenguaje del planeta de los toros: los gestores políticos parecen dispuestos a seguir concediendo el arrendamiento de los cosos de titularidad pública a las mismas empresas, a cambio de que éstas perpetúen el statu quo en un sector que proporciona generosos ingresos al Estado. El núcleo duro de ANOET se asegura la explotación de las plazas más rentables del circuito taurino y, en contrapartida, consiente que la Administración siga exprimiendo fiscalmente al mundo del toro.
No hay que olvidar que de las casi seiscientas plazas de toros fijas que existen en España, únicamente cincuenta son de propiedad privada. Resultan, por tanto, clave para la viabilidad futura de las corridas de toros las condiciones de arrendamiento de los cosos propiedad de las distintas Administraciones Públicas. Con demasiada frecuencia, los pliegos cierran la entrada a nuevos empresarios, mientras consolidan posiciones oligopólicas en la industria taurina. De hecho, dos de cada tres corridas organizadas en el circuito principal de primera y segunda están controladas por cinco empresas, algunas de las cuales mantienen, a su vez, vínculos en plazas tan relevantes como Madrid. Y lo mismo sucede en otros niveles: ¿por qué a un solvente organizador de festejos en plazas de tercera se le restringe el acceso a cosos de segunda por cuestiones económicas y/o de experiencia?
Stigler subrayaba también que las regulaciones podían erigir barreras de entrada más sólidas que otros mecanismos tradicionales, como la integración vertical. En términos de la tribu taurina: las concesiones de arrendamiento pueden coartar la entrada de nuevos competidores incluso más eficazmente que la estrategia de integración sui géneris del sector: la taurinísima trinidad empresario & apoderado-comisionista & ganadero.
Resultará más probable la captura del regulador en aquellas industrias más concentradas, donde unas pocas compañías dispongan de suficientes recursos para influir en el proceso de concesión. El modelo de Stigler muestra que los grupos de interés formados por las grandes empresas presionan de manera más efectiva y sesgan a su favor el proceso regulador frente a los consumidores/aficionados, menos organizados y cuyos beneficios en términos individuales son inferiores.
El Estado se garantiza unos generosos ingresos de la actividad taurina (impuestos, cotizaciones sociales, cánones de arrendamiento, tasas de todo tipo), circunstancia que podría ser esgrimida para exigir un mejor trato fiscal y administrativo. Sin embargo, las grandes familias taurinas siguen más interesadas en torpedear cualquier intento de mejora, y se inhiben ante la reivindicación de unos menores costes y trabas a un sector que proporciona un retorno económico a la sociedad y a la Hacienda española muy superior al de otras actividades culturales. El objetivo es mantener las reglas de un juego que les permite obtener beneficios privados a partir de una concesión pública. Lo de menos es asegurar el futuro del juego más allá de la próxima feria.
La regulación redistribuye riqueza. Bajo la máscara del interés público, la Administración regula este sector sin velar por los intereses generales de ganaderos, profesionales, pymes taurinas y aficionados, y parece sólo legislar en beneficio de unos pocos. Estado y ANOET unidos en la defensa del statu quo taurino. Ambos ganan. Su inacción hace mutuamente compatibles sus objetivos particulares. Es un equilibrio puro, estado estacionario sin incentivos para el cambio por parte de quienes deberían liderarlo.
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