A la espera de lo más difícil de la ILP: el «encaje de bolillos» de su fundamentación jurídica

por | 3 Sep 2013 | Informes

En la reunión de esta martes, el órgano correspondiente del Congreso de los Diputados decidió uno nuevo impasse hasta el próximo 17 de septiembre en los plazos de enmiendas, como viene haciendo desde que fue aprobada su toma en consideración a comienzos de año, de la ILP para declarar bien de interés cultural a la Tauromaquia, o bien procede  a abrir la etapa para la presentación de enmiendas a la totalidad y al articulado. Entramos así en un nuevo compas de espera, ante lo que será la fase crítica: la reforma del texto para dotarla de una sólida fundamentación jurídica, la etapa verdaderamente decisiva de este proyecto de ley.

Por lo pronto, hay que descartar toda posibilidad de acuerdo con el grupo mayoritario de la Oposición, que ha roto unilateralmente sus relaciones con el PP y el Gobierno y que, además. está instalado en un mar de dudas y temores en cuanto se refiere a los toro. Ya es triste que con los buenos aficionados y los buenos gestores taurinos que están en el PSOE, sea un partido con el que la Tauromaquia no puede contar. Es lo que va del ayer al hoy. De ese ayer en el que un Gobierno presidido por Felipe González sacó adelante la Ley de 1991 –que  supuso un importante paso adelante y que hoy permitirá avanzar en el desarrollo de la Fiesta–, o cuando Pérez Rubalcaba, como ministro del Interior, firmaba el decreto de traspaso de lo taurino a Cultural. Pero se pusieron de perfil en Cataluña y así siguen, en una pura contradicción.

Como no se puede contar con los grupos de la izquierda radical y los nacionalistas y soberanistas –en permanente reivindicación de lo que consideran sus derechos–, el cuadro de las posibles colaboraciones pueden venir desde UPyD y desde parte del Grupo Mixto. El hecho que no se trate de formaciones mayoritarias, no por eso deja de restar importancia contar con su concurso.

Pero es que, además, hay individualidades que por sus conocimientos y su propio trabajo parlamentario pueden aportar bastante en el orden de los contenidos. Sin ir más lejos, es el caso del único diputado con que cuenta UPN en la Cámara, Carlos Salvador, que siempre ha dado la cara por la Fiesta y que tuvo una destacada intervención durante las comparecencias del pasado mes de julio. Mal haría la mayoría de Gobierno no teniéndole en cuenta.

El meollo de la cuestión

Junto a lo apretada que siempre está la agenda parlamentaria después de una etapa de vacaciones, el verdadero quid de la cuestión radica en encontrar las fórmulas jurídicas que más justifiquen y consoliden los elementos fundamentales de la futura ley, para de algún modo blindar ante posibles recursos ante el Constitucional.

Aquí nadie dice nada, pero basta poner oídos al tam-tam político para advertir que no todos son coincidencias entre algunos criterios con respecto al texto final del proyecto de ley entre el Grupo parlamentario del PP y el Gobierno, que al final es quien suele tener siempre la última palabra.

Como es público y notorio, el temor fundamental, incluso excesivo, en las áreas correspondientes del Gobierno sigue centrado en la cuestión competencial de las autonomías y la sensibilidad que algunos grupos nacionalistas ante lo que permanente consideran “agravios”.  En este caso, no tiene demasiado sentido ese miedo reverencial que les tienen: puestos a recurrir, lo harán diga lo que diga el texto final, porque su dinámica va por otros caminos, en los que lo taurino no sería más que un episodio como otro cualquiera de los muchos que se han dado.

Juristas muy reconocidos, entre otros los que comparecieron recientemente en la Comisión de Cultura, ya han explicado muy detalladamente dos elementos fundamentales: que el Estado tiene competencia para legislar en este campo y que de la ley no se deducirá ninguna intromisión en las competencias autonómicas de nadie. Dicho con otras palabras, y para tranquilidad de los antitaurinos catalanes y sus acompañantes: esta futura ley no surtirá ningún efecto en la prohibición que decidieron imponer por vía parlamentaria. En todo caso, ese es un asunto que sigue pendiente, ni se sabe hasta cuando, de lo que diga el Tribunal Constitucional, que tiene su propia ámbito de decisión y sus propias competencias.

Muchísima más importancia, en el orden jurídico a futuro, encierra acertar en el engarce que esta futura Ley tenga con la legislación, nacional e internacional, relativa al Patrimonio Histórico. Eso sí que es verdaderamente relevante, se mire bajo el prima que se mire. Y también por eso, es la auténtica batalla que hay que librar.

Lo otro, lo de las competencias, aunque jurídicamente resultaría una redundancia, para dar satisfacción a los nacionalistas y grupos afines bastará con hacer constar expresamente en el texto que se apruebe que la Ley respeta el reparto competencial establecido en la Constitución Española entre el Estado y las Comunidades Autónomas, actuando cada una de ellas en su ámbito competencial propio.

Nada que resulte totalmente inaceptable implica hacer este reconocimiento expreso de lo que es una realidad constitucional en la cuestión competencial. Primero, porque aunque se quisiera hacer –que no es ese el objetivo de la futura ley–, no se trata del instrumento jurídico y político necesario para tal fin. Pero, además, porque si algún Gobierno autonómico quiere hacer de este asunto una cuestión de principio, tiene mil vías jurídicas y administrativas a su alcance; entre otras, el simple desacato, como se ha hecho en demasiadas ocasiones e incluso en materias más trascendentes. 

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Taurología

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Portal de actualidad, análisis y documentación sobre el Arte del Toreo. Premio de Comunicación 2011 por la Asociación Taurina Parlamentaria; el Primer Premio Blogosur 2014, al mejor portal sobre fiestas en Sevilla, y en 2016 con el VII Premio "Juan Ramón Ibarretxe. Bilbao y los Toros".

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