Decidida por el actual titular en la Administración del Estado de las competencias taurinas la revitalización y actualización de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, como base para el desarrollo de la política que quiere llevar a cabo en cuanto a la Tauromaquia se refiere, no constituye una tarea marginal que entre todos –políticos, profesionales y aficionados– repensaran cuáles deben ser las líneas maestras de esta transformación y cuáles sus actuaciones más inmediatas.
Los elementos de obligado cumplimiento que hay que tener en cuenta no han cambiado desde la etapa de Jaime Mayor como ministro del Interior, que fue el último titular que en realidad contó con la citada Comisión. Y entre esos elementos están el Real Decreto 145/1996, en el que se aprueba el Reglamento Taurino, que luego fue modificado –precisamente en lo que se refiere a la propia Comisión– por el Real Decreto 1910/1997, hoy vigente; a efectos prácticos, la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1998 aprueba su Reglamento de organización y funcionamiento, en modificación de la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1993.
De acuerdo con este marco legal, queda garantizada, entre otros aspectos, la participación de las Comunidades Autónomas, que son titulares de gran parte de las competencias efectivas en materia taurina y que, por tanto, deben ser tenidas en cuenta.
Siempre a salvo de una opinión jurídica más solvente, para poner en marcha la iniciativa ministerial podría ser suficiente introducir algunas modificaciones en la Orden Ministerial de 1998 para que la Comisión incorpore todas aquellas actualizaciones a las que hacía referencia el ministro Wert, además de las que han sufrido alteraciones institucionales desde entonces.
En el orden normativo, por tanto, las decisiones a adoptar son de un orden menor y fácilmente asequibles. Con todo, no es mal principio de actuación que sea la propia Comisión Consultiva actual la que, como primera de sus tareas, tenga encomendada la misión de proponer los cambios que se consideren más convenientes en el propio organismo consultivo.
Seguir este procedimiento no tiene por qué significar retraso alguno en la toma de decisiones. Y así, por ejemplo, si se opta por la fórmula de constituir con carácter preliminar una Comisión Ejecutiva, a la que se encomienden las tareas inmediatas de trabajo, y además se quiere ser respetuoso hasta en el último detalle con la normativa vigente, bastaría que en la primera reunión del plenario la Administración proponga su constitución y composición, dado que en la Orden ministerial ya cita se contempla la creación de comisiones para tareas específicas. Sería luego esta Comisión Ejecutiva la que desempeñara las tareas más inmediatas, en tanto propone la propia reestructuración de la Consultiva.
Puesta en marcha
La puesta en marcha de todo este proceso no tiene por qué ser algo complejo. Incluso puede ser sencilla.
Como en ningún momento se han derogado la existencia de la Consultiva, ni mucho menos se han anulado los nombramientos de sus componentes, basta retomar la relación de miembros que constaba en la etapa de Jaime Mayor para convocar su primera reunión.
Pero si, con buen criterio, se quiere partir ya de una nueva composición más adecuada de la Consultiva, una simple orden ministerial que modificara la de 1998 resultaría suficiente para realizar las primereas actualizaciones. Para no entrar en jardines más complejos, bastaría que esa orden, en virtud de sus previsiones de crear grupos de trabajo, constituyera lo que hemos venido en llamar Comisión Ejecutiva y a la misma se le encomiende todo el proceso de puesta en marcha.
Mi opinión personal es que convendría comenzar por esta segunda fórmula, siquiera sea por una razón: reunir de primeras a más de 50 vocales que hace ya 15 años que no se celebran sesión y sin tener completamente claro que se les va a someter a aprobación, son ganas de perder el tiempo. Su único elemento positivo es que conlleva premio de Telediario para el protagonista. Pero, a efectos prácticos, en este caso una imagen no vale más que mil palabras. Y es que la realidad enseña que la foto es efímera y a la postre se vuelve hasta contraproducente, si primero no se ha llenado de contenido.
Pero como la política, cualquier política, no resulta ajena a las personas que las desarrollan, mucho más allá del entramado normativo que se quiera estructurar, la clave del éxito va a radicar en las personas concretas, con nombres y apellidos. Sobre todo, si el ministro Wert opta por comenzar con esa fórmula reducida a la que antes se aludía.
Como la cosa no está precisamente para colocar a cuatro amigos y olvidarse del asunto, si el ministro quiere realmente desarrollar la política taurina que ha anunciado, donde de verdad debe acertar es a la hora de seleccionar a las personas a las que encomiende esta misión. Personalidades con capacidad de desarrollar, y con éxito, esta tarea las hay. Tampoco es que sean legión, pero existen y pueden estar dispuestas a colaborar.
