Balañá pedirá a la Generalitat que le compre la Monumental

El Gobierno catalán tiene encima de la mesa un hueso duro de roer. Tanto el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, como el diputado de Convergència i Unió (CiU) Josep Rull, han cuantificado las indemnizaciones al empresario Pedro Balañá por la prohibición de las corridas de toros en unos cuantos miles de euros. Pero se pueden encontrar con sorpresas. Porque, muerto el toro, se acabó la corrida; y muerta la corrida (por decisión del Parlamento), se acabó el negocio.

 

La Monumental de Barcelona ocupa una hectárea de terreno en una de las zonas más caras de la ciudad. Y, además, tiene una edificación calificada de bien de interés cultural. “¿Cuánto vale eso? ¿Qué va a hacer Balañá con la plaza de toros si no puede hacer corridas? Lo que va a pedir, al final, es que se lo compre el Gobierno si no puede hacerlo rentable por otro lado. Y, eso sí, que se lo paguen a precio de mercado. Eso significa millones de euros. Y no va a aceptar que le vayan pagando durante 10 años, sino que quiere cobrar el 1 de enero del año que viene”, dice a El Confidencial una fuente cercana al empresario. Desde la oficina de éste, sin embargo, se guarda un silencio absoluto sobre el tema.

 

Pero la pregunta es cuánto vale el coso taurino barcelonés, 10.000 metros cuadrados en un lugar privilegiado, a dos pasos de la Sagrada Familia o de la Plaza de Cataluña y a tres del Puerto Olímpico. Nadie cree que eso cueste sólo un puñado de euros, sino un buen montón de millones.

 

El empresario, por su parte, dispone de un informe económico elaborado por el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona Vicente Royuela que detalla que la Administración tiene una responsabilidad financiera con los agentes económicos a los que se les prohíbe el ejercicio de la actividad económica. Y esta responsabilidad tiene dos elementos fundamentales: el daño emergente y el lucro cesante. “El daño emergente se refiere a aquellos bienes del perjudicado que éste posee con el único fin de desarrollar su actividad económica. En la medida en la cual la Administración le prohíba desarrollar dicha actividad económica, ésta debe hacerse cargo de dichos bienes, reembolsándoselos a precio de mercado al agente económico. En el caso de cualquier empresa propietaria de una plaza de toros, ese daño emergente se referiría a la plaza de toros, a los bienes muebles que ésta dispone en su interior, etcétera. En el caso del inmueble, su precio incluye el valor del solar y el valor de la edificación”.

 

Lo que vale la plaza

 

Porque el informe especifica también que, en el caso de que las edificaciones estén catalogadas como bienes de interés cultural, la indemnización sube. El procedimiento habitual es multiplicar por 1,5 el valor catastral. En este caso, concluye el estudio de Rayuela, el daño emergente para Pedro Balañá podría cifrarse entre 50 y 150 millones de euros. Evidentemente, si la Generalitat de Cataluña opta a quedarse con el monumento, el desembolso no podría ser ya de unos cuantos miles de euros, como aseguran desde el propio Gobierno o desde el grupo de CiU.

 

Pero hay más: el lucro cesante se refiere a “todos aquellos derechos individuales (empresa gestora, arrendador del coso, toreros, etcétera) que se ven afectados por la prohibición. No se incluyen en este concepto los llamados ‘sueños de ganancia’. Cuando un actor económico tiene una licencia de actividad (que no una concesión), ésta tiene naturaleza indefinida, o lo que es lo mismo, tiene una duración legal bajo el derecho civil catalán de 99 años, que es la que se deberá indemnizar”. La base para el cálculo de este “lucro cesante” es la facturación anual. En este sentido, el estudio detalla que “en 2007, a la plaza de Barcelona, acudieron 111.060 espectadores. El precio medio de una localidad en esta plaza, una de las más caras de España, bien puede cifrarse en 40 euros por espectador, lo que arroja un total de 4.442.440 euros de facturación anual”. Es decir, esta cifra, multiplicada por 99 años daría casi 400 millones de euros. Pero ha de corregirse: “Si se aplica una tasa de descuento en términos reales (descontando un interés del 3% a una inflación del 2% quedaría una tasa real del 1%), la cifra a indemnizar queda en 253 millones de euros”. Sumadas, pues, las dos cifras (daño emergente y lucro cesante), la indemnización que correspondería pagar al Gobierno catalán oscilaría entre 300 y 550 millones de euros.

 

Bien es cierto que los 4,4 millones de euros de facturación anual no son limpios de polvo y paja. Con esta cifra, se han de pagar todos los gastos: entre 200.000 y 400.000 euros por alquiler y costes asociados: taquilleros, vigilantes de seguridad, porteros, médicos, enfermeros, carniceros, transportistas o personal de restauración. Y, evidentemente, los costes de los animales: cada toro vale entre 5.000 y 10.000 euros, dependiendo de la ganadería. Al margen, los toreros y sus ayudantes (banderilleros, picadores, mozos de espadas) “negocian sus emolumentos con la empresa, recibiendo una retribución acorde con su caché y poder de convocatoria”.

