Los taurinos no están locos, ni viven en Babia. Tienen los pies en el suelo y usan la cabeza para pensar, no sólo para peinarse. Por eso son conscientes, del primero al último, que con la coyuntura actual en la economía nacional e internacional, y las consecuencias que se avecinan para nuestro país y para cada uno de sus ciudadanos, resulta de orden menor cualquier género de reivindicación económica acerca de lo taurino que puedan plantearse al nuevo Gobierno. En una sociedad que tiene que soportar el drama de la sangría de cinco millones de personas en paro, varios millones de los cuales están además carentes ya de todo género de prestación social, resultaría totalmente irreal creer que una de las urgencias del nuevo Ejecutivo sea incorporar a la agenda de los asuntos prioritarios los problemas de la Fiesta. Pero hay que insistir: los taurinos no son unos ilusos, ajenos a la realidad, ni una pandilla de iluminados que viven instalados en lo imposible.
Con todo, antes de seguir adelante, hagamos un inciso: no resulta marginal llamar la atención sobre como también en el caso de la Fiesta de los toros hoy asistimos a una creciente situación de crisis económica y, consiguientemente, de incremento del desempleo, que afecta en mayor medida a los sectores más débiles de las distintas profesiones taurinas. Por ello, no debiera permanecer al margen de las políticas activas que, con carácter general, se desarrollen en este campo. Y nada digamos de las numerosísimas pymes y de los emprendedores que operan en este sector, pero que no son tenidos en cuenta, cuando constituyen lo que bien se ha llamado "la Fiesta de base". A mayor abundamiento, añadamos a estas circunstancias el valor en términos económicos que la Fiesta representa para las economías locales, como muy bien han demostrado los detallados estudios del profesor Medina, de la Universidad de Extremadura.
Pues bien, incluso dejando al margen todo lo anterior –que no se debería hacer– y asumiendo el análisis general de la realidad española, a la hora de rediseñar la nueva estructura de la Administración del Estado, con todos los cambios organizativos que ello ha conllevado, se debieron tener en cuenta, y no se hizo [veáse el Real Decreto 257/2012, del pasado 28 de enero], algunos aspectos que resultan vertebrales para el presente y el futuro de la Fiesta de los toros, por más que resulten de escasa envergadura para el conjunto de la Administración Pública.
Nos encontramos hoy sumergidos en una macrocartera, que sin duda contiene elementos de sustancial importancia para la sociedad española, pero que a la fuerza obligan a que las cuestiones taurinas queden relegadas a un segundo plano. Pero si nos atenemos a lo dicho este jueves en sede parlamentaria por el ministro Wert, hay un margen para la esperanza: la Fiesta puede tener su sitio, el que le corresponde por su naturaleza y dimensión.
Por eso, pese a todas las adversidades que condicionan la vida nacional, que no son pocas, hoy es posible una política taurina, que no necesariamente presuponga partidas presupuestarias especiales, en la medida que el primer problema, el urgente, a resolver no es económico, sino que pertenece al orden de lo organizativo, para poder abordar los asuntos taurinos pendientes de resolución desde hace tiempo. Sólo hace falta lo que parece que no hasta ahora no había: voluntad política de hacerlo.
En este sentido, la principal aspiración que hoy tienen los responsables taurinos es alcanzar, dentro de la Administración del Estado, un estatus administrativo específico y propio. A la hora de su formulación, se han elaborado en los últimos años diversas propuestas bien razonadas, que van desde la petición de una Secretaría sobre la Fiesta a una institución a semejanza del actual Consejo Superior del Deporte [1]. Por la dimensión social y económica que hoy ha adquirido la Fiesta, estas opciones pueden ser incluso proporcionadas, por más que en las actuales circunstancias no parezca oportuno una ampliación del número de los entes públicos, con sus consiguientes asignaciones presupuestarias.
Sin embargo, existen formulas que permiten obviar esta dificultad objetiva, a la vez que se le insufla una buena dosis de personalidad propia a lo taurino, sin necesidad de incurrir en ninguna nueva partida presupuestaria, sino aprovechando con mayor eficacia los medios materiales y de personal de los que hoy se dispone dentro del área correspondiente de Cultura. Para ello, sólo hace falta lo ya dicho: la voluntad política de hacerlo.