Un ejercicio de ficción
¿Por qué no dar un paso más? Se antepone que es un mero ejercicio de ficción, cuya única virtualidad radica en comprobar cómo hay nombres muy cualificados entre la gente del toro, en su más amplia acepción, para ayudar al ministro a llevar a buen puerto sus iniciativas. Quiere ello decir que todo lo que sigue a continuación se hace a simple título de ejemplo.
Personalmente, si el señor Wert quiere buscar un nombre para ponerlo al frente de esa Comisión Ejecutiva, o como quiera que se denomine ese organismo delegado con algunas funciones ejecutivas, lo tiene bastante próximo: Juan Manuel Albendea, al que todo el planeta taurino le reconoce autoridad moral en el tema y además es respetado por todos los sectores, tanto por su probada afición como por su dedicación a la defensa de la Fiesta desde hace muchos años. Le resultará muy difícil encontrar otra persona mas idónea. La única duda es si este encargo constituye una actividad compatible con su condición de diputado; si lo fuera, habría nombrarle mejor mañana que pasado.
Siguiente paso más o menos de ficción. Partiendo de una hipotética composición de cinco miembros, por las Comunidades Autónomas, por razones obvias lo lógico sería pensar en alguien de Madrid o de Andalucía.
Entre los empresarios, hoy por hoy los mas representativos están en ANOET y entre su directivos dos son los que ofrecen un perfil más idóneo y de paso menos polémicos: José Luis Lozano y Pablo Martínez Labiano, ninguno de los cuales está inmerso en alguna de las polémicas de su sector y son conocedores de la materia.
Por más que anden con crisis interna, los ganaderos no tienen persona más representativa que el hoy titular de la UCTL, Carlos Núñez, aunque tenga el punto polémico de presidir la controvertida Mesa del Toro; en otro caso, respetados son criadores como Fernando Cuadri o Victorino Martin hijo, por ejemplo.
La representación natural de los toreros sería por la vía de la Unión de Toreros. Sin embargo, pensar en una primera figura reuniéndose a trabajar todas las semanas en plena temporada es poco realista. Por eso, habría que pensar mejor en algún profesional, quizás retirado hace poco tiempo, con buenas relaciones personales en el escalafón. En suma, una persona que puede responder al perfil de Vicente Barrera, que tiene el valor añadido de ser licenciado en Derecho.
Entre las organizaciones de aficionados la dos con mayor representatividad a nivel nacional siguen siendo la Unión de Abonados y la Real Federación Taurina de España. Sus respectivos presidentes, José Luis Moreno-Manzanaro y Mariano Aguirre tienen experiencia en estas lides.
Y para el capítulo de dos vocales de libre designación, no ofrece dificultad mayor. Piénsese, por ejemplo, en Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, acreditada aficionada y de probada capacidad de trabajo, por más que incomprensiblemente en su día le pusieran la proa las autoridades autonómicas de Madrid. Y abriendo más el abanico, pensemos en nombres como Enrique Múgica Herzog, Javier Aresti, Constantino Álvarez-Torres o Marcelino Moronta, por citar tan sólo cuatro, que podrían ser más.
En definitiva, nombrar un pequeño equipo de siete personas para comandar la revitalización de la Consultiva no será el mayor obstáculo que encuentre el ministro en su empeño taurino. Lo que hay que desearle es acierto en la elección de estos colaboradores, que es ahí donde se juega el éxito y la credibilidad.
Hacia una composición tripartita
Con esas personalidades o con otras, que aquí lo importante es que sean gentes taurinamente solventes y eficaces en su trabajo, no “alternativos” que viven de ocurrencias, la primer dificultad real que el ministro tiene que sortear es la propia reestructuración de la Comisión Consultiva.
Pensando tan sólo en una equilibrada operatividad, se debiera contemplar una nueva composición, en la que se redefinan y reagrupen las distintas vocalías actuales en tres grandes bloques, aprovechando para darle a este organismo un verdadero carácter tripartito. Se le podría dotar así́ de un mayor grado de representatividad y acentuar un mejor equilibrio en la toma de decisiones, dado el fuerte peso que en la actualidad tienen los vocales procedentes de las Administraciones Públicas con respecto a los de otra procedencia.