 

El precedente de Salvador Távora

 

El informe tiene un último apartado donde recuerda que el Gobierno catalán, “en la etapa de CiU, vetó ilegalmente la celebración del espectáculo Carmen, una versión de la clásica ópera, que tenía la particularidad de representarse en el ruedo de la plaza y que incluía la lidia y muerte de un toro con un caballero rejoneador”. La Generalitat fue condenada por ello a pagar a la empresa promotora 40 millones de pesetas de la época, que ascendieron hasta unos 420.000 euros con los intereses legales y las costas judiciales. La empresa promotora del espectáculo ofreció la posibilidad de perdonar la indemnización si se les permitía representar de nuevo Carmen. Pero el Gobierno volvió a prohibirlo, por lo que hubo nueva demanda y nueva sentencia de indemnización.

 

“Como experiencia, entendemos que la Administración catalana bajo el mandato de CiU no sólo no ha apoyado la Fiesta, sino que ha gastado dinero de los contribuyentes en prohibir espectáculos legales”, zanja el informe. El autor del informe se refiere al espectáculo Carmen, dirigido por Salvador Távora y promocionado por el empresario Francisco Dorado. Tras una sentencia adversa de un juzgado de primera instancia, Távora acudió al Tribunal superior de Justicia de Cataluña, que le dio la razón y condenó al Gobierno catalán a pagarle 40 millones de pesetas. Luego, el Supremo confirmó esta condena.

 

Por otro lado, conviene recordar que en el curso del debate parlamentario, Rafael Luna, diputado popular encargado de defender la proposición de su grupo, esgrimió un informe (“realizado por un profesor de universidad que consultó a juristas, que hizo números y que trabajó el tema”) que cuantifica una indemnización de entre 253 y 400 millones de euros. Esa cantidad sale de aplicar una tarifa de 40 euros por cada entrada vendida de aquí a 99 años. El estudio fue realizado por Vicente Royuela, y la disparidad de sus cifras depende de la ponderación del interés del dinero, de la inflación y de que se les añadan o no indemnizaciones de los ganaderos. El ecosocialista Joan Boada restó importancia a este estudio argumentando que Royuela pertenece a la Plataforma de Defensa de la Fiesta (PDF), aunque los demás grupos huyeron de este argumento para desacreditar el informe. Es más, ni siquiera entraron en el fondo de la cuestión.

 

Así pues, el debate economicista centró la discusión. Luna enfatizó que en una época de recortes presupuestarios, cuando se cierran quirófanos, se eliminan camas o se tienen problemas en las escuelas, el dinero disponible habría de priorizarse a servicios sociales en vez de dedicarse a pagar indemnizaciones millonarias. Por tanto, pidió apoyo a su propuesta de alargar la moratoria hasta el 1 de enero del 2015.

 

Las cifras del diputado popular fueron rebatidas por casi todos los grupos. Josep Rull, en nombre de CiU, cuantificó las “eventuales indemnizaciones” en unos cuantos miles de euros, en la línea de lo que había dicho la pasada semana el propio portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs. “La ley no le impide a la plaza de toros Monumental llevar a cabo otras actividades -subrayó Rull-. Por tanto, sus argumentos no son válidos ni técnica ni jurídicamente. Además, ustedes dicen que ha de indemnizarse a todos por la actividad durante un periodo determinado de tiempo. Pero, ¿a qué torero se ha de indemnizar por los ingresos que deje de tener en el 2109? Permítame que lleve esto al absurdo, pero usted está forzando un precepto del Código Civil”.

 

En el mismo sentido se explicó Joan Boada. “No podemos decir que la crisis depende de si pagamos las indemnizaciones al señor Balañá o a quien tenga que cobrar. Las indemnizaciones sólo se darán por las actividades taurinas”. Pero saltó al cuello de su oponente: “Los recortes a que usted alude se deben a una decisión política del Gobierno de CiU, que se consolida en unos presupuestos que ustedes apoyan. Estos presupuestos prevén un recorte de 1.200 millones de euros en gasto social y en el tema de la vivienda, un 30% menos. Pero si ustedes no hubiesen eliminado el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y si hubiesen aplicado un nuevo Impuesto sobre fiscalidad ambiental y otro sobre las grandes fortunas, no estaríamos así. Por tanto, no puede hacer ese discurso porque es engañar a la ciudadanía”, dijo Boada.

 

Luna le respondió con vehemencia. “Nosotros no apoyamos los presupuestos. Nos abstenemos. ¿Y sabe porqué? Por responsabilidad política”, espetó a Boada. Y a Rull le dijo que “yo he traído a esta cámara un informe económico, pero usted no presenta nada. Y no es sólo el señor Balañá el que debe ser indemnizado. El señor Balañá es sólo el 10% del sector. Hay ganaderos, transportistas, banderilleros, vendedores de taquillas, etcétera. Y pueden ejercer el derecho a pedir indemnización. Usted dijo que la prohibición de los toros se zanjará con una indemnización de 3.000 euros. Pero aunque sean sólo 3.000 euros, merece la pena dedicarla a otras cosas antes que a esta prohibición”.