En este sentido, conviene tener en cuenta que continúa vigente la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, creada por la Ley 10/1991, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos [2]. Sobre la base legal que da soporte a esta Comisión resulta posible constituir un órgano que pueda asumir ciertas facultades ejecutivas, que a la vez que sirve de plataforma de interlocución con los sectores taurinos, permita desarrollar una política activa en esta materia y hacerlo, además, con proyección pública.
Siendo un organismo de muy amplia y diversa composición [3], con un total de 52 miembros –una cifra que la hace poco operativa, incluso por meras razones de logística organizativa–, si se quiere impulsar su revitalización –como anunció el ministro– hay que tener en cuenta que nada se opone en la normativa en vigor para que se constituya dentro de ella una Comisión Ejecutiva, de carácter mucho más reducido, cuya razón de ser radicaría en desarrollar el trabajo diario de la política taurina. De hecho, ningín obstáculo legal impide que en la gestión de sus materia específicas tenga una cierta semejanza a la forma de operar de otros organismos autónomos existentes en la Administración.
A este respecto, manteniendo la presidencia con carácter nato de esta Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos en el Ministro o el alto cargo ministerial en el que delegue, como establece su ley constitutiva, cabría establecer una composición de su Comisión Ejecutiva como la siguiente:
►Nombramiento de un vicepresidente externo, con facultades delegadas, como responsable de la gestión. Junto al valor simbólico que un nombramiento de esta naturaleza tiene, puede constituir un instrumento eficaz para agilizar los trabajos, a la vez que se convierte en la cara pública y de interlocución de la Administración ante los sectores taurinos.
►Designación por consenso de cinco vocales: uno en representación de las Comunidades Autónomas, tres por los estamentos taurinos [empresarios, ganaderos y toreros] y uno por las organizaciones de aficionados. A ellos se deberían unir otros dos vocales de libre designación por la Secretaría de Estado.
►La Secretaría de la Comisiónn la debiera ejercer el técnico que se responsabiliza actualmente del vigente Gabinete Técnico Permanente de la referida Comisión.
Con una composición de esta naturaleza, que permite la conjunción público-privada, y garantiza la implicación de todos sin otro aliciente que el trabajo a favor de la Fiesta, ninguno de estos cargos debieran tener retribución económica, excepto en el citado del funcionario que hoy ya se encarga de tales asuntos. Junto a otras razones, esta condición de no remuneración viene aconsejada por criterios de prudencia: retribuir el trabajo de los vocales consensuados con las organizaciones profesionales, acabaría por abrir una brecha entre ellas y en su propio seno, situación nada aconsejable.
Bajo la supervisión de la Secretaria de Estado de Cultura, el actual marco legal permite que esta Comisión Ejecutiva desarrolle todos los cometidos que le sean delegados por la Administración. Como su naturaleza originaria es de carácter consultivo y asesor, en el supuesto de que se viera la necesidad de establecer modificaciones normativas, las mismas deberían ser elevadas a la Secretaria de Estado, para que se procediera a dotarlas del rango legal que en cada caso corresponda. Quiero ello decir que nada se sustrae al ámbito competencial de la Secretaria de Estado, que al final siempre tendría la última palabra.
La constitución de esta Comisión Ejecutiva puede ser de especial importancia para varios de los problemas actuales. En este sentido, puede colaborar activamente a resolver uno de los males endémicos que afectan a la Fiesta: la imposibilidad de alcanzar la unidad corporativa entre los estamentos taurinos, como se viene poniendo de manifiesto en los últimos meses, a la hora de ser interlocutores cualificados con la Administración. Pero, sobre todo, debiera permitir alcanzar en esta primera etapa tres objetivos fundamentales:
►Dar visibilidad pública a la implicación directa del nuevo Gobierno en la gestión de los asuntos relacionados de la Fiesta, en cumplimiento de su compromiso electoral. A nadie se le escapa que hasta ahora los sectores taurinos se sienten en un cierto desamparo por parte de los poderes públicos; dar un paso como el aquí se describe permite romper con esa trayectoria.