Si se aplica la vigente Orden Ministerial de 1998, a las Administraciones Públicas le corresponden 27 vocalías, además de la Presidencia y la Secretaria General; a los diversos estamentos profesionales un máximo de 21 –si siguieran existiendo el numero de asociaciones sectoriales que se relacionan en el articulo 3 de la referida Orden– y 4 a los aficionados y abonados.
Pues bien, frente a una pormenorización como la actual, con un excesivo peso de los representantes públicos y una representación profesional que no responde a la realidad actual, se echan en falta, entre otros sectores, a personalidades del ámbito cultural y artístico, tan necesarios hoy para establecer las grandes líneas de una política taurina que responsa realmente a su consideración de hecho cultural y de arte. Todo ello es posible de actualizar sin provocar vacíos ni paralizaciones.
Al transformar la Consultiva en un órgano tripartito es el momento de realizar estos cambios y dar entrada en la misma a todos esos estamentos sociales que van desde organizaciones directamente taurinas –presidentes, veterinarios o médicos, por ejemplo— hasta las representaciones institucionales como la Asociación Taurina de Parlamentarios o personalidades de prestigio dentro del ámbito de la Cultura.
Cuestiones reglamentarias internas
Por otro lado, se hace necesario establecer unas nuevas reglas básicas de funcionamiento, para actualizar lo que se estableció en 1998. Unas exigirán la elaboración de un real decreto, otras pueden hacerse simplemente con una orden ministerial. A la vista de la experiencia pasada, cabria pensar en:
►la reformulación de los distintos grupos de vocales, en razón de sus respectivas representaciones sectoriales.
►el rango que se quiere dar a la Presidencia, que aun manteniendo –si fuere indispensable– una cierta intervención de la Administración Pública, tenga al menos un efecto: no vincular de modo necesario la Presidencia a un cargo de la propia Administración.
► la actualización de las formalidades para el nombramiento de esa Presidencia, para que los integrantes de la Comisión puedan participar al menos a título de consulta no vinculante en el proceso. Lo usual en casos similares es que tal facultad la ejerza el organismo correspondiente de la Administración del Estado, lo cual no es óbice para que sean tenidas en cuenta las propuestas que se eleven por terceros, que nuestro caso podrían ser el plenario de la Comisión o, directamente, los diferentes vocales.
►la forma y requisitos para convocar las sesiones plenarias, facultad que hoy corresponde en exclusiva a la Presidencia. Para un funcionamiento democrático y de cierta independencia, reviste una especial importancia que se amplíen las facultades y se disminuyan los requisitos para que un número determinado de los vocales puedan promover también la celebración de estas sesiones.
Y mientras tanto….
Conviene insistir: todas las tareas antes expuestas no tienen por qué demorarse en el tiempo: acortar los tiempos depende de la dedicación que se tenga, porque trabas administrativas o no las hay, o son fácilmente subsanables.
Por eso, las otras iniciativas expuestas por el ministro en su celebrada comparecencia en el Congreso, se pueden poner en marcha con toda normalidad. Y así, por ejemplo, para llevar la Tauromaquia al Registro de Bienes Culturales, según ha recordado oportunamente la Unión de Abonados de España, como paso previo a ir hasta la UNESCO, o incorporar lo taurino a las campañas de promoción cultural, tienen vía libre sin problema alguno.
Incluso si imitara el buen ejemplo portugués y pudiera negociar con su colega de Hacienda que al espectáculo taurino se le aplique el IVA reducido, los taurinos acabarían paseándolo en andas y con derecho a banda de música. Al final, se trata de unos dineros que al erario público no le resuelven nada –no son ni el chocolate del loro–, pero que sin embargo para la Fiesta resultan cruciales en los actuales momentos.
Y ya de paso, nada mal estaría que encargara a funcionarios de su departamento la recuperación –reconstrucción, habría que decir más bien– del fondo documental de la Comisión Consultiva, que fue muy amplio y valioso. Hace tiempo que todos aquellos materiales se encuentra en paradero desconocido, pero en algún lugar habrá copias. Pero Wert, como buen intelectual, conoce el valor intrínseco de tantos informes y estudios como se realizaron. Recuperarlos, digitalizarlos e integrarlos en un gran banco de datos, sería una actividad muy de agradecer.
Si, además, alcanza un amplio acuerdo con la Hemeroteca Nacional, que tiene verdaderos tesoros –incluso digitalizados y en abierto– sobre las colecciones de antiguas publicaciones taurinas, miel sobre hojuelas para la cultura taurina.
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