►Desarrollar el estudio en profundidad de los asuntos taurinos pendientes de resolución, para poder elevar a la Administración propuestas motivadas de actuación.
►Realizar el estudio necesario para la armonización de las diferentes legislaciones taurinas, de forma que, respetando las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas, se pueda realizar una adecuada aproximación a la unificación normativa, a la que aspiran todos los estamentos taurinos, como se puso de manifiesto, sin ir más lejos, en unas recientes sesiones de trabajo organizadas por la Asociación Taurina de Parlamentarios.
En otro orden de cuestiones, en el desarrollo del compromiso electoral adquirido por el Partido Popular –cuyo capítulo de Cultura fue obra del actual secretario de Estado del ramo, al que la insistencia de algunos compañeros de partido hizo que no tuviera más remedio que incorporar una referencia a la Fiesta– sobre las tareas de promoción de la Fiesta de los toros por sus valores culturales e históricos es una de las cuestiones que con mayor interés se esperan del nuevo Gobierno.
En este campo tan concreto, para empezar a andar cabe tener en cuenta dos campos específicos de trabajo:
►Reponer en TVE las retrasmisiones de espectáculos taurinos. Para los sectores taurinos resulta de especial importancia este punto, en la medida que permite incidir en las grandes corrientes de opinión y acercar el hecho taurino a grandes capas sociales, entre ellas los jóvenes. Por eso, la materialización de este compromiso, recordado recientemente por el Presidente del Senado, sería interpretado como una señal inequívoca de que el actual Gobierno está decidido a cumplir su propuesta electoral a favor de la Fiesta.
►Aunque inicialmente tenga que ser con una reducida dotación presupuestaria pública, incluir expresamente a la Fiesta de los toros en los programas de promoción de la Cultura y las Artes que desarrolle la Administración.
Si, además, soñamos despiertos, piénsese en los grandes beneficios que supondría poder utilizar hoy toda la infraestructura mundial del Instituto Cervantes para poner a salvo a la Fiesta de los duros y continuados ataques que sufre.
Ninguna de este conjunto de tareas exige, conviene insistir, partidas presupuestarias especiales, ni despilfarros de ningún orden. Tan sólo necesitan trabajo y, sobre todo, decisión de implicarse en este empeño. Es lo que a todos nos interesa que aporte el ministro, que ha traído un postura nueva y alentadora de futuras ilusiones.
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[1] A este respecto, resulta de especial interés la ponencia “En favor de un organismo público y participativo que vele por la Fiesta de los toros”, de la que es autor el jurista José Ignacio de Prada Bengoa, Secretario de la Unión de Abonados y Aficionados de España, que el lector puede consultar en la sección Documentos de este mismo portal.
[2] Su desarrollo normativo se realiza, en primer término, por el Real Decreto 145/1996, en el que se aprueba el Reglamento Taurino, que luego fue modificado –precisamente en lo que se refiere a la propia Comisión– por el Real Decreto 1910/1997, hoy vigente. Finalmente, a efectos prácticos, la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1998 aprueba su Reglamento de organización y funcionamiento, en sustitución de la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1993.
Conviene llamar la atención que Comisión Consultiva se crea mediante la Ley 10/1991. Pero no es éste el procedimiento habitual que se sigue en la Administración Pública, donde una mayoría de las Comisiones Consultivas se han creado por normas de menor rango. Fijándonos, a título de ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, comprobamos como la Comisión Consultiva Tripartita de Convenios Colectivos se crea por el Real Decreto 2976/1983 y la Comisión Consultiva de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social lo hace por el Real Decreto 48/2009.
Por su origen legal, la Comisión representa un mayor rango a efectos de interlocución con las restantes Administraciones autonómicas y locales y facilita la coordinación con las distintas áreas que dentro del Ejecutivo tienen competencias propias en el campo taurino, como es el caso del área de Hacienda, Agricultura y Ganadería, Interior e, incluso, Medio Ambiente.
[3] De acuerdo con la vigente Orden Ministerial de 1998, en el plenario de esta Comisión a las Administraciones Públicas le corresponden 27 vocalías, además de la Presidencia y la Secretaria General, en tanto a los diversos estamentos profesionales un máximo de 21 y 4 a los aficionados y abonados.
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